A principios de mayo se oían las primeras voces contra el Ayuntamiento de Segovia en cuanto a las deudas de alquiler de las viviendas utilizadas con fines sociales por la Concejalía pertinente, la de Asuntos Sociales. Algunos dueños denunciaban públicamente el impago del alquiler por cuenta del Consistorio Segoviano. Hoy se conoce el caso concreto de dos segovianos que están siendo víctima de estos impagos, con numerosos perjuicios que van más allá de una deuda.
El primero de ellos corresponde al alquiler social de una vivienda en la céntrica calle Ezequiel González. En 2011 se firma un contrato de alquiler, redactado por Asuntos Sociales. En ese año entró una familia que cumplía los requisitos para esta vivienda, sin generar ningún problema inicial; abandonan la vivienda en 2016 de manera regular. El Ayuntamiento cuenta con otra familia dispuesta a entrar a vivir en este piso, por lo que los propietarios renuevan contrato. A finales de 2020 empiezan los problemas: la comunidad de vecinos comienza a quejarse de ruidos, visitas sospechosas y actividad irregular en cuanto a tráfico de drogas. Así, en febrero de 2021 los propietarios deciden emitir un burofax al Ayuntamiento para que, cuando figura en el contrato, que es el 31 de marzo, se rescinda y los huéspedes abandonen la vivienda. Los propietarios pueden renunciar, por contrato y por ley, con un periodo de antelación y mediante burofax, a la estancia de los inquilinos en su vivienda: así se estipula. En la primera semana de abril, un asistente social les informa de que los inquilinos aún no han abandonado el piso porque se les está reubicando, pidiendo un plazo de diez , quince días. “Pasa abril, pasa mayo, pasa junio, y elAyuntamiento deja de pagar en cuanto se acaba el contrato, pero la familia sigue dentro”, comenta el afectado. Las reuniones con Ana Peñalosa, concejal delegada del área, se suceden ante la problemática. Registran una petición en el Ayuntamiento en la que solicitan el pago del alquiler y la reubicación de la familia inquilina, entre otras cuestiones. Mientras, los pagos de suministros de agua y luz tampoco se están pagando por parte de la familia, por lo que la cuenta de deudas sigue engordando. En julio de 2021 se expide un edicto del Ayuntamiento en el que exigen el pago de esas mensualidades; “se da por hecho que el contrato se renueva porque el inquilino sigue ahí, y que el pagador, pagará”, explica el propietario. Pasa otro mes y no hay pago pero sí una familia inquilina en la vivienda, y lo harán durante otro año más: hasta agosto de 2022. El propietario afirma que en todo ese año no hay pagos de ningún tipo, tampoco de suministro o de comunidad.
Las reuniones durante este periodo se produjeron incluso con la anterior alcaldesa, Clara Luquero, y con Ana Peñalosa; “todo eran buenas palabras, nos agradecían la comprensión, pero nos explicaban que no había casas, y yo les decía que estaban disponiendo de una vivienda que no era suya, a lo que me respondieron que les desahuciásemos nosotros”; “nos negamos, sabíamos que estaba perdido porque era una familia con dos menores”.
En este periodo de tiempo y ante las actividades sospechosas que no cesaron, hay una intervención policial en la vivienda. Policía Nacional investigaba ante tantas denuncias, así que en una irrupción por sorpresa en la vivienda dejó los daños propios de acciones de este tipo: la puerta se rompe con el ariete, el falso suelo de los armarios también, y ocasionan más desperfectos. Se encontró poca cantidad de droga pero el hecho en sí provocó que la concejal Peñalosa saliera a los medios justificando el cese de pago de esta vivienda con fondos del Ayuntamiento ante lo acontecido. “Esto no se justifica porque cuando entran en 2016, la ayuda es para la mujer de la familia, cuyo marido estaba en la cárcel”, explica el propietario.
El dueño cuenta que en agosto de 2022 entran por primera vez en el piso tras el abandono de la familia, momento en que “Ana Peñalosa ya se había desentendido”. Le acompañaron los técnicos, para los que el propietario tiene palabras de agradecimiento por su apoyo. Ahí descubre que el lugar “está destrozado; no hay nada, todo el mobiliario se lo han llevado y todo está destrozado”. Así, al importe de impago de alquiler y suministros, suma un presupuesto de reforma “para que la vivienda sea habitable”: el montante total sobrepasa los 14.000 euros sin sumar la deuda de luz y suministros.
