Casa Palata a la vera de la Carrera Toledana, hoy en término municipal de Galapagar (Madrid). Fue alberguería segoviana, pabellón de caza de Enrique IV y aposento de los guardas de Can Mayor.
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David González Agudo (*)

Durante el siglo XV Castilla vivió una época de inestabilidad política y social que fue especialmente aguda en los reinados de Juan II, Enrique IV y los inicios de Isabel I. Fue una etapa de incertidumbre, con una intensa conflictividad que se alargaría incluso más allá de la pacificación definitiva del país (c. 1480). Las ciudades vivieron episodios de violencia y despojo de sus respectivos ámbitos territoriales. Estos procesos se consideran una de las mayores amenazas que la Castilla urbana tuvo que afrontar entonces (Jara Fuente 2007). Invasiones, ocupaciones de términos y usurpación de lugares y vasallos fueron las acciones más comunes. La nobleza aprovecharía el desorden político imperante para depredar las jurisdicciones urbanas de realengo.

¿Cuáles fueron las causas? Los historiadores las relacionan con la coyuntura demográfica, económica y política del Cuatrocientos (Yun 2002, Ladero 2018). La salida de las crisis del siglo XIV permitió una recuperación demográfica que coincidió con la repoblación del interior peninsular. El aumento poblacional hizo crecer la demanda, la producción agraria y el desarrollo urbano. En este proceso, las economías rurales jugaron un papel importante, pues estaban estrechamente vinculadas a la actividad mercantil urbana. Estos cambios abrían nuevas posibilidades económicas que influyeron en la actitud de los poderes políticos. Sin duda, una de ellas fue el acceso a nuevas fuentes de renta por parte de las estructuras señoriales, que usaron su capacidad jurisdiccional para aprovecharse en los momentos de debilidad de los monarcas.

Una parte considerable de las usurpaciones afectó al espacio agrario del centro peninsular, la Extremadura castellana, donde las ciudades contaban con extensas superficies de aprovechamiento comunal. El fenómeno fue especialmente incisivo en los términos de las llamadas comunidades de ciudad y tierra. Segovia, como Ávila o Cuenca, supone un caso paradigmático, pues también padeció la depredación en sus áreas meridionales de pasto y aprovechamiento común. Nos centraremos en las tierras más remotas de la ciudad: el sur del sexmo de Casarrubios, cuyos límites lindaban con Camarena (Toledo) desde 1208. En el siglo XV, los baldíos y alijares segovianos se vieron amenazados por la formación y expansión de varios señoríos: 1) el del duque del Infantado en el área de Méntrida y Berciana (hoy, en la provincia de Toledo); 2) el de Casarrubios del Monte (Toledo) y Arroyomolinos (Madrid); 3) el de Batres (Madrid); y 4) el de los marqueses de Moya en las zonas de Brunete, Villaviciosa de Odón y Moraleja de Enmedio (Madrid), estudiado por María Asenjo.

Segovia, como otras ciudades que reaccionaron ante el expolio (Monsalvo 2001, Jara Fuente 2017), recurrió a la justicia. Las denuncias generaron un sinfín de pleitos, cuyas pesquisas, probanzas entre partes, sentencias y apelaciones, ofrecen información muy detallada sobre el conflicto y sobre la situación anterior a la depredación. Sin duda, uno de los aspectos más interesantes que los documentos refieren es la vigilancia de los términos comunales en los estremos segovianos. Esta actividad debió de reforzarse desde mediados del Cuatrocientos, ante la creación y avance imparable de los señoríos comarcanos.

A través de un Ordenamiento del Común de la ciudad y tierra, de 1371, se sabe que la vigilancia de la tierra al sur de la sierra de Guadarrama ya se daba en renta. Martínez Moro (1985) también habla de la postura de la guarda en esta zona, aproximadamente un siglo después. Sin embargo, poco más conocíamos sobre el citado oficio en épocas relativamente tempranas. Será un voluminoso quaderno de probanzas del pleito sobre términos entre Segovia y los señores de Casarrubios, existente en el archivo de la Ciudad y Tierra de Segovia, el que nos permita reconstruir, cronológicamente, algunos aspectos sobre la guardería de los llamados campos y montes de Can Mayor. Esta llamativa denominación responde, posiblemente, a la orientación seguida por pastores y ganaderos segovianos en su travesía hacia las zonas de invernada, en el sur del sexmo de Casarrubios. Se trata de una feraz comarca que, abarcando desde las estribaciones de Valdemorillo (Madrid) hasta la actual Las Ventas de Retamosa (Toledo), estaba flaqueada por el interfluvio Alberche-Guadarrama.

Uno de los primeros guardas que los documentos reconocen es Florestán de Segovia, quien aparece en 1431 como representante de la ciudad en el contrato de arrendamiento de la dehesa de San Andrés, situada hoy en término municipal de Camarena (Toledo). Florestán actúa en nombre de los regidores segovianos y acuerda el arriendo con Marcos García, vecino de Camarena, y Tomás Ruymartínez, vecino de Peromoro (hoy, despoblado). El contrato se hace por tres años, comenzando en San Miguel, para pacer con ganados, labrar y hacer “lo que quisieran” por dos mil quinientos maravedís y veinticuatro fanegas de cebada. El dinero tenía que pagarse en el lugar de Robledo (de Chavela) y la cebada en las Rozuelas. En el contrato se estipula la obligación de los guardas de “estar, y pasar por ello, y de hacer estar y pasar el dicho Regimiento”, so pena de pagar cualquier daño causado. Esto implica que las guardas de la zona actuaban con poderes de los regidores de la ciudad.

Alvar Ximénez es el siguiente guarda que se reconoce en la comarca. Su espacio temporal de actividad ronda el sexenio 1449-1455, si bien los testigos no refieren las fechas con exactitud. Ximénez vivía con su hijo y otro guarda, Juan del Pozo, en la Asperilla, antigua alberguería segoviana situada sobre el borde del escalón de Las Cuestas (Rodríguez Morales & González Agudo 2019), antes de bajar a Villanueva del Pardillo (Madrid).

El guarda fue visto haciendo prendas a foráneos a Segovia, que entraban en la tierra a cortar leña en la ribera del río Guadarrama, a la altura de Batres y actual El Álamo (Madrid). En sus rondas, Ximénez prendaba “hasta las goteras de la villa de Casarrubios” y solía posar en un mesón de Griñón (Madrid), donde se le vio leer las ordenanzas de Segovia. También fue el encargado de llevar a Brunete (hoy, en Madrid) la licencia de la ciudad para hacer una dehesa en esta población. Era la época en que Segovia, intentando frenar la expansión de señoríos colindantes, autorizó las pueblas de Zarzuela, Sacedón (hoy, ambas, parte de Navalcarnero), Brunete y la Despernada (hoy, Villanueva de la Cañada). Asimismo, otro testigo recuerda que Ximénez actuaba, en nombre de los regidores segovianos, en el arriendo del cobro de las alcabalas de Can Mayor.

De ambos casos tempranos puede inferirse que a los guardas segovianos de Can Mayor no sólo les competían tareas de vigilancia; también suplían algunas funciones propias de los regidores de la ciudad. Probablemente, el fin era evitar el desplazamiento de éstos desde Segovia para atender asuntos de importancia relativamente escasa. Como veremos, las circunstancias no tardarían mucho en cambiar.


(*) Universidad de Valencia.