La provincia de Segovia no registra cifras de inseguridad ciudadana alarmantes, más bien lo contrario. Son pocos los sucesos locales que llegan a las portadas de periódicos o a los informativos de las televisiones. Si embargo, en el intervalo de una semana se han conocido hasta cinco sentencias judiciales sobre asuntos penales de cierto calado, ha quedado visto para sentencia otro juicio mediático y se ha conocido la detención de dos presuntas estafadoras relacionadas con una denuncia que tuvo su origen en un pueblo de Segovia.

Sin duda, la sentencia más llamativa es la que absuelve al dueño de un prostíbulo del municipio de Garcillán, el club Olimpo, de dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El fallo de la Audiencia Provincial de Segovia considera que los hechos de los que se le acusaban no están probados, a diferencia de lo que mantenía la Fiscalía, pidió en el juicio penas que sumaban hasta 33 años de cárcel para esta persona.
La Sala no considera probado que el acusado participase de la dinámica de captación y traslado de víctimas desde Colombia ni ejerciese el control del ejercicio de la prostitución de las víctimas, como sostenía el ministerio público.

Además de resultar absuelto de dos delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, lo ha sido de otros dos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, dos contra los derechos de los trabajadores y otro de pertenencia a grupo criminal.

La sentencia sí recuerda que este mismo hombre fue condenado por otra sentencia firme del mismo tribunal en noviembre de 2019 por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual con víctima menor de edad y por un delito de imposición de condiciones de trabajo ilegales.

También ha sido absuelto el encargado del prostíbulo, para quien el fiscal pedía 25 años de cárcel por los mismos delitos que el dueño salvo el relacionado con los derechos de los trabajadores, por entender la sala que también era ajeno a la prostitución y solo ejercía de encargado y camarero del establecimiento.

En la resolución, la Audiencia precisa que “la acusación se ha centrado en dos delitos que giran sobre el desplazamiento desde Colombia a España, en los tipos de trata de seres humanos y de inmigración ilegal” y “el actuar de estos acusados consta una vez las mujeres están en España, no antes”.

También indica como algo “importante” que no se ha formulado acusación por el delito del artículo 187 del Código Penal, que castiga a quien determine a una persona a ejercer la prostitución, o se lucre de la explotación de la prostitución de otra persona, por lo que “no cabe el análisis” de este posible delito.

Un tercer acusado, para el que se pedían 25 años de prisión por los mismos delitos que al encargado, ha sido condenado a tres años de cárcel como cómplice de un delito de trata de seres humanos, una multa de seis euros diarios durante cuatro meses como cómplice del delito contra los derechos de los extranjeros y al pago de 3.000 euros a una de las víctimas.

La sentencia estima probado que esta persona realizó en agosto de 2018 un envío de dinero de 400 euros a Colombia con la finalidad de sufragar las operaciones de envío de mujeres a España con fines de explotación sexual.

En el relato de los hechos, la Audiencia de Segovia considera probado que, al menos hasta septiembre de 2018, una cuarta acusada, de nacionalidad venezolana y declarada en rebeldía ya que no acudió a la vista oral celebrada hace casi un año, captaba mujeres vulnerables social y económicamente y las engañaba o se aprovechaba de ellas.

Facilitaba su viaje a España y, una vez que estaban aquí, las “destinaba” al ejercicio de la prostitución en este establecimiento de Garcillán y las exigía pagar una supuesta deuda que habían contraído por su traslado desde su país de origen.
En el juicio declaró una testigo protegida que relató que, cuando llegó a España, la acusada le informó que tenía una deuda de 3.500 euros y tenía que pagarle 600 euros a la semana de modo que, si se retrasaba, la deuda subía un treinta por ciento.

Otra testigo fue captada de la misma forma y fue obligada a pagar 500 euros a la semana cumpliendo con los horarios y precios que la acusada le fijaba, además de cuarenta euros diarios por el alojamiento.
Relató, asimismo, que en una ocasión, la acusada en rebeldía le explicó que podía vender su deuda a un club de Madrid por 8.000 euros y nunca podría pagarla, por lo que “lo que más le convenía era mantenerse callada porque la podría hacer desaparecer y que nadie la reclamaría”, según recoge la sentencia.

