La carretera se mantiene como la principal infraestructura sobre las que se asienta el transporte en las zonas rurales. El autobús representa el único medio de locomoción público para la mayoría de los pueblos. En algunos privilegiados hay un taxi, pero no siempre disponible.
El Ministerio de Transportes ha elaborado un nuevo mapa de rutas entre comunidades en base a que el actual está “obsoleto”, pues lleva “sin modificarse más de 30 años”. Por ello, aplicando un criterio de rentabilidad -propio de una empresa privada-, este nuevo mapa diseñado por el Ministerio que dirige Raquel Sánchez, aún en revisión, haría que en el ámbito estatal se pasaría de los 77 contratos actuales, que atienden 4.088 paradas en 1.837 municipios, a 22 concesiones, con 3.285 paradas en 792 municipios, según el primer borrador del documento de trabajo elaborado por Ineco, la consultora pública. Ello supone reducir el número de rutas, el de paradas y el de viajeros accesibles.
El documento con el nuevo mapa lo publicó el Ministerio en su página web y lógicamente, se encendieron las alarmas en prácticamente todo el país, especialmente en la España de provincias, que sigue teniendo a las carreteras como la vía de transporte de referencia.
Tras ver cómo se revolvían las zonas rurales -aquellas a las que debería mimar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que también tiene su sede en pleno centro de la capital madrileña-; el Ministerio de Transportes quiso explicar que no se va a suprimir ninguna parada de las actuales.
Este rápido desmentido de la ministra se ha replicado por parte de los representantes del Ejecutivo en las delegaciones del gobierno, subdelegaciones, y a través de diputados y resto de cargos socialistas.
Para dejarlo más claro, la ministra de Transportes envió el pasado 27 de julio cartas a los presidentes de las comunidades autónomas donde se han levantado en armas contra el citado mapa de transportes. Asegura que su ministerio “está trabajando en el impulso del sistema de transporte de viajeros por autobús en coordinación con las comunidades autónomas”. Y que quiere “robustecer” las actuales redes de transporte. “Se trata de una evolución necesaria para que este modo de transporte sea aún más efectivos, cómodo y competitivo en este tipo de viajes respecto al coche privado”. “Quiero dejar claro que en ningún caso se va a perder ni uno solo de los servicios que ahora mismo reciben los habitantes de Castilla y León y que no va a desaparecer ninguna de las paradas que se ofrecen actualmente”. “Ese es el punto de partida desde el que vamos a construir el futuro mapa concesional de Castilla y León”, añade.
Lo mismo hizo la subdelegada del Gobierno, Virginia Barcones, en varias provincias de esta Comunidad. Desmintió que se vayan a ver perjudicados los ciudadanos. “Lo voy a decir con absoluta claridad. No se va a suprimir ninguna parada, ni ninguna línea que dependa de la Administración General del Estado”. “No hay absolutamente nada de cierto” en la eliminación de paradas en 346 municipios de la Comunidad, de acuerdo al borrador del mapa concesional del transporte de viajeros por carretera. Siguiendo el ejemplo de la ministra, ha enviado a los alcaldes segovianos una carta en la que insiste en esta idea.
Los mensajes de la ministra de Transportes y de la delegada del Gobierno en Castilla y León son unívocos y claros en principio. Deberían haber acallado las protestas de quienes ven que pierden servicios. Entonces ¿por qué preocuparse?
Quizá por desconfianza o quizá por mera rivalidad política, las instituciones de aquí mantienen su ofensiva contra el plan del Gobierno en materia de transportes. Desde el PP anunciaron que los pueblos segovianos afectados “pelearán” para que se mantengan esos servicios de transporte. La veintena de localidades que se pueden ver perjudicadas en la provincia llevarán a cabo actuaciones para intentar hacer recapacitar al Gobierno central.
La Diputación de Segovia aprobó a finales de julio una moción pidiendo al Gobierno de España que retire el mapa concesional de transporte público por carretera presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y solicitó que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, así como con los representantes del sector del transporte público por carretera, “orientado a la elaboración de un nuevo mapa concesional que, teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad económica y social, cohesión territorial, reto demográfico y digitalización, sirva para atender de igual modo las necesidades de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, sin discriminar, por tanto a quienes viven en el medio rural”. Este acuerdo aprobado en el pleno fue rechazada por el Grupo Socialista, que considera que las conclusiones del PP están sacadas de contexto y no son definitivas.
LOGÍSTICA
Partiendo de la premisa de que organizar rutas de transporte no debe ser tarea fácil, queda claro que un transporte es cómodo cuando uno ya está montado y el vehículo no hace ninguna parada más. Pero cuantas más veces se detenga, más incómodo y lento va resultando el viaje.
En Segovia estamos acostumbrados a los extremos. Y lo mismo que el crudo invierno y el tórrido verano, en la capital contamos con una estación del AVE y otra de cercanías. Mientras muchos segovianos se ven negros para encontrar plaza en los autobuses de Avanza que viajan de Segovia a Madrid y viceversa cada día, los que circulan por la provincia van prácticamente vacíos. En estos autobuses de línea hay siempre plazas disponibles. Lo que no suele haber es autobuses. Para viajar por el medio rural segoviano, las opciones o frecuencias son más reducidas que para ir a Madrid.
