
Un total de 3.242 profesionales del campo están llamados a votar el próximo domingo 12 de febrero en las elecciones agrarias que se han convocado y que servirán para medir la representatividad de las organizaciones del sector. A Segovia le corresponden seis vocales en el Consejo Agrario Provincial, cuyos nombres saldrán de los comicios que se desarrollen dentro de dos semanas.
En total habrá tres organizaciones en liza: Uccl, Asaja y La Alianza (UPA-Coag). Se mantiene así el número de candidaturas que se presentó en las elecciones de 2018. En cambio, el número de electores ha bajado en 294 por haber menos población dedicada al campo.
Todas las organizaciones profesionales agrarias confían en mejorar los resultados de 2018 en las elecciones agrarias.
En la actual campaña de difusión están recordando sus principales reivindicaciones: al Gobierno central una aplicación rigurosa de la Ley de la Cadena Alimentaria, en pedir a la Junta una mayor interlocución y en solicitar a Europa una mayor flexibilidad en la nueva PAC que para las opas de la Comunidad conlleva unas limitaciones que ahogan más al sector productivo.
En Segovia, la formación agraria que tuvo los mejores resultados en 2018 fue UCCL, con el 51,8 por ciento de los votos, que le sirvieron para tener cuatro representantes de los seis que le corresponden a la provincia en el Consejo Agrario Regional. Logró 1.184 votos, una cifra ligeramente inferior a la convocatoria anterior, de 2012, en que logró 1.245 (55,31%).
Este año acude con una nueva ejecutiva, que encabeza César Acebes Soto, elegido el pasado fin de semana en el congreso que celebró esta organización en la capital segoviana.
Por su parte, Asaja obtuvo el 33 por ciento de los votos emitidos en Segovia, lo que le sirvió para tener dos representantes en el Consejo Agrario. Al igual que en la convocatoria anterior, fue la segunda fuerza de la provincia. Prosigue al frente de esta candidatura el agricultor Guzmán Bayón, que también espera mejorar los resultados de las últimas convocatorias.
Por su parte, la alianza UPA-Coag sumó en el año 2018 el 13,2 por ciento de los votos (301) que le impidió obtener representación, porque se exige llegar al 15% de los mismos. La lidera en Segovia el agricultor y ganadero de Cantimpalos, Pedro Matarranz, que se muestra convencido de poder obtener en esta ocasión representatividad en el Consejo.
Se podrá votar el día 12 de febrero de 10:00 a 17:00 horas, pero ya se ha abierto el plazo para hacerlo de forma anticipada en la Delegación Territorial de Agricutura, en el barrio de San Lorenzo.
DATOS REGIONALES
A nivel regional Asaja se convirtió en febrero de aquel año en la vencedora, con el 42 por ciento de los votos. Por ello ahora confía en “revalidar y mejorar los resultados” dado que, en palabras de su presidente, Donaciano Dujo, su organización es “el tractor que mueve las reivindicaciones del campo en Castilla y León” como demuestra, a su juicio, “el trabajo, la pelea y los resultados de estos años”. En todo caso, la principal petición de Dujo a los agricultores y ganaderos de la Comunidad es a la participación en dichos comicios, con el objetivo de que el 12 de febrero “vayan a votar los 38.800 agricultores convocados”, bajo la perspectiva de que “cuantos más votos, más fuerza tendrán las opas y el sector” para “defender sus intereses”.
UCCL también acude a los comicios con la esperanza de “mejorar resultados” tras las elecciones de 2018, donde uno de cada cuatro electores apostaron por la Unión de Campesinos de Castilla y León. Su coordinador, Jesús Manuel González Palacín, espera que los agricultores y ganaderos de Castilla y León reconozcan el “buen trabajo” realizado estos cinco años en su defensa de los agricultores a título principal para la nueva PAC. “Nosotros teníamos el mismo discurso en todas las comunidades y las otras organizaciones decían una cosa distinta en cada territorio”, explica Palacín, apuntando que con esto último “se perdió la gran oportunidad de orientar la PAC a los verdaderos profesionales del campo”. En todo caso, y de cara a la campaña, consideró que si desde UCCL son “capaces de que la gente lo sepa, el resultado será muy favorable” para la organización en las próximas elecciones agrarias.