Aunque dos de cuatro de los acusados —la única mujer, en rebeldía— han sido absueltos, la Audiencia de Segovia considera probada la captación de mujeres vulnerables social y económicamente, engañadas con promesas de puestos de trabajo legales en España

Una de las testigos que intervino por videoconferencia confesó que había aceptado un trabajo en España que le ofrecieron como “dama de compañía”, mientras que la otra señaló que en su caso el trabajo era de peluquera.
También afirmaron que recibieron 800 euros en mano para mostrar en la aduana y afirmar que venían a España como turistas.

Declararon que parte del dinero que recibían por los servicios prestados lo usaban para saldar semanalmente la deuda contraída con la primera mujer por el viaje en avión, que ascendía a 3.500 euros; y que se incrementaba si se producían retrasos en los pagos.
Ambas mujeres fueron interrogadas de manera que su identidad quedara oculta detrás de una pantalla para preservar su intimidad.

Por el contrario, en sus declaraciones en la vista oral, los tres hombres acusados defendieron su inocencia: el dueño del local aseguró que el establecimiento funcionaba como un hostal en el que las mujeres ejercían una actividad libremente y que él se limitaba a cobrarles 40 euros al día por el alojamiento.
El encargado del club dijo ejercer de recepcionista y camarero y el tercer acusado, y único condenado por la Audiencia de Segovia, explicó que había sido cliente del club.
Los abogados defensores negaron la existencia de ningún tipo de trama en Segovia, y sostuvieron que las mujeres actuaban libremente.

Acuerdos

Otra sentencia conocida en los últimos días y relacionada con un delito de ámbito sexual, aunque en circunstancias muy distintas, ha sido la que condena a dos años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una niña de once años, aunque, aconsejado por su representante legal, alcanzó un acuerdo, con la conformidad del fiscal, que ha supuesto la suspensión de la pena de cárcel mientras no vuelva a cometer un delito y pague 1.000 euros de indemnización.

Esta suspensión se produce en virtud del Artículo 80 del Código Penal, siempre que se cumplan las condiciones necesarias, como que el condenado haya delinquido por primera vez (sin tener en cuenta condenas anteriores por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o los correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carecen de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros).

Además, otros requisitos son que la pena, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años y que hay cumplido con las responsabilidades civiles, en este caso, el pago de 1.000 euros a la víctima, en concepto de indemnización.

Hay que indicar, sin embargo, que este último requisito se entiende como cumplido cuando el condenado asume el compromiso de satisfacer esas responsabilidades civiles de acuerdo con su capacidad económica en un plazo prudencial que el tribunal determina.
Por eso, el juez o tribunal puede solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.

En este caso, la defensa del acusado ofreció que este pagase la responsabilidad civil, fijada en 1.000 euros por los daños morales ocasionados, en diez meses a razón de 100 euros mensuales, y el ministerio fiscal se mostró de acuerdo con la petición.
Otra sentencia reciente con acuerdo entre las partes, también de la Audiencia Provincial de Segovia, ha condenado a un hombre a la pena de tres años de cárcel por un delito contra la salud pública; es decir, relacionado en el tráfico de drogas. La pena ha quedado en suspenso con el compromiso del condenado, de nacionalidad colombiana, de no cometer ningún delito durante el periodo de suspensión, y también el de someterse a un tratamiento de deshabituación en el CAID de Móstoles, algo que ya ha iniciado, hasta que reciba el alta terapéutica.

El Juzgado de Santa María la Real de Nieva instruye una presunta estafa cometida por ciberdelincuentes a través del teléfono móvil, que se hacían pasar por familiares en apuros en el extranjero para obtener dinero

Esta persona fue interceptada el pasado mes de febrero en un control de la Guardia Civil que tuvo lugar en el kilómetro 70 de la autopista AP-6. El condenado iba en el asiento del copiloto de un vehículo, y al ver el control de la Guardia Civil, tiró por la ventanilla una bolsita que contenía 49,82 gramos de cocaína, con una riqueza del 13,10 por ciento, sustancia que iba a entregar o repartir entre varias personas en una fiesta, según indica la sentencia.

