La falta de acceso a cierta información y recursos, un ambiente social a menudo más conservador y una mayor dependencia económica con sus parejas son algunos de los factores que hacen del medio rural un entorno especialmente difícil para que las víctimas puedan escapar de la violencia machista.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López, señala que las víctimas que viven en el medio rural normalmente tardan más tiempo en pedir ayuda que las que viven en entornos urbanos. Lo observaron en un estudio llevado a cabo sobre este asunto en 2020 en colaboración con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

“Las mujeres que prestaron testimonio habían sufrido violencia durante una media de 20 años, lo que es una barbaridad absoluta; son mujeres mayores que han recibido una educación machista y patriarcal y que asumen la violencia como algo con lo que tienes que convivir”, comenta Teresa López.

Para Fademur, los datos de asesinatos machistas representan solo “la punta del iceberg”, pero también reflejan una mayor vulnerabilidad en los pueblos: “En 2021 ha habido 40 mujeres asesinadas, 17 de ellas en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que representa un 42,5%”, detalla.“Pero es que la población que vive en el medio rural no llega al 30% de la general, por eso decimos que existe un desequilibrio evidente”, precisa López.

Mayor vulnerabilidad

Lorena Calvo es trabajadora social y coordinadora de uno de los cuatro Centros de Acción Social (CEAS) de la Diputación de Segovia y coincide en que, normalmente, en estos entornos la violencia machista se esconde aún más.“En el medio rural, la población al final es más machista porque las creencias están más arraigas, hay menos recursos, menos servicios, más aislamiento, menos posibilidades de empleo.. y esto provoca que las mujeres sean más vulnerables”, explica.

“También creo que, como aquí todos nos conocemos, tienen miedo a que se las juzgue. Por culpa del machismo en la sociedad, de alguna manera siempre se busca la culpa en la mujer: ‘algo habrá hecho’, y por eso hay mucho silencio y ocultación”, reflexiona la experta.

De hecho, en estos CEAS no es habitual que una mujer llegue para pedir ayuda identificándose como una víctima de violencia de género, sino que, las que acuden, normalmente lo hacen por otras cosas, como ayuda para sus hijos o demanda laboral, y son las profesionales las que lo detectan.

“Al no reconocerse como víctimas de violencia de género, tenemos que trabajar desde otros ámbitos hasta que consigues empoderarlas… pero sin nombrarlo”, lamenta Calvo, quien asevera que “si no reconocen el maltrato, es complejo tratarlo directamente, puedes perderlas”.

En estas unidades han detectado un aumento de casos de violencia de género en los últimos años, más acentuado aún tras el comienzo de la pandemia: Desde 56 mujeres atendidas en toda la provincia de Segovia en 2017 a 88 en 2018, 109 en 2019, 105 en 2020 y 126 en 2021.

Crónica del maltrato en primera persona

Un ejemplo de estas mujeres víctimas de violencia machista en el medio rural es Mari Carmen Agüero, de 72 años, que el pasado mes de junio denunció a su pareja después de tres años de relación abusiva y un último episodio de violencia en el que llegó a temer por su vida en su casa de Aldehuela del Codonal, un pueblo a 50 kilómetros de la capital segoviana con 23 habitantes censados.

Mari Carmen ya había sufrido violencia machista del que fue su marido durante 39 años, aunque nunca lo denunció ni se separó porque pensó que perjudicaría a sus dos hijas. Pero no pudo aguantar más: “Yo empecé a vivir después de mi separación. Todo lo que he vivido, ha sido después de eso”, comenta a Efe.

En 2018 conoció al que ha sido su última pareja, con el que volvió en 2020 a su pueblo natal para estar más protegidos del virus. Allí, Mari Carmen revivió un infierno que ya conocía. Después de meses de terapia, ahora echa la vista atrás y sabe que, como es habitual en estos casos, todo empezó mucho antes de lo que ella pensaba: “No me valoraba, siempre quería quedar por encima, me controlaba con el teléfono”, enuncia. Después de un episodio de violencia en el que vio en riesgo su vida, consiguió echar a su agresor de casa y llamar a la Guardia Civil, lo que ha derivado en una orden de alejamiento y tratamiento psicológico por parte de los Servicios Sociales de la Diputación.

Después de todo, Mari Carmen ha encontrado cierta paz, aunque el temor pervive.
“He tenido mucho miedo y sigo teniendo. Siempre estoy con la puerta cerrada y las ventanas, porque tiene una orden de alejamiento, pero no me fío”, comenta.

Para su seguridad, dispone de un dispositivo de Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de este tipo de violencia. Tras esta experiencia, Mari Carmen anima a otras mujeres “a que denuncien, que no esperen, que no van a cambiar, que van a ir a peor. Que no aguanten”, insiste.