Es en una nueva reunión, en este caso con Clara Martín y el concejal de Hacienda, donde se les comunica a cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento para con el propietario. Se plantea entonces una solución: “nos pidieron que a través del juzgado se presentara una demanda de conciliación para llegar a un acuerdo”. “Pensamos que por lo menos se nos estaba ofreciendo por fin una solución”, explica el dueño. Esto se debe a que ya una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sienta precedente con un caso muy similar: una mujer víctima de violencia de género es trasladada por alquiler social a Madrid, y ante la rescisión de contrato, el Ayuntamiento deja de pagar y debe abonar después más de 32.000 euros. “Yo sabiendo esto les dije en reunión que no quería llegar a juicio, que llevaba dos años intentando buscar una solución amistosa y no quería meter a mi padre en juicios con 82 años”. La respuesta por parte de intervención fue que con este acuerdo se terminaría el problema.
Los juzgados estaban paralizados pero el propietario mandó la demanda al Ayuntamiento “para que vieran que yo había cumplido mi parte”. “Su respuesta fue que tenían que ir unos técnicos municipales a ver cómo estaba el piso”, comenta. El 5 de abril de este año acuden estos técnicos y hasta esta semana, el dueño esperaba como respuesta una conciliación. Su sorpresa -otra más- llega cuando en una reunión esta misma semana le cuentan que el informe pericial del Ayuntamiento “cuenta con cuestiones que no estima, y que el importe a pagar es inferior”; “me dicen, por ejemplo, que el parqué está así por el uso, y en las fotos se puede ver que ni de broma”. El propietario, dispuesto a aceptar un informe con tasación a la baja por acabar cuanto antes con este desagradable proceso, escucha para concluir que en cuanto al cese de pago “se nos notificó y que no se debe nada”. El propietario asevera que en la demanda presentada en el juzgado para la conciliación existe un documento “con sello y firma del Ayuntamiento, por uno de sus técnicos”, donde pone lo que se nos debe de alquiler y suministros”.
El dueño asegura que cuenta con toda la documentación en la que se registra que después del vencimiento de contrato hubo cuatro meses de pago más, pero en agosto “se dejó de pagar automáticamente”. Cuenta con los vídeos de las visitas de los técnicos para acreditar más documentos. “Después de dos años, la casa sigue destrozada, imposible de alquilar y con la sensación de que nos han engañado durante tanto tiempo, así que toca ir a juicio con todo lo que eso conlleva”. El dueño confirma que no se ha tocado nada del piso “para que sea evidente el estado en que está”.
No es un caso aislado
Otro propietario de una vivienda en la carretera de Villacastín denuncia su caso, muy parecido al anterior y con el mismo resultado: impago e inquilinos en la vivienda, también con dos menores, ellos sí, viviendo actualmente. Este segoviano tiene alquilado desde hace 15 años otro piso del mismo modo; “no soy nuevo en esto”, explica. Dado que ya contaban con un contrato de este tipo y a sabiendas de que este propietario cuenta con más pisos, es el Ayuntamiento el que le ofrece la posibilidad de disponer su vivienda para alquiler social. De entre varios candidatos accede a que un hombre viudo y dos menores se instalen en el piso; se conocen en la Concejalía, se saca el contrato, se firma, se entregan las llaves. “Lo normal es que a los pocos días llegue a casa el decreto de la concesión de la ayuda, que siempre está especificada a un piso en concreto”; “ni el decreto ni la ayuda llegaron nunca, y el asistente social nos daba largas y excusas, que esperáramos a mañana, a pasado, que no se ha expuesto en pleno, que la concejala tiene que firmar…así meses y meses”. Todo esto ocurre en abril de 2022, y el pasado 3 de mayo se citó al propietario en reunión tras meses de llamadas y mails, para darle a conocer que el ayuntamiento “no va a pagar nada porque la ayuda se le concedió a la mujer fallecida”. Según el arrendador, en este suceso existen presiones a la concejalía por parte de la familia de la fallecida, de etnia gitana, que han logrado que la ayuda no se haga efectiva.
