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Azucena Suárez conversa con el portavoz del PP en el pleno. / Kamarero

Evitar el “y se quedó en nada”, la desafección de la ciudadanía ante la respuesta del gobierno municipal a sus quejas, reclamaciones o sugerencias, en este caso a través de la Defensoría de la Ciudadanía, cuyas memorias sirven para radiografiar el estado de la ciudad. Esa ha sido una de las premisas principales que la concejala del Partido Popular Azucena Suárez ha defendido en el pleno municipal para solicitar que el equipo de gobierno establezca un plazo máximo de tres meses de respuesta y tramitación de los expedientes abiertos y remitidos a las distintas concejalías por esta figura independiente que actúa como intermediaria entre la administración local y los vecinos de Segovia.

El pleno, por unanimidad, aprobó ayer la propuesta de los populares aunque con la coletilla de que “siempre que las características de los expedientes así lo permitan”, ya que el concejal de Participación Ciudadana, Andrés Torquemada, sostiene que a veces pueden demorarse más tiempo por razones no achacables al funcionamiento de las diferentes áreas municipales ni a sus funcionarios. Suárez admitió incluir esa condición pero siempre y cuando se dé cuenta en la correspondiente comisión informativa de los motivos que ocasionan un retraso mayor a tres meses.

Torquemada, por otro lado, informó de que la nueva web del Ayuntamiento incluirá un apartado específico de la Consultoría de la Ciudadanía, que actualmente desempeña Paloma Serrano, con la información que ella misma ha querido incorporar.

Desde el PP, pero también desde el resto de la oposición, han querido poner sobre la mesa que los problemas y quejas que recoge año tras año la memoria de la Defensoría de la Ciudadanía son prácticamente los mismos: ruidos, limpieza, obras, etc. y piden al gobierno municipal que muestre más interés en solucionarlos.

El edil de Participación Ciudadana responde que son problemas comunes a otras ciudades que se repiten pero no siempre son los mismos los reclamantes y dice que las quejas se derivan a los departamentos, que actúan. Podemos va más allá de esas quejas individuales y pide una respuesta de ámbito colectivo a través, por ejemplo, de un plan de acción.