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Apenas quince días después de la celebración del ‘macrojuicio’ sobre la red de contratos laborales falsos dirigidos al cobro de prestaciones sociales para trabajadores extranjeros, el Juzgado de lo Penal número 1 ha dictado sentencia en la que condena a H.M.C.,  empresario y muñidor de este entramado ilícito a dos años y medio de prisión y una multa de 170.847 euros por los delitos continuados de falsedad documental y defraudación a la Seguridad Social.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en un plazo de 10 días, pone fin a una causa cuyo desarrollo obligó por primera vez a trasladar la vista oral fuera de la sede de la Audiencia Provincial debido al volumen de acusados y la obligada presencia de sus representantes legales; que hubo de celebrarse en el salón de actos de la sede provincial del INSS.

La magistrada ponente de la causa Marta Gandullo de Tapia,  considera  probada  la participación “material, personal y directa” en el desarrollo y creación de esta red en la que fingió una actividad empresarial a través de la empresa  ‘Subcontratas y obras Doble JH’ entre los años 2009 y 2012 para dar de alta a trabajadores  “que no realizaban ninguna actividad laboral con la intención de que éstos se beneficiaran de prestaciones de la Seguridad Social o de algún tipo de beneficio”.

Así, la resolución judicial indica que la declaración del agente de la Guardia Civil que instruyó las diligencias dejó clara que la empresa no estaba inscrita en el Registro de Empresas de la Construcción y que no tenía actividad,  así como la inexistencia de las obras para las que supuestamente se firmaban los contratos para los trabajadores implicados, corroborada por los propios agentes que participaron en la investigación.

De igual modo, el testimonio prestado en la vista oral por el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo determinó también la culpabilidad del empresario, ya que “había sospechas de que los contratos celebrados por la empresa no eran reales”, así como otras circunstancias como incrementos excesivos en el alta de trabajadores, la existencia de una deuda importante con la Seguridad Social .

Los hechos, según consta en la sentencia,  han sido reconocidos por el empresario, que reconoció que la empresa no tenía actividad de construcción en los años antes citados, y que daba de alta a todos los trabajadores “para que pudieran regularizar su situación y solicitar el desempleo, obteniendo a cambio un beneficio de 150 a 200 euros por mes dado de alta”.

De este modo, el juzgado condena  a 11 meses de prisión y seis de multa con una cuota diaria de seis euros por el delito de falsedad en documento oficial, y a 18 meses de prisión y una multa de 170.847 euros  por el de defraudación a la Seguridad Social, penas con las que en el momento de la vista oral se mostró de acuerdo su abogado defensor.

La sentencia  contempla para el empresario y el resto de los condenados la atenuante cualificada de dilación indebida, ya que han pasado siete años desde el inicio del procedimiento en octubre de 2012 hasta la celebración del juicio.

Por otra parte , 31 de los 38 trabajadores  encausados han sido condenados a tres meses y un día de prisión y tres  meses de multa con una cuota de tres euros diarios por delito de falsedad en documento público al rubricar de forma consciente y deliberada los contratos falsos, tal y como queda probado según la resolución judicial. En el juicio, todos ellos reconocieron su participación en los hechos y expresaron su conformidad con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal.

Para  seis de los condenados, aquellos que en la vista oral expresaron su disconformidad al considerarse no culpables de los hechos que se les imputan, las penas se elevan a cuatro meses de prisión  y otros tantos de  multa.

En la sentencia, solamente  se acordó la absolución de uno de los condenados, ya que la sentencia no considera probada su participación como autor o cómplice en el delito de falsedad documental, ya que  “no existe prueba alguna de cargo, documental o testifical” que así lo determine.