Susana Moreno, presidenta del Colegio, junto a la alcaldesa. / Nerea Llorente
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El Colegio de Arquitectos de Segovia ha presentado un recurso en el Ayuntamiento por la formación de una comisión –comité de seguimiento– del Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS), ya que considera que su actual configuración anula las ventajas que incorpora el plan especial y puede generar retrasos en la concesión de licencias, así como inseguridad jurídica. La entidad llega a mostrar su preocupación porque esta comisión se convierta “en un órgano de control político”.

La presidenta del Colegio, Susana Moreno, ha recordado que los arquitectos segovianos recibieron muy bien la aprobación del PEAHIS. “Era una buena noticia porque entendíamos que facilitaba los trámites de concesión de licencias y aclaraba definitivamente lo que se podía hacer en los edificios catalogados”, asegura. En este sentido, entre las ventajas de contar con este planeamiento, destaca que las intervenciones ya no se tienen que someter a la aprobación de la Comisión territorial de

Patrimonio Cultura, como ocurría hasta su aprobación, al regular “lo que se puede y no se puede hacer, no dejándolo al albur de criterios subjetivos”.

Añade que a partir de la entrada en vigor del plan la Ley establece que basta con el informe preceptivo favorable de los técnicos municipales y no es necesaria la tutela del organismo encargado de la protección del patrimonio cultural, lo que podría añadir un mes de retraso en la tramitación de licencias de obras.

Sin embargo, el citado comité de seguimiento anula esa ventaja, según el Colegio, ya que los informes de este nuevo órgano son vinculantes, cuando la entidad colegial entiende que solo deben serlo los acuerdos de los órganos de gobierno municipales; en este caso decretos de Alcaldía y Junta de Gobierno Local.

Desde el Colegio cuestionan la legalidad “de esta nueva situación, saltándose el procedimiento administrativo” porque resta seguridad jurídica, en su opinión, ya que considera que se somete la intervención en un edificio catalogado “al análisis subjetivo de los miembros de la comisión, no previsto en la Ley, y además realizado mayoritariamente por técnicos que carecen de la formación académica necesaria para analizar elementos esenciales o de valor… y evaluar el impacto sobre ellos”.

Justifica estas dudas, y la preocupación porque el comité de seguimiento se convierta en un organismo de control político en que este ha quedado formado “por jefes de servicio de confianza nombrados por libre designación, mayoritariamente de formación jurídica y otros técnicos designados directamente por los políticos”.

“Hemos intentado reconducir esta situación, tanto con el Ayuntamiento de Segovia como con la Delegación Territorial de la Junta, que también tiene representantes en la comisión, y no ha sido posible”, recalca Moreno, quien recuerda “los problemas que Urbanismo ha tenido en los juzgados, y tratamos de evitar que esto ocurra con la rehabilitación de nuestros edificios más valiosos”.

El comité de seguimiento comenzó a operar recientemente y, según la concejala de Urbanismo, Clara Martín, ya ha tramitado cerca de una veintena de MIT (Memorias de Idoneidad Técnica).