La Guardia Civil, aunque en la localidad barcelonesa San Andreu de la Barca, ha detenido también este mes, según informó el pasado día 6, a dos mujeres acusadas de estafar más de 25.000 euros en menos de diez días, al hacerse pasar por un familiar de las víctimas del delito, con el argumento de que estaba en el extranjero y en apuros, por lo que consiguieron que les transfirieran hasta 890 euros en alguno de los casos.
La Subdelegación del Gobierno en Segovia informó de que las detenidas, de 20 y 40 años, están investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal gracias a una primera denuncia que tiene su origen en el municipio segoviano de Martín Muñoz de las Posadas.

Fue en esta localidad donde el pasado agosto, un perjudicado manifestó haber sido engañado al recibir mensajes de un supuesto familiar que estaba en el extranjero y que había tenido problemas con las maletas, por lo que le pedía que ingresase mediante transferencia bancaria la cantidad de 890 euros, a lo que accedió.

Tras la investigación, la Guardia Civil averiguó la relación entre diferentes cuentas bancarias controladas por el grupo criminal, a donde habían ido a parar cerca de 25 transacciones fraudulentas de víctimas de diferentes provincias, por un importe total de más de 25.000 euros en menos de diez días.

Las diligencias policiales, llevadas a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia y el Equipo @ de la 1ª Compañía de Segovia, han pasado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María la Real de Nieva.

El modus operandi de este tipo deciberdelincuentes consiste en contactar con las víctimas a través de un mensaje de texto en el que suplantan la identidad de un conocido o familiar y le comunican que están viajando a España desde el extranjero y que sus maletas se han quedado en un aeropuerto, o bien que han perdido el vuelo y el equipaje está camino de España.

Después, aseguran a las víctimas que para poder recuperar sus maletas necesitan realizar un pago de una cierta cantidad de dinero a una cuenta bancaria donde figure como concepto “costes de aduana”.
En algunas ocasiones, los estafadores realizan una llamada telefónica en la que se hacen pasar por agentes o funcionarios de aduanas y, cuando se ha realizado el pago, desaparecen sin dejar rastro.

Cirugía Dental

Por otro lado, el pasado día 6 se hacía pública una sentencia del El Juzgado de Instrucción número 1 de Segovia que condena a la aseguradora de una clínica dental de Segovia a pagar 45.893 euros a una de sus pacientes por los daños ocasionados por una cirugía mal ejecutada, por la que sufrió un cuadro depresivo importante, que la incapacitó laboralmente.

En este caso la fuente ha sido la asociación El Defensor del Paciente donde han informado de que la paciente, de 56 años, inició en agosto de 2018 un tratamiento odontológico en la clínica por el que, a finales de año, le extrajeron todas las piezas dentales superiores e inferiores y, posteriormente, le hicieron cuatro implantes superiores y dos inferiores con sobredentaduras removibles.

Como “consentimiento informado”, se hizo entrega a la paciente de una hoja que no firmó y donde no figuraba ni fecha ni los procedimientos odontológicos a realizar con los posibles riesgos y complicaciones. Tampoco se realizó un TAC a la afectada para un correcto estudio previo a la colocación de implantes. La citada sentencia recoge que “unas pruebas diagnósticas adecuadas hubieren desaconsejado el tratamiento, o al menos hubieran advertido el riesgo creado” .

Según la parte demandante, ninguno de los implantes cumplió con las condiciones adecuadas para soportar una prótesis a largo plazo y los seis tuvieron que ser retirados, dos para evitar una sinusitis a largo plazo y cuatro porque su vida en boca iba a ser muy corta. La paciente comenzó a tener problemas con las dos sobredentaduras, con molestias al gesticular y porque se le movían, lo que daba lugar a que se le metiera mucha comida y le produjo una ligera pérdida de hueso, dolor y aftas.