Actualmente, lo que este propietario ha interpuesto es una demanda de desahucio, a sabiendas de que habiendo menores en el caso, será imposible su ejecución. A él no le han ofrecido la demanda para llegar a una conciliación “en ningún momento, solo se han desentendido”. Asegura que lo que se le ha creado es un “problema enorme porque ni lo tengo ni lo puedo alquilar, y por tiempo indefinido”. El dueño protagonista de este segundo caso sí mantiene contacto con el inquilino, y asegura que está “indignado”; “él no quiere estar en un sitio que no se está pagando, se hace cargo de sus recibos, aunque hay una pequeña deuda que va pagando poco a poco, pero está indignado porque cree que sus hijos tienen derecho a esa ayuda y que siendo pequeños no puede salir de allí, y le entiendo perfectamente”.
Además de la demanda de desahucio, este propietario plantea una reclamación al Ayuntamiento que estudia si será penal o administrativa. “Tomaremos las decisiones judiciales pertinentes, también tomando como ejemplo el caso que condena al Ayuntamiento sobre el alquiler en Madrid”, explica al igual que la otra víctima.
MALA GESTIÓN
Aunque la sentencia que condena al Ayuntamiento por otro caso similar sienta precedente, estos propietarios tienen que demostrar en los tribunales la veracidad de su caso, para el que cuentan con todo tipo de pruebas. Ambos agradecen la labor de los técnicos sociales municipales, que han mostrado su apoyo y reconocido la crudeza de este tipo de casos. Según estos propietarios, los problemas de comunicación en la Concejalía de Asuntos Sociales quedan patentes. Recalcan además que las fechas, preelectorales, se han dado de manera casual tras las últimas reuniones celebradas y el desentendimiento municipal.
Más de un centenar de viviendas “sociales”
El caso de estos dos propietarios, como ellos mismos comentan, no puede ser el único. El Ayuntamiento cuenta, según tienen conocimiento estos arrendadores, más de un centenar de pisos repartidos por la ciudad para este fin de alquiler social. Su caso ha saltado tras meses de impago y, de casualidad, ellos mismos se han puesto en contacto al conocer lo ocurrido a través de las redes sociales, donde se ha expuesto en numerosas ocasiones el caso.
Esta práctica de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Segovia lleva en funcionamiento más de una década, siendo uno de estos dos propietarios beneficiario desde sus comienzos. Lo que les anima a poner a disposición de esta causa sus viviendas es el aval del pagador: el Ayuntamiento. «Es un fiel pagador, el día equis de mes, llega, pero cuando quieres que se vayan, ni pagan»; esto en el uno de los casos, ya que en el segundo, no han llegado a formalizar la ayuda. En estos casos, es el Ayuntamiento el que se pone en contacto con el propietario y le propone este tipo de alquiler. Un asistente social presenta a los posibles candidatos a entrar a vivir, y es el propietario quien decide, en última instancia, quién vivirá en su propiedad. El Ayuntamiento pone unos requisitos para estos inquilinos, mínimos, que aunque se cumplan, no son válidos si el propietario quiere acabar con el contrato en cualquier momento. Sin embargo, con un proceso municipal que para los propietarios servía como aval suficiente, lo que afirman sentir es engaño y desprotección ante lo que esperan: compromiso y garantía. “Nuestras viviendas son privadas y cuando queremos que el inquilino se vaya, nos piden a nosotros que los echemos”, explica uno de los propietarios.
Afirman que con estos casos, más los que puedan salir a la luz posteriormente, el alquiler social municipal corre peligro, porque los vecinos de Segovia no van a acceder a estas prácticas. «Esto va a crear un problema de vivienda social en Segovia tremendo; yo no recomendaría a nadie que lo haga y quien se lo esté planteando y vea esto, no lo va a hacer de ninguna manera”, explica uno de los propietarios. Recalca que es realmente complicado que los vecinos cedan sus viviendas a causas sociales porque el tipo de inquilino es conflictivo y problemático. “Si se pierde la garantía del pagador ya no va a haber nada a lo que agarrarse”, añade uno de los dueños.
Al final, los mismos propietarios resumen su experiencia en que se les ha metido un “okupa” de la forma “más torticera posible, que es engañándote con un aval y una garantía de la administración”, según sus palabras.
