A lo largo de este mes, miles de colegios e institutos de toda Castilla y León han comenzado el curso escolar 2023-2024. Un año académico que muchos alumnos afrontan con ilusión, otros con nervios y algunos con algo de pereza y añoranza del verano. Sin embargo, y por desgracia, hay estudiantes cuyo mayor sentir en estos momentos es el miedo. Y no miedo a los suspensos o a su futuro escolar. Miedo de sus propios compañeros, que les hacen sufrir a base de burlas, insultos, marginación y hasta violencia en algunos casos. Niños y adolescentes que cada día sufren en las aulas el acoso escolar.
El acoso escolar, también conocido con el término de bullying, es cualquier forma de maltrato producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Entre las diferentes maneras en las que se puede llevar a cabo se incluyen bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, exclusión social, intimidación, agresiones, amenazas y acoso a través de Internet y las redes sociales o ciberacoso. Situaciones que puede suponer en las víctimas estrés, ansiedad, depresión, trastornos, problemas de socialización o, en los peores casos, el suicidio.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió durante la inauguración del presente curso a que el sistema educativo autonómico se centrará en generar un entorno seguro en los centros escolares y, para ello, se activarán los protocolos de detención, prevención y atención de situaciones de acoso o agresión: “Estaremos vigilantes desde diferentes departamentos para colaborar con Educación. La lucha contra el acoso es una tarea de toda la comunidad educativa e invito a los docentes y a las asociaciones de padres y madres a implicarse en esta tarea y garantizar espacios seguros en las aulas”, expresó.
EN CASTILLA Y LEÓN
Según datos de la Junta, en los diez últimos cursos, Castilla y León ha registrado un total de 3.063 posibles casos de acoso escolar, lo que supone una media de 306 al año. Y las cifras no han hecho sino aumentar. De los 203 y 178 posibles casos detectados en los periodos de 2012-2013 y 2013-2014 respectivamente, han aumentado hasta llegar a la cifra récord en la Comunidad de 411 en el 2021-2022. Un aumento progresivo que solo se vio interrumpido durante la la pandemia de COVID-19, cuando muchas de las clases fueron telemáticas y no presenciales.
Si bien esta subida se puede deber a la mayor concienciación que existe en la actualidad sobre este problema, igualmente es difícil ignorarla. Especialmente en Educación Primaria y Secundaria, etapas donde se dan el 93% de los casos de acoso escolar en Castilla y León. Eso sí, hay que decir que la muchos de estos posibles casos no llegan a confirmarse. De hecho, de esas 411 sospechas del curso 2021-2022, solo se pudieron ratificar 139 (incluyendo el ciberacoso). Y las cifras de confirmados más o menos se mantienen a lo largo de los últimos años escolares mientras suben los posibles casos, lo que podría indicar que hay algunos que se escapan.
De momento, y según datos de la Junta, se produce una situación de posible acoso o de acoso confirmado en uno de cada 10 centros de Castilla y León. Esta situación puede afectar a 1 de cada 1000 alumnos (el 0,01%) o incluso más.
Mención aparte merece el caso del ciberacoso, una forma de bullying más reciente que supone un quebradero de cabeza para los centros debido a las grandes dificultades que tiene vigilar a los alumnos y el entorno en el que se mueven en Internet y las redes sociales. Aun así, esto no ha impedido alcazar cifras bastante significativas desde el curso 2016-2017, cuando la Junta de Castilla y León empezó a contabilizar estos casos en su informe de convivencia escolar anual. Por ejemplo, en el de 2021-22 se llegaron a confirmar 75 casos y la media de estos seis últimos cursos ha sido de 56.
EN SEGOVIA
Tal y como se puede observar en el gráfico, los casos de acoso escolar en la provincia de Segovia también han presentado un crecimiento en los últimos diez años, de forma especialmente notoria a partir del curso 2015-2016. Durante la pandemia de Coronavirus sucede lo mismo que en la Comunidad presentándose un evidente bajón para volver a subir después, quedándose cerca de las altas cifras previas a la pandemia. El récord está en el año escolar 2017-2018 con 32 posibles casos, aunque, curiosamente, al mismo tiempo fue el periodo en el que menos se pudieron confirmar, siendo el que más el curso siguiente con 12 casos entre acoso en los centros y ciberacoso.

