El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización que desarrolla el proyecto regional de ampliación del polígono los Hitales de Bernuy de Porreros (Segovia)», promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). Un informe que ha determinado que el proyecto evaluado no tendrá efectos “significativos” sobre el medio ambiente, y en consecuencia no debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se ejecuten las medidas contempladas en el documento ambiental con las medidas preventivas y correctoras.
En el citado municipio, próximo a la capital segoviana y bien comunicado a través de la autovía A-601, se localiza un sector de suelo urbanizable industrial con una superficie de 25 hectáreas, ordenado pero que no ha culminado aún su desarrollo urbanístico y ejecución material, rodeado de terrenos cuya titularidad corresponde mayoritariamente a la administración local.
Allí, son varias las iniciativas empresariales que, según la Junta, cuentan con capacidad para la creación de empleo y la dinamización de la actividad económica, como la plataforma logística de Drylock, lo que ofrece unas condiciones favorables para el desarrollo de una actuación industrial de iniciativa pública y “de interés para la Comunidad”.
El Plan Regional, promovido por Somacyl, establece los mecanismos necesarios para, por una parte, completar el desarrollo de este sector y, por otro, garantizar la integración con un nuevo sector de uso predominante industrial que denomina ‘Ampliación Los Hitales’ y cuya superficie es de 83 hectáreas.
Con su ejecución se obtendrán más de 760.000 metros cuadrados de nuevas parcelas, de dimensiones y superficies diferentes, con más de 530.000 metros cuadrados de edificabilidad destinados a actividades productivas. El monto global de las inversiones previstas para llevar a cabo esta actuación, asumidos por la Junta de Castilla y León, alcanza los 20 millones de euros.