El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Carlos Suárez-Quiñones y Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación Provincial, ha firmado hoy el protocolo del Programa de Actuaciones de Abastecimiento en el territorio segoviano, en el que dejaron claro el compromiso de elaborar un plan de acción que incluya la construcción de infraestructuras necesarias así como el estudio de la forma más adecuada para el mantenimiento, explotación y gobernanza de las mismas.
El protocolo tiene como fin planificar el abastecimiento de agua para evitar que una provincia “turística, con mucho potencial de visitantes, tenga problemas de abastecimiento en cantidad o calidad en cualquier momento del año, pero especialmente en verano, donde los pueblos multiplican por dos y hasta por tres su población”, así lo expuso Suárez-Quiñones.
El consejero señaló que la Junta cuenta con una relación inicial de necesidades susceptibles de ser incluidas en la programación, que se llevarán al grupo de trabajo conformado por dos técnicos de la Junta y dos de la Diputación. Este grupo será el que determinará los objetivos a abordar y supervisará la realización de un estudio de alternativas que, contrastadas con la información más actual disponible así como con el criterio del municipio correspondiente, permitan alcanzar la solución más adecuada en cada caso concreto. Además el grupo de trabajo coordinará las actuaciones e impulsará la propuesta del Programa para su aprobación por los órganos competentes lo que derivará una programación de “forma coordinada y conjunta” para determinar qué actuaciones de abastecimiento se llevarán a cabo, más allá de las ya aprobadas en protocolos anteriores, para municipios de menos de 500 habitantes equivalentes y de 500 a 2.000, y que cuentan con inversiones de casi 40 millones de euros, ya en marcha, para el ciclo del agua.
El presupuesto para este protocolo no está cerrado porque como aseveró el consejero será “el que sea necesario, siempre dentro de las capacidades de la Administración” añadiendo que “está sin cuantificar aún porque depende de la cifra de obras y su coste”. Lo que sí se sabe es que la financiación de las infraestructuras tendrá las siguientes proporciones: 40 % a fondo perdido de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y el 60% restante entre Diputación de Segovia y los Ayuntamientos beneficiados con la distribución que determinen entre ambas partes.
En este sentido, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, apeló al “compromiso” de los ayuntamientos para solucionar estos problemas “estructurales”, porque “no puede ser que la Junta y la Diputación pongan fondos y luego, solucionado el problema, pidan hacer una instalación deportiva”. “Aunque sea por respeto a los demás municipios, que han invertido en redes y en infraestructura en servicios básicos, y ahora se les penaliza por primar las obras de otros que han priorizado más ocio o lucro”, alertó.
La prioridad es construir abastecimientos mancomunados o colectivos que garanticen las necesidades de agua potable de los municipios con problemas constatados de la forma más eficiente; también se prevé la construcción o ampliación de depósitos para aumentar la capacidad de regulación y, finalmente, para el caso de no proceder un abastecimiento mancomunado o colectivo, soluciones individuales sostenibles.
Para los nuevos abastecimientos colectivos se diseñará un sistema adecuado de gestión en el que se integrarán todas las partes firmantes y los municipios implicados. El desarrollo del Programa de Actuaciones se efectuará mediante acuerdos con la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, SOMACYL, que aseguren la correcta ejecución, mantenimiento y explotación de las instalaciones.
MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
Durante su intervención el consejero declaró que el protocolo firmado se une al de modernización y digitalización de redes interiores de abastecimiento rubricado el pasado 6 de mayo, que pretende sustituir conducciones de fibrocemento, eliminar las pérdidas de red y con la digitalización obtener un uso responsable y eficiente del agua. Se trabaja en grupos técnicos para discernir la relación de objetivos de actuación. Se ha asignado a estas actuaciones una cantidad inicial de 100 millones de euros. Por su parte la Junta, con fondos europeos, ha ejecutado recientemente, con 1,18 millones de inversión, obras de abastecimiento en Cantalejo, Prádena y Sacramenia y está en ejecución el depósito de Ayllón.
