Manifestación de agricultores en la provincia de Segovia.
Manifestación de agricultores en la provincia de Segovia.

Tras una ajustada votación con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones, la aprobación provisional por el Parlamento Europeo la Ley de Restauración de la , vuelve a poner de manifiesto las grandes diferencias entre los dos principales bloques. Mientras los partidos de izquierdas celebraban la entrada en vigor de uno de los temas más controvertidos de la legislatura, los grupos de derechas se mostraban decepcionados con un Partido Popular Europeo que salió fraccionado de estas votaciones, debido a que 25 diputados irlandeses se descolgaron del resto de eurodiputados del PPE y votaron a favor de la normativa.

Parece que de poco han servido las manifestaciones que se han dado en el último mes en todas las grandes ciudades europeas desde las puertas del Parlamento Europeo en Bruselas, hasta la puerta de Brandeburgo en Berlín, pasando por la Gran vía madrileña o la parisina Torre Eiffel, el grito desesperado del campo parece que no ha sido oído en las altas esferas europeas.

Tras la votación, el ponente de la normativa, el eurodiputado socialista español, César Luena , declaró: “Hoy es un día importante para Europa: de la protección y conservación de la naturaleza pasamos a la restauración. La nueva ley nos ayudará a cumplir muchos de nuestros compromisos internacionales en materia medioambiental. El reglamento servirá para recuperar los ecosistemas degradados al tiempo que respetará al sector primario al dar flexibilidad a los Estados miembros. Debemos dar las gracias a la comunidad científica por luchar contra el negacionismo climático y aportar las evidencias, y a la juventud por recordarnos que no hay planeta B ni plan B”.

Sin embargo, este fervor de los grupos de izquierdas no representa la realidad tal cual, ya que la Ley aunque sigue sin cumplir con las exigencias del campo ha quedado muy suavizada con lo que pretendían estos partidos y los grupos medioambientalistas, en un principio. Los eurodiputados españoles del PP y Vox, encabezados por Dolors Monserrat y Jorge Buxadé se mostraron rotundamente en contra de esta ley, posicionándose con el campo español y europeo. La líder popular alegó que “mientras el mundo rural ha salido a la calle por la crisis a la que se están enfrentando, gracias al apoyo de los socialistas españoles, el Parlamento aprueba nuevas formas de burocracia y obligaciones para los agricultores y pescadores. Y lo peor es que ahora gobiernos sectarios como el de Sánchez usarán esta ley para asfixiar aún más al sector primario”. Insistiendo en que “una vez más, el PSOE da la espalda a los intereses de los españoles, de sus agricultores y sus pescadores, que están pidiendo ser escuchados para no poner en riesgo la autonomía y la seguridad alimentaria de la UE”.

Por su parte, Buxadé recalcó que “la Restauración de la Naturaleza da la puntilla a la agricultura, ganadería y pesca, ejecutada por el consenso fanático europeo. Un día muy triste. Más urgente el voto a Vox para revertirlo todo el 10 de junio”.

Ante estos posicionamientos, Luena acusó al PPE de abrazar los posicionamientos de la extrema derecha así como el “negacionismo extremista” al votar en contra esta normativa. “Me ha sorprendido la deslealtad de una parte del PPE (…). Ha habido gente del Partido Popular que de nuevo se ha echado en brazos del discurso de la extrema derecha y ha votado en contra. El Partido Popular español está entre ellos y se pone ya la marca del negacionismo extremista. Es un poco triste”, dijo Luena en rueda de prensa.

La normativa tiene que pasar ahora por el Consejo Europeo como paso final a un proyecto que ha traído un gran dolor de cabeza a la Comisión Europea, ya que era uno de los puntos clave del Pacto Verde impulsado por la institución liderada por Ursula von der Leyen, del PPE.

Abandono
Entre medios de comunicación, politólogos y diversos entendidos en la materia, está muy extendido el mantra de que la Unión Europea se forja en las crisis, por el momento parece que de esta no están sacando la lección aprendida. A las puertas del Parlamento Europeo, entre el ruido de los claxon y los motores, un extenso grupo de agricultores, suman jornada tras jornada reclamando no estar de acuerdo con “esta UE”. Por ello tendrán que “volver” a la sede de la soberanía europea “tantas veces como sea necesario” hasta que por fin se les escuche.

Este malestar también se refleja en las organizaciones agrarias que defienden al sector. Desde Asaja Segovia mantienen que esta normativa está “poniendo en peligro el sustento de agricultores y ganaderos, ignorando la situación actual del sector agrario, pese a todas las protestas que se están llevando a cabo en España y Europa”. También, señalan a quien ha sido el ponente de esta ley, el diputado socialista español, César Luena.

