De Santiago-Juárez pide “un amplio consenso” para aprobar la Ley de Ordenación

El consejero de Presidencia dice que la nueva ley pretende garantizar los servicios esenciales

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El consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez ha reclamado hoy un “amplio consenso político” a la hora de aprobar la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, a la que consideró “un proyecto de comunidad” que “debe perpetuar en el tiempo” y quedar “al margen de los vaivenes políticos”. A su juicio, sería “una frivolidad” que el Gobierno del PP, utilizara la mayoría absoluta que dispone en las Cortes Regionales para aprobar la Ley. “Cada uno tenemos que poner lo mejor de nuestra parte para conseguir ese acuerdo político”, insistió.

Después de mantener en la Delegación Territorial de Segovia una reunión a la que acudieron los delegados de Valladolid y de Soria, además del de la provincia anfitriona, De Santiago-Juárez explicó que el principal objetivo de la Ley será el de “garantizar la prestación de servicios esenciales, especialmente en el ámbito rural”. El portavoz de la Junta sostuvo que la Administración Regional ha realizado “un gran esfuerzo” para que los servicios que ofrece sean de calidad y que no tiene intención de bajar el listón. Para De Santiago- Juárez, el segundo objetivo es el de “hacer la vida más cómoda a los ciudadanos” y el tercero, “apoyar el municipalismo”. A este respecto, insistió en que “municipalismo no es solo defender el sacar a la patrona el día de la fiesta o mantener limpio el cementerio el día de Todos los Santos, sino encomendar a los municipios aquellos servicios que pueden hacer bien”.

Aunque evitó apuntar una fecha para la aprobación de la Ley, sí que aseguró que el mapa que surja “será sometido a consulta y participación”. En ese sentido, la elaboración de los mapas que determinen las Unidades Básicas de Ordenación corresponderá a las delegaciones territoriales, que tendrán en cuenta un informe de las diputaciones provinciales. Además, los mapas se someterán a audiencia de todos los municipios de Castilla y León, y a información pública, para que los ciudadanos puedan realizar alegaciones.