Una de las principales áreas históricas es el recinto amurallado, donde el nivel de protección es elevado. / Rocío Pardos
Publicidad

El Ayuntamiento publicará mañana lunes íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS), por lo que este importante documento de planeamiento urbanístico, que afecta a un 43% del suelo urbano de la ciudad, entrará en vigor el martes.

El plan, que se ha distribuido en cuatro documentos digitales con formato pdf, figuraba ya descargable desde el pasado sábado, día 11, en la página web de la Diputación Provincial, en el espacio reservado a los números del BOP, pero con fecha de 13 de enero.

Se trata de un total de 2.056 páginas en las que, además del acuerdo del pleno del Ayuntamiento del pasado 6 de septiembre, se incorpora toda la normativa, la memoria vinculante, memoria informativa e informe de sostenibilidad ambiental, estudio económico financiero e informe de sostenibilidad económica, Catálogo Arquitectónico, documento de arqueología y planos.

El decreto de la alcaldesa que recoge los términos del acuerdo plenario tiene fecha de 11 de noviembre de 2019 y establece que contra el mismo, que agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de los dos meses contados desde hoy.

La publicación del PEAHIS en el BOP ha sido objeto de controversia entre el Ayuntamiento y la Diputación. Tras su publicación el 28 de noviembre pasado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), sin coste alguno para el consistorio segoviano, se puso en evidencia lo que ambas instituciones calificaron como una “discrepancia técnica”. La alcaldesa Clara Luquero explicó en diciembre que el criterio inicial que seguía en ese momento la institución provincial, sobre quien recae la edición del Boletín Oficial de la Provincia, supondría el pago de 75.000 euros en concepto de tasa.

En ambas instituciones señalaron en ese momento que serían los servicios jurídicos del Ayuntamiento capitalino y la Intervención general de la Diputación quienes iban a intentar alcanzar un punto de acuerdo, en base a criterios técnicos, para evitar tan cuantioso desembolso de las arcas municipales. “Es una cuestión burocrática”, decían en el Palacio Provincial, donde se mostraban partidarios a que, si el Ayuntamiento, tiene que pagar, lo haga “por lo mínimo posible” pero cumpliendo la ordenanza que regula la tasa por la prestación del servicio. Esta última recoge como exenta del pago de la tasa la publicación de disposiciones y resoluciones de inserción obligatoria.

La alcaldesa insistía en que “nuestros técnicos entienden que hay que publicar el documento íntegramente –así se hizo en el BOCYL–, y así se ha hecho en Ávila (con planeamiento similar), porque nosotros queremos que se haga con la mayor garantía y seguridad jurídica, ya que se trata de un documento normativo y no hay otra opción, hay que publicarlo”.

Esa posición no ha variado, como explicó Luquero el jueves pasado, mientras el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, reconocía ese mismo día las diferencias que mantienen ambas instituciones. “Se entiende que lo que hay que publicar solamente es la ordenanza, porque las fichas descriptivas no tienen valor normativo, mientras que los técnicos del Ayuntamiento creen que la publicación debe ser completa”.

La Diputación procederá ahora a requerir la liquidación al Ayuntamiento y si no está de acuerdo puede presentar una reclamación, cuestión esta última que la alcaldesa da por hecho.

Algunos datos sobre el plan

  • Viviendas. Este planeamiento urbanístico afecta al 43% del suelo urbano consolidado de la ciudad y posibilita la construcción de 1.546 nuevas viviendas en su ámbito de actuación, de las que un alto porcentaje serán de protección pública.
  • Viabilidad. La concejala de Urbanismo, Clara Martín, afirma que la viabilidad económica del plan para el Ayuntamiento “está totalmente garantizada” y explica que las cinco expropiaciones que se prevén supondrán un coste de 1.245.000 euros al municipio, “inversiones que se van a compensar con los ingresos previstos con los incrementos de edificabilidad y aprovechamiento, ya que de todos ellos el 10% revierte en el Ayuntamiento a través de suelo, viviendas o directamente de forma monetaria”.
  • Conservación. El PEAHIS protege el patrimonio cultural, natural, arqueológico y etnológico de la ciudad, con especial atención al Acueducto en todo su recorrido desde la captación de agua en las faldas de la Sierra de Guadarrama al Alcázar. Esto incluye la recuperación del carácter original del trazado urbano del recinto amurallado y la recuperación de edificios fuera de uso en la actualidad como el Teatro Cervantes, el palacio de la Reina Doña Juana, el palacio de Mansilla, la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social (INSS), el antiguo colegio de las Jesuitinas o el Policlínico.
  • Economía. El Ayuntamiento fomenta con el plan la actividad comercial, y en general el sector servicios, en las calles de Infanta Isabel (calle de los bares), Calle Real y San Francisco.