El Pleno de las Cortes aprobó este miércoles la proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno de España la reapertura “inmediata” de la línea del tren Madrid-Aranda-Burgos para el tráfico de mercancías, “previa adecuación y recuperación de su operatividad”. El texto aprobado -gracias a los votos del PP, Vox, UPL-Soria Ya, Grupo Mixto y la abstención del PSOE y de Pablo Fernández (Unidas Podemos)- recoge que la apertura de la línea sea “tangible” por lo que exige partidas económicas presupuestarias “concretas” y distribuidas en anualidades “continuadas”.
El procurador de Vox, Ignacio Sicilia, apuntó que es de “obligado cumplimiento” favorecer el transporte de mercancías a través del ferrocarril. Y es que precisó que la línea Madrid-Aranda-Burgos lleva años en situación de abandono, pese a la “enorme” demanda de la industria burgalesa desde 2015 pero también los operadores ferroviarios, el Puerto Seco de Burgos, los puertos de Bilbao, Valencia y Algeciras así como el empresariado madrileño. Además, precisó que España está a la cola de Europea en el transporte de mercancías, con solo el cuatro por ciento frente al 20% de la media de la Unión Europea, que se ha propuesto elevarlo hasta el 50%. También, valoró el “beneficio social” para las provincias de Burgos, Segovia y Madrid tener abierta esta línea ferroviaria.
El Partido Popular, a través de Emilio Berzosa, recordó que la línea del tren directo por Aranda de Duero fue inaugurada por Renfe en 1968 como la conexión “más cercana” entre Madrid y el País Vasco. Valoró las inversiones de la Junta de más de 18 millones de euros para la ampliación del Centro de Transporte de Burgos y Villafría y la construcción del ramal ferroviario del polígono ‘Prado Marina’ de Aranda de Duero. Lamentó el abandono “absoluto” de la línea desde hace más de diez años que afecta al crecimiento a la Ribera del Duero y afecta a cuatro provincias como Burgos, Soria, Segovia y Valladolid, por lo que demandó a Adif -titularidad de la línea- acometer su puesta en servicio.
En este sentido, precisó que el derrumbe en el túnel de Somosierra en 2011 impide la conexión entre Madrid y Aranda de Duero. “El Gobierno de España no ha hecho nada por su reapertura y solo ha licitado este año el estudio por 89.000 euros para la retirada de la bateadora del túnel. ¿Pero, de qué sirve sacarla si al salir del túnel hay troncos de árboles en mitad de la vía?”, se preguntó. Por último, exigió una apuesta firme por su arreglo integral para el desarrollo económico de una parte importante de la Comunidad, potenciar la logística para que los transportes hagan 87.000 de kilómetros menos al año, poniendo como ejemplo el Puerto de Bilbao. Eso, a su juicio, conllevaría ahorro para las empresas, mejores costes de transporte y una menor contaminación ambiental.
La PNL de Vox, tras aceptar las enmiendas de sustitución del Grupo Parlamentario Popular, instaba al Gobierno de la Nación a declarar la obligación de servicio público para el tramo de línea de alta velocidad entre Valladolid-Palencia-Burgos; Sanabria-Zamora-Madrid y León-Madrid, de igual forma que ya tienen ese estatus Madrid-Segovia-Valladolid desde 2008 y Madrid-Medina del Campo-Salamanca desde 2015. De esta manera, según Sicilia, estos servicios contarán con precios “asequibles”.
Y es que el procurador de Vox aseguró, según recogió la Agencia Ical, que su formación no puede “consentir” agravios comparativos entre los vecinos de las distintas capitales de provincia por que todos deben tener las mismas ventajas que otros usuarios de tramos de Alta Velocidad como Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. Sicilia apuntó que la Comunidad sigue esperando para que las líneas de Alta Velocidad tengan la relevancia “esperada”. Además, consideró que una manera de frenar la despoblación es facilitar los desplazamientos para estudiar y trabajar por que contribuye a frenar el “abandono” de Castilla y León.
Además, la PNL instaba al Ejecutivo central para que el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana establezca como “condiciones generales o contratos tipo” para los abonos o tarjetas multiviajes de transporte ferroviario de viajeros una duración mínima de un 60 días para su consumo. En estos dos puntos, el texto salió adelante con los votos de toda la Cámara, salvo las abstenciones del PSOE y Pablo Fernández, de Podemos.
«Se moje» la Junta
Precisamente, Laura Pelegrina, del Grupo Parlamentario Socialista, lamentó que Vox solo traiga reivindicaciones que son competencias del Gobierno central, excluyendo “premeditadamente” a la Junta, lo que, a su juicio, implica reconocer que la Junta es la responsable del aumento de las desigualdades entre los territorios y culpable de generar agravios comparativos entre los usuarios de los servicios ferroviarios. “Exigimos que la Junta se moje, se implica y se comprometa, además de demostrar que tiene voluntad de poner que afronten el reto demográfico y apoye a todos los usuarios, tanto a los recurrentes de la Alta Velocidad y los de las líneas convencionales. La Junta tiene que arrimar el hombro para todos”, sentenció.
Es por ello que instó al Ejecutivo autonómico a firmar un convenio de colaboración con Renfe para financiar el mantenimiento de los servicios ferroviarios deficitarios, declarados de obligado servicio público. Apostó por bonificar un 25 por ciento las tarifas de los usuarios recurrentes de las líneas del AVE de los tramos de Palencia, Burgos, León y Zamora, además de a los de los viajeros de las líneas convencionales.
Pedro Pascual, de Por Ávila, reclamó a la Junta que cumpla con los abulenses y traslade al Ministerio la necesidad de contar con un transporte ferroviario de “este siglo”. No en vano, pidió que los abulenses no tengan trenes del “año de la polca”, que aunque fueran gratuitos hay que hacer un esfuerzo por usarlos.
En el mismo sentido, se pronunció Vanesa García, del Grupo UPL-Soria Ya, quien denunció el aislamiento que ha sufrido la ciudad y que ha acelerado la despoblación al no contar con un adecuado servicio ferroviario adecuado. Es por ello que pidió, “por principios de justicia e imparcialidad”, la prolongación de la línea hasta Arcos de Jalón, a través de Sigüenza, con el objetivo de facilitar la movilidad de los sorianos.
Por su parte, Francisco Igea, de Ciudadanos, criticó a Vox por pedir algo que ya han demandado las Cortes de manera reiterada. “Pueden luchar contra el comunismo pero hay que trabajar. Busquen algo original que le molen al señor Gallardoni”, aseveró. Pese a ello, votó a favor al considerar que es algo “útil” para mantener la población.
