Un grupo de colmenas al fondo, en una finca de la provincia. / kamarero
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La Asociación Cacereña de Apicultores ha planteado un recurso contencioso administrativo (procedimiento ordinario) en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de Instalaciones Apícolas del Ayuntamiento de Aguilafuente, según ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia. El presidente de la asociación, Paulino Marcos, explicaba a esta Redacción que los motivos por los que han recurrido son, que la competencia de la ordenación de los asentamientos apícolas fuera de los cascos urbanos, es de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, y que la ordenanza establece importantes desigualdades de precios para la instalación de colmenas, entre los apicultores locales y los de otras provincias, como es su caso, que hacen la trashumancia de las abejas a Castilla y León.

Paulino Marcos señalaba que este no es el primer recurso que presentan ante el Tribunal Superior de Castilla y León, contra algún otro ayuntamiento que también ha asumido la regulación de la instalación de colmenas. A este respecto, el presidente de los apicultores cacereños asegura que “en cinco o seis casos ya nos han dado la razón”.

Por su parte, la alcaldesa de Aguilafuente, María Luisa López, comentaba ayer que la ordenanza de regulación de instalaciones apícolas fue aprobada por el anterior equipo de Gobierno, por lo que su primera reacción al procedimiento iniciado en Burgos era de sorpresa y desconocimiento del tema. Desde que le ha sido notificado el proceso, ha empezado a estudiar la situación y ver cuales pueden ser las soluciones, en el caso de que haya que asumir algún cambio.  “Vamos a ver qué pasa. Si se vulnera el derecho de igualdad en esta ordenanza, pues habrá que analizarlo, y en el caso de que haya que cambiar algún punto de la ordenanza, siempre será por el interés general del pueblo, no queremos generar perjuicios para nadie”, concluyó la alcaldesa de Aguilafuente.

La ordenanza establece, entre otros puntos, un límite de 120 colmenas por colmenar, y añade que “tendrán prioridad para la instalación de sus colmenas los asentamientos principales. En caso de conflicto de intereses con apicultores que realizan la trashumancia por la ocupación de los terrenos cuando no se cumplan las distancias mínimas, serán los trashumantes los que tendrán que retirar o desplazar sus colmenas”.