Cada familia segoviana destina de media el 11% de los ingresos del hogar a pagar la factura energética, que en el conjunto de Castilla y León se sitúa en los 208 euros al mes, cifra que puede duplicarse o incluso triplicarse en algunos casos durante los meses más crudos del invierno y dependiendo del sistema utilizado para calentar la vivienda.

Esta es una de las conclusiones del estudio ‘La factura energética en el hogar’, realizado por el Grupo Mutua Propietarios, que alerta de que los hogares vulnerables son los que, proporcionalmente, más ingresos destinan al pago de la energía, llegando a rozar el 25%.

La mayoría de familias de la provincia ha advertido un importante incremento en la factura energética en los últimos meses lo que les ha llevado ya a regular la temperatura de la calefacción, entre otros cambios de hábitos y, de hecho, el estudio indica que casi un 60% de los habitantes de la Comunidad Autónoma afirma estar dispuesto a cumplir con las medidas sugeridas por el Gobierno dentro del Plan Más Seguridad Energética (aprobado en el seno de la UE a raíz de los problemas que ha generado en Europa la guerra de Ucrania por los problemas de suministro de gas ruso).

Un 76% de los encuestados para este trabajo de campo afirmó que este invierno iba a mantener el hogar a una temperatura máxima entre 19 y 21 grados y se muestran dispuestos a incorporar otras acciones como cerrar las persianas por la noche (88%), apagar la calefacción mientras se duerme (82%) o reducir el termostato a 15 grados si sale de casa (60%).

En cuanto a las comunidades de propietarios, un 35% no ha acordado todavía incrementos en la cuota de la comunidad por este motivo pero un 31% asegura que sí, con una subida media de 31,6 euros mensuales, lo que representa un extra de 380 euros al año en gastos de comunidad por hogar.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calculado el coste de los seis principales sistemas de calefacción para una vivienda de 90 metros cuadrados en una zona climática D (Madrid, Aragón y gran parte de Castilla y León). Los sistemas más caros de calefacción son los radiadores eléctricos (1.255 euros al año), seguidos de los acumuladores eléctricos (1.046 euros al año).

Por el contrario, los más eficientes son los que funcionan con bomba de calor (455 euros al año) o con una estufa de pellets (545 euros al año). Las primeras ofrecen además la doble función de calefacción en invierno y refrigeración durante el verano.

OCU recomienda especialmente las estufas de pellets en segundas residencias o en viviendas con suficiente espacio para almacenar este combustible.

El gas natural canalizado sigue siendo la fuente de calefacción y agua caliente sanitaria en la mayoría de los hogares. Desde esta organización de consumidores afirman que es una opción interesante, sobre todo si el sistema empleado es una caldera de condensación (683 euros al año). En estos casos recomienda contratar la tarifa regulada (TUR,) porque la factura resulta la mitad de barata que con la mejor de las tarifas libres. Añade, sin embargo, que lamentablemente, hoy por hoy solo un 20% de los hogares tienen contratada esta tarifa y, lo que es peor, no resulta fácil hacerlo.

Desde OCU recuerdan que, junto a las calderas de carbón, ya residuales, se prevé que las de gasóleo vayan desapareciendo de los hogares para conseguir los objetivos de neutralidad climática. Actualmente no recomienda su instalación si no más bien sustituirla por un sistema más eficiente y menos contaminante. En este caso el gasto medio al año asciende a 816 euros para una vivienda de 90 metros cuadrados en provincias como Segovia.

Alternativas

El estudio del Grupo Mutua Propietarios señala que seis de cada diez comunidades han realizado mejoras energéticas en los últimos dos años aunque han sido el cambio de iluminación (37%), la rehabilitación de tejados (28%) y las obras de mejora de la fachada (23%) las tres principales realizadas en los edificios de viviendas.

Entre las temidas “derramas” de las comunidades de propietarios no han sido pocas las relacionadas en los últimos años con el cumplimiento de la normativa europea de instalar contadores individuales o repartidores de costes.

Ese ha sido, por ejemplo, el caso de una comunidad de propietarios del barrio de El Salvador, en la capital segoviana, donde ha supuesto un coste añadido de 500 euros a cada vecino.

En esta comunidad, al igual que han hecho muchas otras, y aprovechando las temperaturas altas de octubre, se ha aplazado el ‘encendido’ de la calefacción, que habitualmente se realizaba el 1 de octubre, hasta el pasado día 5 de noviembre.

El sistema, tanto para agua caliente sanitario como para calefacción es una caldera de gasóleo con un tanque que en el último suministro ha supuesto un coste de 13.000 euros, 5.000 más que hace solo tres años, por lo que aunque el consumo de este invierno dependerá de cada vecino, tras la instalación de contadores, la estimación que han hecho es de un incremento medio del gasto en calefacción del 30%.

Solo el aumento por consumo de agua sanitario ha pasado de 2,70 por metro cúbico a 14,90 euros.