Por su parte, UPA y COAG renovaron su alianza para presentarse conjuntamente a las elecciones. Unos comicios a los que llegan bajo el lema ‘Lo nuestro es defender lo tuyo’ y donde esperan, “dar el callo y ganar las elecciones” bajo la perspectiva de ser las organizaciones que defienden “una agricultura familiar, que es la que se lleva en Castilla y León”, y ser así “alternativa a la otra fuerza mayoritaria”.
Reivindicaciones que unen a todo el sector
A pesar de la rivalidad que aparentan las elecciones agrarias, lo cierto es que todas las organizaciones profesionales mantienen objetivos comunes, centrados en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos.
Puede a menudo resultar más distante la posición de un agricultor y un ganadero de una misma organización agraria, que la de dos compañeros afiliados a sindicatos distintos. Por este motivo las elecciones no apartan a las opas de su espíritu reivindicativo y en muchas ocasiones han hecho frente común cuando se ha tratado de defender al campo.
Para este año, todas las opas esperan, en primer lugar, que el tiempo atmosférico “sea benévolo” para que los cultivos y los pastos puedan “crecer” y se obtenga una “buena producción”, al contrario de lo que sucedió en el ya pasado 2022.
Pero el principal objetivo que marcan las opas es que la Ley de la Cadena Alimentaria “se aplique con el máximo rigor para que ni un solo producto agrícola se venda por debajo de los costes de producción”, tal y como apuntó el presidente de Asaja y en lo que coincidieron desde la Alianza UPA-COAG bajo la perspectiva de “garantizar la producción de alimentos” asegurando la “rentabilidad” de las explotaciones, algo que, bajo su perspectiva, solo se logra con el cumplimiento de dicha Ley.
También para UCCL es un objetivo prioritario conseguir que las Administraciones pongan en marcha “herramientas concretas para poder aplicar” la Ley de la Cadena Alimentaria como la publicación de “costes de producción oficiales para tener una referencia a la hora de negociar los contratos” ya que, sin estos costes oficiales, “la Ley no sirve para nada”.
Y es que el objetivo que tiene todo agricultor y ganadero de Castilla y León es “vivir del precio que nos pagan” y por ello reclaman una cantidad “digna y justa”, así como una PAC “flexible” en cuanto a las exigencias medioambientales porque la que entra en vigor este 1 de enero “está diseñada hace siete años con un escenario diferente”, por lo que necesita “redefinirse para un escenario de crisis alimentaria a nivel mundial en el que Europa necesita producir alimentos”.
También desde la Alianza UPA-COAG critican la nueva PAC, desde la perspectiva de que “la agricultura tiene futuro pero no por el camino por el que nos lleva la Unión Europea”, por lo que Pedro Matarranz aventura que el documento “tendrá una reforma intermedia” y, finalmente, “no durará mucho” porque la realidad se impondrá.
En el mismo sentido se manifiestan Guzmán Bayón y Donaciano Dujo, que definen la nueva normativa comunitaria como “un ladrillo de mil páginas” que aconsejan a las instituciones europeas, nacionales y autonómicas “que lo tiren a la basura” y rehagan un documento para una PAC “profesional y productiva” que es “lo que necesitan los agricultores para ser libres y producir alimentos”.
Asaja también insiste en exigir un “cambio de rumbo” a la CHD en el Plan Hidrológico mientras pide a las administraciones ampliar los presupuestos para tener “más infraestructuras hidráulicas y más desarrollo de regadíos para estar en la media española”, para lo que será necesario incorporar 300.000 hectáreas más y modernizar “las 120.000 que faltan”. “Con eso, tendremos ilusión para incorporar a los jóvenes, crearemos riqueza, empleo, alimentos y desarrollo rural y medioambiental”, concluyen.
Su última petición, “que las decisiones políticas de criticar al sector se acaben”, coincide con la crítica de la Alianza UPA-COAG a “la obcecación del Ministerio para la Transición Ecológica de no retirar al lobo del Lespre” o a las críticas al sector del ministro de Consumo, Alberto Garzón, motivo por el que pidieron tanto a los ministerios como a las consejerías de la Junta que “dejen de utilizar a los agricultores y los ganaderos para sus guerras particulares”.
A la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta la reclaman todas una mayor interlocución con el sector. La culpan de haber “desaparecido” y “cuando reacciona, lo hace tarde, mal y nunca”.