El pasado domingo, un grupo de personas participaron en una protesta para reivindicar que no se cierre la estación de esquí. Kamarero.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso, se reunirán el próximo viernes día 9 de abril en Cercedilla para tratar la situación de Navacerrada. Es la primera que se produce al máximo nivel tras la decisión de Parques Nacionales de no conceder autorización a los gestores del suelo –la Junta de Castilla y León– para la renovación de la concesión administrativa de monte público a la empresa que explota la estación de esquí, Puerto de Navacerrada Estación de Esquí S.L. A la reunión se prevé que acudan los dos responsables de Medio Ambiente de las comunidades autónomas afectadas, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Paloma Martín.

En la fecha de redacción de este artículo, todavía no se conoce el programa de la reunión, en el que aún se trabaja. En un primer momento, se pensaba también recorrer las instalaciones de la estación de esquí; no obstante, la previsión de mal tiempo para el viernes puede hacer variar las intenciones iniciales.

En fechas posteriores a este encuentro, tendrá que reunirse la comisión de gestión del Parque Nacional y la comisión de coordinación entre las dos administraciones gestoras del monte y el Organismo Parques Nacionales, pero ya será a través de los consejeros encargados de Medio Ambiente de ambas comunidades autónomas.

Según fuentes de la Junta de Castilla y León, el “asunto va a tener su recorrido y va para largo” por las formas en que se ha procedido por parte del Organismo Parques Nacionales, dependiente de la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno, a cuyo frente está Teresa Ribera, y por el fondo de la cuestión, al querer terminar de un plumazo, y con criterios que poco tienen que ver con la gestión medioambiental, con una de las primeras estaciones en la que se esquió en toda España.

Las mismas fuentes señalaban la “mentira” que supone la afirmación que la actividad del esquí no está amparada por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que pasa con la Junta de Castilla y León, la CAM, además de gestora de la parte de monte situada en Madrid, es propietaria de la estación de esquí, es decir, de los remontes y edificios instalados en ese espacio, y por lo tanto tiene legitimidad para interponer cualquier acción judicial sobre la decisión de Parques Nacionales.

Porque la vía que ahora queda por recorrer es la jurídica. El domingo pasado, uno de los socios de la sociedad gestora por concesión de la CAM, José Conesa, manifestó que en este momento la empresa se está planteando la estrategia jurídica, pero hasta que no tenga la resolución administrativa de Parques Nacionales, y conozca su contenido, no se plantearán las iniciativas a tomar.

Estrategia jurídica

Según ha podido saber este periódico, una de las iniciativas que se baraja es solicitar la suspensión en los plazos de la concesión, y por lo tanto de la caducidad de esta –la normativa actual permite un plazo máximo de dos años-, por la concurrencia de circunstancias ajenas al desarrollo de la actividad empresarial –se refiere a la pandemia de la Covid-19- que han impedido que esta despliegue la actividad para la que fue realizada la concesión.

Pero parece que esta posibilidad no convence a la sociedad concesionaria por las posibles consecuencias que pudiera tener en la explotación mercantil, aunque según otras fuentes permitiría ganar tiempo en espera de un cambio de criterio o de responsables políticos, además de paralizar el desmontaje de las instalaciones y edificios.

La comunicación de Parques Nacionales ordenaba “desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua“, con un plazo que finaliza el día 30 de octubre de 2021. Según el mismo organismo, en la zona también existe un remonte tipo tapiz rodante instalado sin autorización.