Fachada del Ayuntamiento de El Espinar con una pancarta reivindicativa. / E.R

«No vamos a permitir que nos quiten el dinero de los vecinos. El dinero de El Espinar es de El Espinar”, declaró Tomás López, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento durante la celebración del pleno ordinario que tuvo lugar en el día de ayer. En él, se aprobó una moción conjunta presentada por PP, VOX y Ciudadanos para “instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales” y que sean los ayuntamientos los que decidan en qué se gastan sus remanentes de tesorería. Además, y haciendo uso de dichos remanentes, también se aprobó el gasto de 681.000 euros en la compra de un vehículo 4×4 para la Policía Local, otros dos para Urbanismo, la compra de dos barredoras multifunción, un desfibrilador para la Agrupación de Protección Civil y la sustitución de luminarias antiguas por otras led.

Otro de los asuntos tratados fue la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de policía sobre protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de residuos. Con los votos a favor de PP, VOX y Cs se aprobó el cambio de sistema. Las alegaciones presentadas por los vecinos fueron “desestimadas por criterios técnicos”, tal y como informó el concejal de Medioambiente, el cuál también anunció que están trabajando en la modificación de las tasas de basura para que sean más justas y respondan a las necesidades actuales y a los servicios que se prestan.

El punto del día más polémico fue la aprobación de otra de las mociones que presentó el equipo de Gobierno en la que reclamaban “medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas”, un tema de máxima actualidad en la localidad por el aumento de casas ocupadas en los últimos tiempos. La concejal de VOX, Montserrat Sanz Solís, consideró “que nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de proteger a los propietarios frente a la ocupación ilegal, que también sufren las comunidades de vecinos ya que el tráfico de drogas es uno de los fines que tienen estas ocupaciones«. Según informes policiales, en 7 de cada 10 ocupaciones se realizan actividades delictivas. En la moción se solicitó que se agilicen los desalojos de los domicilios ocupados y se habilite a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para hacerlo. Sanz Solís instó al Gobierno a “promover la lucha contra la ocupación ilegal, así como a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada”. La moción fue aprobada con los votos de PP, VOX y Cs.