ACTUACIONES DE DEPURACIÓN
Dentro del Ciclo del Agua, además de estas previsiones de abastecimiento, están los compromisos firmados en materia de depuración de aguas residuales, dentro del programa “Zero” aguas residuales sin depurar en Castilla y León. Por ello el 9 de octubre de 2020 se firmó con las diputaciones, también con la de Segovia, un protocolo para la depuración de aguas de los municipios de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, y el 28 de marzo de 2023 para la depuración de aguas de los municipios de menos de 500 habitantes equivalentes.
En el primero se ha elaborado el Programa de Actuación para un total de 340 depuradoras, con una dotación financiera de 140 millones de euros a compartir entre la Junta de Castilla y León, diputaciones provinciales y ayuntamientos. El Programa se encuentra en fase de desarrollo técnico y a esta fecha cuenta con 124 obras en ejecución, 6 proyectos aprobados y con acuerdos suscritos, 47 proyectos redactados pendientes de aprobación municipal y 48 proyectos en redacción.
En la provincia de Segovia se ha previsto la ejecución de 40 depuradoras por importe de 24 millones de euros, de las que 16 instalaciones están en distintas fases de ejecución, por un importe de nueve millones; dos proyectos están aprobados pendiente de licitar; otros 12, pendientes de aprobación municipal, ocho en redacción; y dos más en análisis.
Por su parte, en cuanto al segundo de los protocolos, el programa de depuración de aguas en municipios de 0 a 500 habitantes equivalentes, se encuentra en la fase inicial de definición con 11 proyectos redactados, 2 ya aprobados, 5 en redacción y alrededor de 80 proyectos en distinto estado de estudio y redacción adheridos al protocolo. La inversión prevista en Segovia es de unos 12 millones de euros para un número inicial de 100 instalaciones.
El total de inversión en marcha en la provincia de Segovia en materia de Ciclo del Agua asciende a casi 40 millones de euros, a la que se unirán las actuaciones que se determinen en la programación que surja del protocolo hoy firmado.
NUEVOS EDAR EN LA PROVINCIA
La Junta adjudicó la construcciones de depuradoras de aguas residuales el pasado mes de mayo en los municipios de Labajos, Lastras de Cuéllar, Sacramenia, Torrecilla del Pinar y Olombrada. Estas nuevas infraestructuras están dentro del programa de depuración para núcleos de 500 a 2.000 habitantes que la consejería liderada por Suárez-Quiñones desarrolla en colaboración con las diferentes diputaciones provinciales y ayuntamientos. Es la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la que se encarga de la ejecución de las actuaciones y del mantenimiento de las mismas durante 25 años.
Están incluidas en el Protocolo General de Actuación suscrito entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales, en octubre de 2020, para promover el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los núcleos con población de 500 a 2.000 habitantes con emisiones cero.
La construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en cada uno de estos núcleos es necesaria para cumplir con el protocolo de alcanzar los parámetros exigidos por la normativa actual en el vertido de aguas, ya que en la actualidad ninguno de ellos dispone de sistemas adecuados de tratamiento de sus aguas residuales.
La tecnología elegida en el proyecto diseñado para la EDAR de cada localidad se ha basado en distintos factores, como el tamaño de la población, la presencia de industrias o la orografía, con lo que las plantas de tratamiento serán instalaciones optimizadas para cada uno de los núcleos.
Todas las actuaciones además contemplan la ejecución de los colectores de conexión a las redes existentes y emisarios de vertido del agua tratada al cauce receptor. Las plantas incluyen suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos, para minimizar los costes eléctricos, si bien, deben de tener acometida eléctrica, al objeto de asegurar la continuidad del tratamiento en todo momento. Las tecnologías empleadas en los proyectos se caracterizan por un bajo impacto visual y reducido coste energético de explotación; los procesos internos estarán totalmente automatizados, lo que permite su control en remoto.
