Taxidermia
Muestra extraída de un taller de taxidermia. / GUARDIA CIVIL

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia ha investigado a un hombre, de 30 años de edad y vecino de Madrid, por los presuntos delitos de encubrimiento de hechos delictivos, receptación y falsificación de documento. Estos delitos fueron presuntamente cometidos en su condición de propietario de un taller de taxidermia ubicado en la Comunidad de Madrid, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

La investigación comenzó en diciembre de 2020, cuando el SEPRONA tuvo conocimiento de la comisión de dos delitos de caza furtiva y contra el patrimonio en una finca cinegética de la zona de Villacastín. Se tuvieron indicios suficientes tras las pruebas periciales realizadas por especialistas de los laboratorios de Criminalística de la Guardia Civil, así como de los resultados de las inspecciones oculares y las averiguaciones, que culminaron con la investigación del supuesto autor de los hechos.

Una de las piezas clave de la investigación fue la localización de diversos trofeos de caza en preparación en una taxidermia ubicada en la Comunidad de Madrid. De estos trofeos se obtuvieron los indicios necesarios para conectarlos con los delitos de caza furtiva cometidos en el mes de diciembre en Segovia.

Durante las actuaciones para localizar los trofeos, el investigado y responsable del taller de taxidermia donde se encontraban supuestamente realizó actos para tratar de encubrir el verdadero origen de los efectos, incluyendo la modificación de los registros comerciales del establecimiento, y trató de dificultar las actuaciones policiales.

Según han comunicado desde la Subdelegación del Gobierno, “estos hechos resultan particularmente graves, puesto que con estas actividades se trata de encubrir a los autores de actos delictivos de caza furtiva y similares que afectan a la biodiversidad, al medio ambiente y al derecho de los cazadores legales a obtener las piezas de caza que están autorizados a abatir, piezas que normalmente suponen un alto precio económico”.