En cuanto a la comparativa con el resto de provincias, en el último informe de convivencia escolar de Castilla y León Segovia se situaba en quinta posición, con 26 posibles casos y 8 confirmados (4 de ellos de ciberacoso). Por delante se ubicaron Valladolid (105 casos posibles y 32 confirmados), Burgos (91 y 35), León (79 y 29), Salamanca (28 y 8) y Palencia (26 y 15). Por detrás Zamora (22 y 1), Ávila (21 y 8) y Soria (13 y 3). De este modo, Segovia se situaría por delante de dos provincias con mayor población y, por lo tanto, con más probabilidades de tener más casos como Zamora y Ávila.
Pero los datos de Segovia que más llaman la atención son los relativos a la cantidad de centros escolares que comunican incidencias de convivencia de los alumnos entre sí y con los profesores. Y es que, durante el curso 2021-22, esto sucedió en 54 colegios de toda la provincia, tanto públicos como concertados. Esto supone un 78,26%, segundo porcentaje más alto de todas las provincias de Castilla y León solo por detrás de Soria, que presentó un 79,54%, y por encima de la media de la Comunidad, que se quedó en un 64,05%.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Todas estas cifras son el resultado de la aplicación del Protocolo de actuación en casos de acoso de la Junta de Castilla y León, ese que Alfonso Fernández Mañueco insiste en aplicar de forma adecuada en los centros escolares de la Comunidad. En él, se establecen dos fases: la de conocer, identificar y parar la situación y la de actuaciones si se confirma que existe una situación de acoso (además de una tercera en caso de que no se confirme).
En la primera etapa se estudian los casos para definir el conflicto y determinar si se trata de acoso escolar u otras situaciones. Una fase que empieza en conocer de la causa y cómo esta se debe de comunicar y termina en las actuaciones que derivan de este conocimiento, que van destinadas a dos cosas: proteger y acompañar a la posible víctima e identificar y controlar al presunto agresor. Además, el director del centro debe convocar una reunión para llevar cabo una primera valoración de la situación y de las medidas adoptadas. Este es el paso más importante, ya que en él se establecerá si se trata o no de acoso en base a cuatro aspectos de la relación víctima-agresión: intencionalidad, repetición, desequilibrio de poder e indefensión y personalización.

Tras esto, toca la segunda fase, que, en caso de confirmarse el acoso, se comunicaría la situación a las familias de los implicados, profesores y órganos pertinentes, además de la documentación del caso e informe, que contará con entrevistas de aquellas personas que puedan aportar declaraciones importantes del caso. Pero la parte más destacada de esta etapa es el plan de actuación, elaborado por la Comisión específica de acoso escolar y en el cual se establecerán las medidas y actuaciones a definir para cada parte: la protección del alumno acosado, la sensibilización de los compañeros o el asesoramiento a las familias.
El punto más delicado es el de las medidas a tomar con el acosador, ya que de esto depende que dicho alumno no se repita la situación. Por ello, el objetivo es que sea un proceso reeducativo de carácter integral, en el que se refuerce el respeto a los compañeros con elementos de reflexión y competencia persona. Todo esto teniendo en cuenta sus circunstancias familiares y la seguridad tanto de acosado como de acosador. Las actividades que los centros ofrecen para la mejora de la convivencia suelen ser proyectos de trabajo global en el centro, planes de acción tutorial, cursos y talleres formativos o jornadas, campañas y encuentros. Esto no quita, eso sí, que el acosador pueda recibir una sanción ejemplar del centro, que va de una expulsión de 5 a 30 días, hasta el cambio de centro o la reparación del daño causado en los casos más graves.
De momento, parece que, si bien puede haber situaciones que se escapen, estos protocolos funcionan bastante bien a la hora de detectar casos de acoso escolar. Sin embargo, viendo cómo han ido aumentando en los últimos años, todo apunta a que todavía queda mucho por hacer en las aulas de Castilla y León y Segovia para acabar con esta lacra. Quizás hace falta trabajar más en un punto muy importante y que no se trabaja en el protocolo mencionado: la prevención.