La regla matemática del transporte resulta simple y fácil para justificar su supresión: con menos servicios, menos viajeros; y viceversa. Bien lo sabe Renfe con el tren de Cercanías que viene prestando con lenta agonía desde hace años en Segovia, cada mes con menos frecuencias.
Ese papel es el que corresponde a las administraciones públicas: prestar servicios básicos a los ciudadanos; que para buscar la rentabilidad económica ya están las empresas privadas.
AFECCIONES
De acuerdo con el citado mapa de transporte por carretera, 21 municipios segovianos estarían afectados directamente por el recorte de las rutas de transporte. Son Abades, Bernardos, Carabias, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Fresno de Cantespino, Fresno de la Fuente, Garcillán, Honrubia de la Cuesta, Ituero y Lama, Labajos, La Losa, Martín Miguel, Migueláñez, Navas de Oro, Navas de Riofrío, Navas de San Antonio, Ortigosa de Pestaño, Samboal, Santa María la Real de Nieva y Tolocirio.
Estos pueblos cuentan, algún día a la semana, con conexión con capitales de provincia, sobre todo con Madrid. En el año 2019, estos pueblos, que suman más de 7.000 habitantes, aportaron 14.823 viajeros en ese ejercicio de referencia como año previo a la pandemia del coronavirus.
Por ello, el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo anunció que desde el PP se pondrá en marcha una campaña para instalar pancartas en los ayuntamientos de los municipios afectados por el nuevo mapa de transporte. En ella se podrá leer “Sánchez, el autobús no se quita, sin transporte no hay medio rural”. Al igual que el PSOE hizo con el cierre de consultorios médicos locales, la infantería política del PP apuesta por la cartelería como arma para este verano.
Los plenos municipales de los pueblos también soportarán mociones en este sentido, como el grupo Popular en las Cortes de Castilla y León presentará una Proposición No de Ley, según anunció el procurador, José Luis Sanz Merino, quien además rechaza la filosofía de ese mapa de transportes porque, en su opinión, “sólo se preocupa de que el Estado asuma las líneas de autobús con rentabilidad económica y traslada a las comunidades autónomas las pérdidas y la difícil articulación”. Para este procurador, el enfado resulta doble puesto que fue quien, como anterior viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias de Castilla y León, promovió el actual mapa de transporte intraprovincial con cabeceras en las actuales Zonas Básicas de Salud, se extendió el Bono Rural a toda la provincia, y también el Servicio de Transporte a la Demanda que funciona en una gran parte de los pueblos.
Según dice, “el mapa del Gobierno es contrario a las cacareadas 130 medidas de Sánchez contra el reto demográfico ya que considera únicamente los grandes tráficos de viajeros entre capitales de provincia y grandes poblaciones, lo que constituye un ataque directo a la realidad de Castilla y León y un agravio clarísimo para los ciudadanos de nuestra comunidad”.
Desde la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, se ha elaborado un estudio en el que defiende un modelo liberalizado para las rutas rentables, de más de 100 kilómetros, que sería complementado con un servicio público en aquellas que no lo son para garantizar el derecho a la movilidad. La línea de Avanza (Madrid-Segovia), no se tocaría. Es la más rentable. Los autobuses van siempre llenos, como bien saben sus usuarios.
En cambio, el servicio publico en los recorridos no rentables tendría un déficit de entre 270 y 300 millones de euros. En este último supuesto, 45 millones corresponderían a las líneas estatales y 255 millones a las autonómicas, según los cálculos de Competencia.
Teniendo en cuenta que actualmente hay 1.207 concesiones en toda España, la subvención por concesión oscila entre los 220.000 y 248.000 euros.
Y es que los ocho pasajeros de media por autobús resultan suficientes para el Gobierno a la hora de justificar un nuevo mapa de transporte.
Para el diputado del PP Jesús Postigo el nuevo documento, elaborado por INECO, que según él, contempla la reducción de ciudadanos a los que se presta servicio , de 28,5 millones a 25,2 millones, es un ataque a la población. “No sólo se trata de un trabajo técnico, sino algo con voluntad política”.
En la misma línea se manifestó el senador, Juan José Sanz Vitorio, quien dejó claro que en la última conferencia sectorial, celebrada el 6 de julio, sólo dejaron intervenir en “ruegos y preguntas” a los consejeros del ramo, por lo que lamenta que la ministra de Transportes “no aceptara en ese encuentro incluir en el orden del día un debate sereno y reflexivo del nuevo mapa concesional, algo muy importante por las características de nuestro país a nivel autonómico, provincial y local”. “Esto no es una apuesta para combatir la despoblación ni para fomentar el uso del transporte público. No hablamos de siglas ni de marcas políticas, sino de las cosas que preocupan a los españoles y que nuestros consejeros han puesto encima de la mesa”.
El próximo mes de septiembre el Ministerio de Transportes retomará el asunto, esta vez intentando la complicidad de las comunidades autónomas. Mientras, el mes de agosto pasará con pancartas en muchos pueblos, la mayoría habrán llegado en sus vehículos privados.
