Juicio Estafa Carnet Policia Nacional Jurado Popular KAM8889
La vista oral tuvo lugar a mediados del mes de junio y se celebró por el sistema de jurado. / KAMARERO

La Audiencia Provincial ha condenado a un funcionario de la Comisaría de Policía de la capital a cuatro años y siete meses de cárcel por cobrar tasas ficticias a los ciudadanos que acudían a él para renovar el DNI, y quedarse con el dinero recaudado entre enero y julio de 2019.

Según la sentencia, remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sala considera culpable a C. A. F. de un delito continuado de falsedad en documento público cometido por un funcionario en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos, pero con la atenuante de reparación del daño.

Por ello y en base al veredicto de un jurado popular presente en el juicio, la Audiencia le ha impuesto la pena de cuatro años y siete meses de cárcel, una multa de diez euros diarios durante 16 meses, una indemnización de 720 euros al Estado y la inhabilitación especial para cargo o empleo público durante cuatro años y un mes, según informa Efe.

También es responsable de un delito continuado de exacciones ilegales, por el que la Sala impone una multa de quince meses y un día con una cuota diaria de 10 euros; la suspensión de empleo o cargo público por tres años, un mes y quince días y el abono de indemnizaciones de doce euros a una treintena de afectados.

La resolución considera probado que entre enero y julio de 2019, el condenado trabajaba como funcionario público en la Oficina de Expedición de Documento Nacional de Identidad y Pasaporte de la Comisaria Provincial de Segovia, atendiendo a las personas que acudían a renovar su DNI a través de una aplicación informática.

La tasa obligatoria para renovar este documento es de doce euros, pero existen algunas excepciones en las que no hay que pagar nada, como por ejemplo si se hace por cambio de domicilio o por un error en el funcionamiento del chip informático. De acuerdo a lo recogido por la sentencia, lo que hacía C. A. F. era cobrar doce euros a algunos ciudadanos e introducir en la aplicación informática que se había producido un cambio de domicilio para que esta volcase los datos del padrón.

Si había alguna mínima diferencia entre el modo en que estaba reflejada la dirección en el padrón y la forma en que estaba escrita en el DNI, el sistema lo detectaba como un cambio de domicilio y registraba que el ciudadano no había abonado tasa alguna, mientras que el dinero era cobrado por C. A. F., que se lo quedaba.

Este fue el método utilizado para engañar a 56 personas, pero el condenado también recurrió a otros engaños, como cobrar doce euros a más de treinta personas que sí habían cambiado de casa o habían detectado un fallo en el chip de su documento y, por lo tanto, no tenían por qué abonar nada.