Virginia Barcones y el secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, en la reunión mantenida en Segovia con alcaldes socialistas. / Nerea Llorente

Los alcaldes socialistas de la provincia de Segovia, apoyados por el PSOE de Castilla y León, rechazan el nuevo sistema que la Junta de Castilla y León ha establecido para el reparto de dinero a las entidades locales procedente de la Comunidad Autónoma, ya que a su juicio “cambia las reglas del juego a mitad del partido” y atenta contra la autonomía de los ayuntamientos y diputaciones.

Así lo ha explicado la vicesecretaria general de los socialistas en la Comunidad Autónoma, Virginia Barcones, después de reunirse en Segovia con regidores y concejales de 13 localidades de la provincia con más de 1.000 habitantes en las que gobierna el PSOE. La número 2 de Luis Tudanca, y también viceportavoz en las Cortes, además de hacer un agradecimiento público a la labor de estos responsables políticos y del resto de ediles socialistas, así como de los empleados públicos de las corporaciones, ha afirmado que la Junta “ha puesto piedras en el camino de los ayuntamientos” con normativa como el Decreto Ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local.

Esta normativa, recientemente convalidada por el pleno de las Cortes, ha modificado el sistema que hasta ahora venia utilizado el Ejecutivo autonómico para la financiación de las entidades locales vinculada a los ingresos por impuestos de la Comunidad Autónoma; es decir las transferencias de capital a ayuntamientos y diputaciones por parte de la Junta de Castilla y León.

Para Barcones, esta modificación afecta de manera importante precisamente a los ayuntamientos que tienen más de 1.000 habitantes y menos de 20.000, ya que hasta ahora la financiación que recibían del Ejecutivo autonómico era “completamente incondicionada” aunque “insuficiente, la mitad de la media que recibe cualquier ayuntamiento del Estado de su Comunidad”.

El modelo de financiación de las entidades locales era fruto “de un pacto de Comunidad y este PP ha decidido volar todos los diques sobre los que se ha construido Castilla y León y todos los acuerdos que hemos sido capaz de ir forjando a lo largo de estos años”.

Los socialistas consideran que el Decreto Ley cambia a mitad de año las reglas del juego, de manera que los ayuntamientos de este grupo de municipios con más de 1.000 habitantes deben destinar el dinero que reciban del Fondo de Cooperación Económica Local General a inversiones cuya finalidad sea el cumplimiento de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en la Agenda 2020-2030.

Esta última recoge 17 objetivos, entre ellos la lucha contra la desigualdad económica y la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres.

El modelo utilizado hasta ahora permitía utilizar esas transferencias para gastos corrientes pero con el cambio de criterio se tendrá que destinar a inversiones reales que cumplan esos objetivos, con los que los socialistas están de acuerdo “pero siempre que se financien con fondos extraordinarios, no con la financiación ordinaria”, según la vicesecretaria del Partido Socialista de Castilla y León, que recalca que, además, se ha hecho en el mes de julio, a mitad del ejercicio y de manera unilateral.

Por si fuera poco, añade Barcones, la Junta ha remitido una carta a los ayuntamientos “para decirles que para que los colegios de sus municipios abran tienen que tener una persona durante toda la jornada lectiva para tareas de desinfección y anuncia ayudas irrisorias”.

También el Ayuntamiento de Segovia y la Diputación han visto como se ha cambiado el modelo de financiación con fondos de la Comunidad Autónoma. La nueva normativa obliga a destinar el 50% de esas cantidades a medidas o programas para hacer frente a los desafíos demográficos y el otro 50% a inversiones también en el marco de la Agenda 2020-2030.

Para el PSOE de Castilla y León esto puede suponer la desaparición de los fondos para planes de empleo. “¿De verdad es este el momento de poner piedras a la autonomía local en lugar de poder responder a las múltiples necesidades económicas y sociales que está dejando esta maldita pandemia”, pregunta Barcones.

Contraposición

Los socialistas contraponen esta medida, que reiteran atenta contra la autonomía de los ayuntamientos, a las críticas del Partido Popular de Castilla y León al acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de España, ya que los populares señalan que este último supone precisamente un ataque a la autonomía de las entidades locales.

Barcones arremete contra esa posición que atribuye a criterios políticos o ideológicos y recuerda que la Ley Montoro es del PP, que ha impedido durante los últimos años el uso de remanentes de tesorería por parte de las entidades locales. “Qué poca memoria tienen: callaron, asintieron y ahora se arrodillan a los intereses de Génova”.