bosques

En lo que llevamos de verano se han quemado miles de hectáreas en los países europeos y en Estados Unidos, mientras que el calor no ha ayudado a mitigar dichos fuegos. Unos bosques que constituyen una herramienta vital para mitigar el cambio climático y cumplir los objetivos europeos en materia climática y medioambiental.

La calidad del aire en Europa ha mejorado considerablemente desde que la Unión Europea y sus Estados miembros introdujeron medidas relativas a la calidad del aire durante las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo. Las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del transporte, la industria y la generación de energía producen altas concentraciones de contaminación atmosférica que inciden en la salud de los europeos. Según el Informe anual de la calidad del aire de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mayoría de las personas que viven en las ciudades europeas siguen expuestas a niveles de contaminación atmosférica que la Organización Mundial de la Salud considera nocivos, y de hecho las concentraciones de partículas finas fueron las responsables de cerca de 400.000 muertes prematuras anuales en los 27 países de la Unión Europea.

El Consejo Europeo, del día 10 de diciembre de 2020, acordó elevar del 40% al 55% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030 en relación con el nivel de 1990. Un objetivo intermedio para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Es decir que las emisiones de gases de efecto invernadero a mediados del siglo XXI sean sólo las que puedan absorber los sumideros, principalmente los bosques.
Los bosques constituyen el pilar de la lucha contra el cambio climático, dado que son los principales almacenadores de carbono de nuestro planeta, al mismo tiempo que no sólo absorben los gases de efecto invernadero (4.000 millones de toneladas anuales de CO2), sino que también emiten oxígeno, regulan el flujo de agua, mejoran y mantienen la calidad de nuestros suelos.

El 12 de diciembre de 2015, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático, se adoptó el Acuerdo de Paris. España firmó el citado Acuerdo el 22 de abril de 2016, que entró en vigor el 11 de febrero de 2017. Un Acuerdo de Paris que tiene como principal objetivo el de limitar el aumento de la temperatura media del planeta a 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales.

En el año 2018 se aprobó la Directiva 410/2018/UE para intensificar las reducciones de emisiones, una Directiva que constituye el marco legislativo de la Unión Europea para el período 2021-2030. Mientras que en diciembre de 2020, los ministros de Medio Ambiente de la UE alcanzaron un acuerdo acerca de una orientación general sobre la propuesta de la Comisión de Ley Europea del Clima, incluido un nuevo objetivo de la UE de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de al menos un 55 % para 2030 respecto de los niveles de 1990, siguiendo las orientaciones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2020.

Además, la Ley 9/2020, de 16 de diciembre, ha modificado la regulación del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como el procedimiento de asignación de derechos de emisión, mediante subasta o asignación gratuita. Unos derechos de emisión que son en gran parte causantes del aumento del precio de la electricidad, dado que las empresas productoras de electricidad han de pagar por unos derechos de emisión que se han duplicado y rondan los 56 euros por tonelada este mes de agosto.

En definitiva, la normativa europea contra el cambio climático se centra en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, olvidando que los bosques suponen un sumidero de carbono, al mismo tiempo que emiten oxígeno a la atmósfera. Por lo que, debería reconocerse a los titulares de los bosques unos derechos económicos en relación con la toma de carbono atmosférico y la emisión de oxígeno con la fotosíntesis (se ha calculado que un kilómetro cuadrado de bosque genera mil toneladas de oxígeno al año). Unos derechos económicos que deberían ser abonados periódicamente por la Unión Europea, o ser susceptibles de comercialización. Es decir, vendidos a las empresas que emiten gases contaminantes, a fin de mantener su actividad productiva.

Esos titulares de los bosques que, con los ingresos obtenidos por la comercialización de sus derechos económicos, pueden gestionar adecuadamente la superficie forestal de nuestro país, o bien ampliar su superficie. Segovia cuenta con una superficie forestal de 184.820 hectáreas, bosques como los pinares de Valsaín, de El Espinar, de Coca, de Nava de la Asunción, de Navas de Oro, de la Sierra de Gaudarama y tantos otros, que constituyen un elemento fundamental para la consecución de los objetivos contra el cambio climático en España.

Sin embargo, las Administraciones Públicas ignoran los derechos de los titulares de esos bosques, y hacen caso omiso a estas consideraciones técnicas, económicas y científicas. Por ello, los Ayuntamientos, las organizaciones medioambientales y los propios ciudadanos deben tomar conciencia de esa problemática, y exigir de los poderes públicos que reconozcan a los titulares de los bosques el derecho a la comercialización de sus derechos económicos, por los efectos beneficiosos sobre el medio ambiente.