Un cartel anuncia el alquiler de una vivienda en Segovia. / Nerea Llorente
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Segovia sigue siendo la capital con los alquileres más caros de Castilla y León, con un precio medio de 491 euros al mes según el Observatorio de la Vivienda; que supera los 600 según alguno de los índices de referencia de los portales de alquiler más utilizados. “Se trata de una circunstancia que unida a los bajos salarios, la estacionalidad y la parcialidad en el empleo se convierte en un problema acuciante que afecta de lleno a jóvenes que se quieren independizar y familias trabajadoras que viven de alquiler”, según Guillermo San Juan, portavoz del grupo municipal de Podemos-Equo.

Para el edil, uno de los principales problemas de las familias segovianas es que “la Junta apenas asigna un millón de euros a 632 familias segovianas, y deja sin atender a otras 1.237 familias de toda la provincia”.

“Las ayudas al alquiler 2019 de la Junta de Castilla y León vuelven a evidenciar la insuficiencia de los recursos destinados y con ello la falta de voluntad política. Una familia de cuatro miembros que percibe ingresos iguales o inferiores a 1.600 euros mensuales tendría derecho a percibirlas, pero apenas 632 segovianos de toda la provincia han sido reconocidos como beneficiarios de las ayudas”, argumenta San Juan. La formación reclama que se incremente la cuantía destinada a este fin con al menos un 50% más de recursos, “ya que más de 370 familias segovianas se quedan fuera de las ayudas aunque cumplen los requisitos para cobrarlas”.

Podemos recuerda que el informe FOESSA 2019 para Castilla y León afirma que Segovia cuenta con una tasa del 30,4% de probabilidad de exclusión social en los hogares, casi el doble de la media total. Un porcentaje que se une al indicativo que señala que el 26,5% de la tasa de población infantil de la ciudad se encuentra en riesgo de pobreza, según un estudio publicado en el pasado mes de abril por la consultora especializada AIS GROUP. “En este contexto resulta todavía más evidente que las ayudas para el alquiler, además de ser insuficientes, dejan de lado a muchas trabajadores y trabajadoras con salarios bajos y tampoco resuelven el problema habitacional a las familias en exclusión social que están ligeramente por encima de los ingresos mínimos requeridos”, afirman.