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Desde el pasado mes de septiembre, el Vicario General de la Diócesis podrá lucir en su sotana la botonadura y los ribetes de color morado, así como la banda de seda en el mismo color que le distinguen como Capellán de Su Santidad, título honorífico que el Papa Francisco ha otorgado al sacerdote y teólogo segoviano en atención a su labor docente y pastoral.
Nacido en Fuentesaúco de Fuentidueña hace 74 años, Ángel Galindo recibe este nombramiento que llega a petición del Obispo, por el que se convierte en miembro de pleno derecho de la Casa Pontificia en el Estado Vaticano, formando parte del grupo de capellanes que la integran. Galindo considera que este nombramiento “es de alguna manera un reconocimiento a las tareas que yo realicé en la Universidad Pontificia de Salamanca como catedrático, decano y rector, y también se ha tenido en cuenta el cargo en la Vicaría General Diocesana, por lo que el obispo es quien ha dado el visto bueno y ha sellado este nombramiento que viene directamente del Papa”.
El cargo de capellán de Su Santidad tiene un carácter meramente honorífico, aunque Galindo puede ejercer tareas de capellanía en El Vaticano en aquellas que la oficina de la Sacristía vaticana le pudiera encomendar, según explica el vicario, y puede vestir la sotana adornada especialmente con el color morado en ribetes, botones y banda en cualquier acto religioso o cultual. El nombramiento no lleva aparejado un acto de toma de posesión expreso, y se limitó a la comunicación que el obispo César Franco le realizó a través de la carta que la Nunciatura Apostólica remitió al obispado para notificarlo.
Todo ello supone un acicate más para el trabajo pastoral que desde la Vicaría General coordina, y que en este momento se centra en poner en marcha el curso en todas las parroquias y consejos pastorales de acuerdo a la programación prevista para el ejercicio 2022/23.
Galindo explica que la programación se centra este año en la puesta en práctica de las conclusiones de la Asamblea Presbiteral que tuvo lugar el pasado año, y que designó dos comisiones de trabajo para analizar el sostenimiento de la diócesis y la reorganización de una provincia eclesiástica castigada por la falta de vocaciones y con más de 300 parroquias a las que atender.
Sobre el primer aspecto, el vicario señaló que el trabajo se está orientando a ver “de qué manera cada parroquia pueda tener un cierto nivel de autonomía a la hora de poder buscar fórmulas de financiación de sus actividades y el mantenimiento de sus servicios, así como autodirigir su pastoral, siempre en el marco conjunto de las premisas diocesanas.
La reorganización de la diócesis es en opinión del vicario uno de los principales problemas, ya que debe afrontar los retos de una sociedad que espera respuestas. Así, señaló que a lo largo del año se irán abordando aspectos como la reorganización de parroquias, la redistribución del clero y los recursos para optimizar tareas como la catequesis de niños y adultos, la pastoral matrimonial, etc.
En este ámbito, la misión de los laicos se antoja para Galindo “fundamental”, y animó a los cristianos de la provincia a mantener firme su compromiso con la Iglesia “más allá del ámbito de la liturgia y la palabra, sino en el compromiso social, político, educativo y en la vida de familia, tal y como propone el Concilio Vaticano II, porque sin el laico, la Iglesia deja de existir”.
El vicario destaca también el buen momento que atraviesan las relaciones insititucionales con ayuntamientos, Diputación y Gobierno regional, que se concreta a través de convenios puntuales de colaboración que se firman “de forma directa y positiva” con los municipios, con independencia del color político de su Gobierno. Además, señala que en breve se rubricará el convenio con la Diputación para la restauración de templos el próximo año, que hace posible poder abordar obras que de forma unilateral no pueden ser realizadas por los municipios o la diócesis.
También señala el compromiso de la diócesis por cumplir la Ley de Memoria Histórica con la retirada de símbolos franquistas de iglesias y templos, pero precisa que el marco legal “no establece que la Iglesia sea quien las tiene que quitar, sino que deben ser otras instituciones quienes lo hagan”. “Seguimos abiertos a cumplir la normativa, pero siempre en el ámbito de nuestras competencias”, asegura.