Al mismo tiempo, la asociación recalca que “después de las numerosas protestas de los agricultores en Bruselas, Madrid y toda Europa, y el resultado de esta votación sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza, el diagnóstico de los problemas del sector está muy claro: los legisladores de la UE han abandonado los objetivos de la PAC y a nuestros agricultores y ganaderos y están dispuestos a cometer el suicidio de la no defensa de la soberanía alimentaria y de la asequibilidad de los precios”.

Además, señalan que la aprobación de esta ley puede marcar un precedente muy peligroso, ya que se ha aprobado sin contar con un presupuesto para ello, siendo conscientes los eurodiputados que han votado a favor de ello, por lo que su peso económico podría acabar en los propios presupuestos de la PAC.

Otro de los problemas que desde Asaja Segovia ven a este reglamento es la inclusión de las zonas de Red Natura 2000 para su aplicación, debido a que en España “afectará a casi el 40 % de la superficie total, donde la agricultura y la ganadería pueden pasar a ser actividades no rentables económicamente, lo que supondría automáticamente la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad: es decir, el pilar económico”.

Por todo ello, desde la rama segoviana de la Asociación continuarán insistiendo a las distintas administraciones públicas buscando la derogación o modificación de esta ley atendiendo a las demandas del sector primario. Así mismo, mantienen que “permaneceremos vigilantes a la adaptación que pretende implantar nuestro gobierno para llevar a cabo esta normativa en nuestro país”. Esto se debe a que la norma europea se deberá adaptar a la legislación española, y será el ejecutivo de Pedro Sánchez el que tenga la última palabra en todo este asunto.

La normativa europea
Este reglamento acordado con los Estados, fija el objetivo de restaurar en todo el territorio comunitario al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas para 2030 y de todos los ecosistemas que necesiten restauración de cara a 2050. Para lograrlo los países deberán restaurar los habitas cubiertos por esta nueva normativa que se encuentren en mal estado dentro del plazo propuesto. Este se irá ampliando hasta alcanzar el 90% en 2050.

Las zonas prioritarias de esta ley serán las englobadas en la red Natura 2000. España cuenta dentro de esta con 1.468 lugares de importancia comunitaria y 662 zonas de especial protección para las aves, lo que suma un total de 222.000 km2, entre superficie terrestre y marina. En Castilla y León, hay un total de 120 espacios protegidos como las Hoces del Río Duratón, el Alto Sil, el Valle del Tiétar, el Ojo Guareña, las Arribes del Duero o la Sierra de Ayllón. Para ello, los Gobiernos nacionales tendrán que adoptar – mediante un proceso transparente – planes de acuerdo con la posición establecida por el Parlamento.

En cuanto a la parte más polémica de la normativa, la agricultura, ésta afectará a ciertas zonas utilizadas por el sector y para ello se tendrán en cuenta tres indicadores: el índice de mariposas de los prados, la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas de alta diversidad y la reserva de carbono orgánico en el suelo mineral de las tierras de cultivo. Dentro de ello, la medida estrella es la restauración de las turberas – un tipo de humedal- drenadas, debido a que es una de las medidas más rentables para reducir las emisiones del sector agrícola y mejorar la biodiversidad.

Por ello, los países de la UE deben poner en marcha medidas de restauración de los suelos orgánicos de uso agrícola que constituyen este tipo de zonas en al menos el 30% de aquí a 2030, al menos una cuarta parte deberá estar rehumedecida, el 40% de aquí a 2040 en cerca de un tercio y el 50% de aquí a 2050. Aunque, se establece que la rehumedecida seguirá siendo voluntaria para los agricultores y propietarios privados.

Una de las medidas polémicas del reglamento, es que en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de este, la Comisión tendrá que evaluar cualquier desfase entre las necesidades financieras de restauración y la financiación disponible de la UE, y buscar soluciones para colmarlo si lo encuentra. Los negociadores también acordaron un freno de emergencia, a petición del Parlamento, de modo que los objetivos para los ecosistemas agrícolas puedan suspenderse en circunstancias excepcionales si crean graves consecuencias a escala de la UE sobre la disponibilidad de las tierras necesarias para garantizar una producción agrícola suficiente para el consumo alimentario de la UE. Un punto que también ha creado controversia por la simplificación del problema.

Más allá de la agricultura, la medida prevé que los estados pongan en marcha políticas para lograr una tendencia positiva en los ecosistemas forestales. También, se incluye la plantación de unos 3.000 árboles y restaurar en torno a 25.000 kilómetros de ríos para convertirlos en de curso libre. A su vez, los Estados deberán garantizar que no se reduzca la superficie nacional total de espacios verdes urbanos ni de la cubierta de copas de los árboles en las zonas de los ecosistemas urbanos en comparación con 2021, y partir de 2030, los estados miembros deberán aumentar estas cifras.

Todo ello sin contar con la larga lista de problemas a los que se enfrenta el sector, competencia desleal con terceros, exceso de burocracia, y sin contar con una financiación planificada para las medidas aprobadas, lo que ha hecho que el sector se posicionara desde el minuto uno en contra de la normativa.