Juicio Intento Asesinato Jueza Santa Maria 3
El acusado, en el momento de ser conducido a la Audiencia por la Policía.

El hombre que agredió a la jueza del Santa María la Real de Nieva, A.R.S., aceptó hoy martes una pena de siete años y medio de cárcel, y el pago de 94.170 euros, por los hechos cometidos en diciembre de 2020 que casi le cuestan la vida a la magistrada.

El juicio quedó visto para sentencia tras el acuerdo alcanzado entre las partes, sin que hubiera que celebrar vista oral. El acusado aceptó una pena de siete años y medio de cárcel por los delitos de asesinato en grado de tentativa que conlleva en concurrencia un delito de atentado contra la autoridad por tratarse de una magistrada, según dijo el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando.

Fue el presidente de la Audiencia quien relató los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2020 en la puerta del Juzgado de Santa María la Real de Nieva, donde el acusado la abordó y clavó un destornillador en el costado izquierdo, en un ojo y en el pecho, antes de conseguir ella refugiarse en el Juzgado. A consecuencia de las heridas tuvo que ingresar en la UCI del Hospital.

El reo reconoció los hechos y dijo estar de acuerdo con los términos alcanzados por su defensa, la acusación particular y la Fiscalía.

Además de la pena de cárcel de siete años y seis meses, de los que ya ha cumplido casi dos, pues lleva en prisión provisional desde el día siguiente de lo ocurrido, aceptó una orden de alejamiento durante ocho años y medio de la víctima de un kilómetro, sin poder comunicarse con ella por ningún medio, así como cinco años y medio de libertad vigilada.

El acuerdo también contempla el pago de 94.170 euros en total: 24.170 euros por la agresión; 30.000 euros por las secuelas y 40.000 por el daño moral sufrido.

El abogado de la jueza, Aquilino Conde explicó que la magistrada “ha querido que este asunto se solucionara así”, porque aunque “tenía en principio sus dudas, finalmente dijo que se tendría que llegar a un acuerdo porque no estaba por la labor de ser rencorosa y quería rehacer su vida”. Reconoció que al acusado se le podría haber aplicado una serie de atenuantes por el trastorno bipolar reconocido, en grado dos, que le fue diagnosticado por el Sacyl antes de la agresión. Igualmente “se le ha aplicado el atenuante de reparación del daño” porque hizo la consignación de su responsabilidad civil antes del juicio. Recordó que el acuerdo supone una rebaja de la petición inicial de 15 años de cárcel por parte de la magistrada, y de 12 por parte de la Fiscalía. Y que se reserva actuaciones contra el Ministerio de Justicia.