27 millones en 90 minutos

El Consejo de Administración de Caja Segovia aprobó el 22 de diciembre de 2010 las prejubilaciones de sus directivos tras el visto bueno de la comisión de retribuciones

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En tan sólo 90 minutos, el tiempo transcurrido entre la reunión de la comisión de retribuciones y la del Consejo de Administración, los ocho directivos de Caja Segovia obtuvieron el beneplácito de la entidad de ahorro para recibir 27 millones de euros en concepto de prejubilaciones ocho días antes de producirse la integración en Bankia. Así consta en las actas de la comisión y del consejo celebradas el 22 de diciembre de 2010, en la que los órganos rectores aprobaron la suscripción de una póliza de seguro con Caser para asumir el pago de las prejubilaciones; dinero que fue transferido a la compañía aseguradora el 31 de diciembre de ese año a las 13,00 horas, antes de que se concretara la integración de Caja Segovia en Bankia.

En el acta de la comisión de retribuciones —a cuyo contenido ha tenido acceso esta redacción— celebrada a las 12 del mediodía del 22 de diciembre de 2010, se presentó un informe elaborado por la consultora Garrigues Human Capital Services para analizar los nuevos requerimientos en política de retribuciones para las entidades financieras emanados de la directiva europea CRD3; en cuyas conclusiones se aseguraba que la entidad de ahorro no debe adoptar “medidas adicionales mientras no quede resuelta con mayor detalle la organización definitiva del Sistema Institucional de Protección (SIP) en el que se ha integrado la Caja y mientras la citada directiva no sea transpuesta al ordenamiento jurídico nacional, mas allá de la revisión de la regulación del sistema de prejubilación del Comité de Dirección”.

La Comisión conoció también el informe elaborado por el subdirector general de Medios de la entidad, Enrique Quintanilla en el que se analizaba de forma expresa el acceso de los miembros del Comité de Dirección al sistema de prejubilación y el aseguramiento de los compromisos derivados de este sistema a través de la suscripción de una póliza de seguro. Así, el informe aconseja la suscripción de una póliza de seguro antes del 31 de diciembre de 2010 para hacer frente al pago de las prejubilaciones, así como la modificación del reglamento del Plan de Previsión Complementario de Jubilación aprobado por Caja Segovia en 2008 con el fin de hacer posible este compromiso de pago.

El acuerdo de la comisión de retribuciones pasó una hora y media después, a las 13,30 horas de forma simultánea al Consejo de Administración y a la comisión de control, a cuyos componentes “se ha convocado expresamente para que puedan conocer directamente los asuntos a tratar”, según reza el acta de la reunión del máximo órgano directivo de la extinta Caja Segovia. El asunto de las prejubilaciones se incluye en el punto quinto del orden del día, en el que los argumentos esgrimidos por la comisión de retribuciones se llevan al consejo íntegramente y este órgano “queda enterado y hace suyas las posiciones y propuestas” de la mencionada comisión, facultando al presidente del consejo “para el cumplimiento del acuerdo, comunicación a las personas afectadas y suscripción de las pólizas de aseguramiento referidas”.

Nueve días después de esta decisión, tal y como explicaba el diputado de UPyD Andrés Herzog en su comparecencia ante los medios de comunicación del pasado miércoles, Caja Segovia realizó el traspaso de 27 millones de euros a la aseguradora Caser para el pago de las prejubilaciones a los directivos a través de pólizas individualizadas, entre quienes estaban el exdirector general de la entidad, Manuel Escribano.

UPyD Segovia expresó su “estupor” tras conocer los datos de las actas del 22 de diciembre de 2010, y fuentes del partido magenta se preguntan “cómo es posible que nueve días antes de perder la autonomía se aprobara un seguro con Caser que garantiza el cobro de una caja en estado de quiebra”.

Para UPyD, el Consejo de Administración debería “haber mandado a su casa” a los intergrantes del consejo directivo y que ellos “hubieran ido a magistratura a reclamar, algo que hubiera hecho cualquier empresa en esa situación, pero los directivos tenían miedo a que el nuevo Banco revisara las cuentas y se dieran cuenta del verdadero estado financiero de la caja y con el seguro Caser se garantizaron el cobro”.