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Nadie quería tener que hacer frente a nuevas restricciones, pero la segunda ola avanzaba de forma inexorable. Todo ello, cuando aún las aciagas consecuencias de la primera ola están en el recuerdo de todos.

En Segovia, los brotes empezaron a ser un problema desde mediados de agosto y en ese momento ya se avisó de las posibles consecuencias de que el coronavirus regresase.
Los brotes se multiplicaron y la escalada de contagios era evidente, ante lo cual se iniciaron las primeras tácticas de choque, con los confinamientos perimetrales de las localidades que registraran transmisión comunitaria. De esta forma, la provincia afrontó a finales de agosto los únicos aislamientos de poblaciones que han sufrido municipios de Segovia: los de Cantalejo y Carrascal del Río.

Muchos fueron también los puntos cercanos a la provincia que también sufrieron de estas restricciones, tales como Íscar, Pedrajas o Aranda, que alertaban que el patógeno seguía avanzando.

Septiembre multiplicó los casos de agosto (en Segovia se registró el doble de contagiados), mientras que octubre ahondó en esos malos datos que cada vez se parecían más a los de abril y mayo y menos a los junio y julio.

En Segovia, la segunda ola ha sido mucho más leve que la primera y ha obtenido datos más benévolos que otras regiones de la Comunidad más afectadas. Sin embargo, las últimas semanas ya hacían presagiar que el empeoramiento de las cifras hacía avanzar a la provincia de forma imparable al desastre, una situación que las nuevas medidas intentarán evitar para no tener que afrontar las graves limitaciones que la población tuvo que padecer en marzo y abril.

Ayer, Segovia, en particular, y Castilla y León, en general, entraron en un nuevo terreno. La inclusión del confinamiento perimetral, que se unió al ya existente toque de queda, busca evitar la propagación del coronavirus mediante el aislamiento de la Comunidad. Esta medida pretende obstaculizar los movimientos sociales que posibilitan la diseminación del patógeno.

A partir de las 14:00 horas del día de ayer comenzó el cierre perimetral de Castilla y León, de acuerdo con las medidas decretadas por la Junta para restringir la movilidad. En la provincia, la Subdelegación del Gobierno anunció que había previsto un operativo especial con una serie de controles por parte de la Guardia Civil en las principales vías que circundan Segovia con la Comunidad de Madrid. La previsión era que se establecieran controles en la A-6, la A-1 y en puntos concretos como en los puertos de Navacerrada y el Alto del León. Por su parte, la Policía Nacional debía centrar sus controles en la estación de autobuses y en la del AVE.

Los distintos agentes tienen como misión comprobar si los motivos de los viajeros están entre las excepciones del Real Decreto del Estado de Alarma y el acuerdo firmado por el presidente de la Junta.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Personas ligadas a este periódico y testimonios externos revelaron una ausencia de los controles supuestamente programados, ya que tanto en las dos estaciones de transporte público de la capital como algunas de las rutas entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León que transitan por Segovia no había presencia de agentes durante buena parte de la jornada.

Esta ausencia de agentes en los principales puntos de transporte y carreteras fue notoria, ya que en muchos casos las comprobaciones realizadas por el personal de El Adelantado fueron realizadas durante distintas horas del día, algo que confirmaron también fuentes externas al periódico que revelaban una ausencia generalizada de controles en algunas de las entradas por carretera desde Madrid. Algo no funcionó como debía y muchos puntos permanecieron sin vigilancia durante buena parte del día.

En cuanto a Castilla y León, la Delegación del Gobierno reveló que la vigilancia se centró en las estaciones de autobús y tren de las capitales y que los controles de la Guardia Civil tanto en autovías como en carreteras convencionales ascendieron a más de 70.

Por un lado, en el caso del transporte público se controlan las estaciones de autobús y ferrocarril de las capitales de provincia, donde mayor número de viajes tienen destino a otros territorios.

Para ello, se han desplegado agentes de la Policía Nacional, tanto uniformados como de paisano, que controlan que los motivos del viaje si llegan a Castilla y León están justificado por las excepciones que establecen el Real Decreto del estado de alarma y el acuerdo del presidente de la Junta o, si se trata de recorridos de tránsito hacia otros territorios limítrofes, también motivarse dadas las restricciones establecidas también en el entorno.

La Delegación del Gobierno aclaró que estas comprobaciones también se realizan en los desplazamientos por carretera, que deberán estar motivados y justificarse en caso de ser necesario tanto en la comunidad de origen como la de salida en caso de que en ambas se haya restringido la movilidad.

Para comprobar el cumplimiento de estas normas, la Guardia Civil ha establecido desde las 14.00 horas, momento en el que se ha iniciado el cierre perimetral, 70 controles desplegados en los límites de todas las provincias de la Comunidad que lindan con otras autonomías, es decir, todas excepto Valladolid. Así, se han establecido controles en autovías, con equipos formados por entre ocho y diez agentes, y en carreteras convencionales, donde al menos habrá dos efectivos.

Los puntos de control previstos con más tránsito son los de Segovia-Guadarrama, AP-1 Burgos-País Vasco y AP-66 León-límite Asturias, apuntaron desde la Delegación del Gobierno.

La prohibición de reuniones de más de seis personas no convivientes sigue vigente

Una de las grandes dudas de los ciudadanos sobre la nueva normativa en vigor es si es aplicable la medida que prohibía las reuniones privadas de más de seis personas no cohabitantes. Pues bien, la respuesta es clara: sí, esta limitación está vigente a día de hoy y por tanto las reuniones de más de seis personas que no convivan están restringidas y pueden estar sujetas a sanción.

El Acuerdo 11/2020 del 28 de Octubre dispone que la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. Esta limitación no afectará a la confluencia de personas en dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria. Respecto a espacios de uso privado, el acuerdo dice que queda condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.