Hay que tener en cuenta que, aunque el Gobierno de España, ha aprobado este mismo mes un real-decreto ley que crea una tarifa regulada para las comunidades de vecinos con caldera comunitaria de gas natural, las que tienen caldera de gasoil quedan fuera, entre otros motivos porque el objetivo de la UE es sustituirlas por otros sistemas más sostenibles.

Según los datos que maneja la Junta de Castilla y León sobre instalaciones de calefacción con cuartos de caldera comunitarios, en la provincia de Segovia el sistema predominante es el gas natural, con más del 50%, seguido de las calderas de gasoil, con algo más del 20% y, a continuación, biomasa, GLP y electricidad.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo mantiene abierta hasta el próximo martes, día 15, una de las convocatorias del Plan Renove, que contempla ayudas para renovar calentadores de agua y calderas de más de 10 años de antigüedad por otras de condensación y alta eficiencia energética. Las subvenciones oscilan entre los 500 euros (por sustitución de calderas de carbón) y 150 (para sustituir un calentador) pero son los instaladores quienes tienen que tramitar la solicitud en representación del interesado.

Desde AFYCA, asociación provincial de fontaneros, instaladores y afines, su presidente, Carlos Garo, admite que algunos instaladores se resisten porque la tramitación es compleja y se demora demasiado tiempo. Eso puede explicar, por ejemplo, que en la anterior convocatoria, en el mes de julio, ya resuelta, solo ocho solicitantes de la provincia hayan obtenido ayudas, que suman en total 2.400 euros, ya que en todos los casos ha sido de 300 euros.

En el conjunto de Castilla y León los beneficiarios ascienden a 305 y en total, las subvenciones otorgadas superan los 100.000 euros.

Pellet y biomasa

Garo explica que este sector no ha advertido hasta el momento un cambio de tendencia para modificar sistemas de calefacción en comunidades de propietarios, teniendo en cuenta el alto precio tanto del gas natural como de la electricidad. Añade que sí están recibiendo los profesionales más “solicitudes de presupuestos para calderas individuales de pellet o incluso de leña”.

Todo indica que el precio del gas y de otras fuentes de energía está disparando las ventas de estufas de pellet y calderas de biomasa entre un 30 y 40% este invierno en Castilla y León. Los expertos ya habían confirmado una evolución en la comercialización de este tipo de aparatos, demandados ahora por parte de la población, principalmente viviendas unifamiliares y adosados, para intentar reducir su factura eléctrica y de calor de sus hogares pero ahora se ha constatado que los porcentajes de crecimiento serán importantes, muy por encima del 17% del año pasado, según informa Ical, cuando ya se alcanzó un récord, de venta de estufas de pellet y calderas de biomasa, con 9.636 unidades las primeras y 1.388 nuevas calderas de la segunda.

Según los datos que maneja la Asociación Española de Biomasa (Avebiom), la provincia de Segovia, con un total 7.913 aparatos de este tipo ya instalados al comenzar 2022, ocupa una buena posición, por encima de las cifras que registran Zamora (7.316), Ávila (7.277) y Soria (5.731) e incluso acercándose a los números de Palencia (8.895) o Burgos (8.323).

El director de Proyectos de Avebiom, Jorge Herrero, admite que las instalaciones domésticas “están sufriendo un elevado precio del pellet, provocado por elevados costes eléctricos de producción y el alza de los precios del transporte” aunque sostiene que aún así se mantienen como una fuente de energía “mucho más económica” que el gas, el gasóleo de calefacción o la electricidad.

La demanda de madera y astillas para estufas o chimeneas francesas también está creciendo mucho en Segovia, lo que explica la elevada cotización, sobre todo de la madera de encina, según ha confirmado a El Adelantado un distribuidor con sede en El Espinar, que trabaja también en la Comunidad de Madrid.

Solar fotovoltaica

La potencia instalada de energía solar fotovoltaica se ha disparado un 31% en lo que va de año en Castilla y León, según los datos recogidos por Ical de Red Eléctrica Española, por encima del incremento estatal, que hasta octubre era del 17,3%.

El boom de la tecnología fotovoltaica en la región se traduce en un aluvión de solicitudes a la Junta, 12.000 hasta septiembre para autoconsumo y almacenamiento de energía. Las ayudas solicitadas suman cien millones de euros con inversiones inducidas que superarían los trescientos millones.

La delegada de la Unión Fotovoltaica Española en Castilla y León, Amaya Gómez, lo explica porque un propietario con una vivienda de consumo normal, antes tardaba en amortizar la instalación entre seis o siete años y ahora, con la subida del coste energético, ese periodo se ha reducido a solo tres, en una instalación con una vida útil de 30 años.

La alta demanda ha ocasionado un “cuello de botella” en la tramitación de proyectos, entre tres y cuatro meses en el Servicio Territorial de Industria, pero hay empresarios que lamentan que haya “parques solares en Zamora y Segovia que llevan más de dos años concluidos y no funcionan por la falta de permisos o estados de tramitación eternos”.