Representantes de los pueblos de la Comunidad de Villa y Tierra. /C.N.
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En la pasada Junta de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, la representante de Olombrada trasladó a los presentes un problema que ha derivado en propuesta. Planteó la necesidad de contratar los servicios de un arquitecto  por parte de su Ayuntamiento que, a posteriori, no puede otorgar las licencias al no tener carácter de funcionario. La concejal de la localidad segoviana, Laura Muñoz Recellado, expuso que su problema es compartido en otras localidades; algunos representantes de otros pueblos plantearon su problemática y se expuso ante la Comunidad la idea de crear una plaza de arquitecto con condición de funcionario en Villa y Tierra. El secretario concretó las dos posibilidades existentes: una contratación administrativa o una plaza en plantilla como funcionario o persona laboral.  Plantean este como un gasto que daría servicio a  los 36 municipios de Villa y Tierra.

Otros representantes discreparon y hablaron de que la carga de trabajo para un solo arquitecto con tanto volumen que atender generaría retrasos. Por otro lado, alcaldes como el de Sanchonuño hablaron de que el servicio que se ofrece en las diputaciones es gratuito. Los municipios de Segovia explicaron que un solo arquitecto en la Diputación de Segovia abastece a más de 200 localidades, mientras que en la de Valladolid existen más puestos para dar este servicio, que siempre es gratuito en las instituciones provinciales.

En cualquier caso, la decisión está adscrita a los todavía inexistentes Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se conozcan no se puede valorar qué plazas pueden crearse, plazas que además se deben incluir en la Oferta Pública de Empleo de  la Comunidad y realizar el requerido proceso de selección por oposición. Una votación informal a modo de sondeo mostró la aceptación de once pueblos de la Comunidad a la posibilidad de crear esta plaza de arquitecto. Tanto el secretario como el presidente de la Comunidad y alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, explicaron que tal y como se articulan las mancomunidades, acabarán prestando este tipo de servicios.

La decisión final fue la de trasladar a la Diputación de Segovia la necesidad de los pueblos de la provincia y comprobar el marco legal a la hora de contratar personal, a la espera de la Ley de Presupuestos Generales.