Carlos Bravo y Ricardo del Val, explicando su proyecto. / Nerea Llorente
Carlos Bravo y Ricardo del Val, explicando su proyecto. / Nerea Llorente

Comisiones Obreras de Ávila y la asociación ecologista Centaurea continúan su particular cruzada contra las irregularidades cometidas en la AP-6. Nadie podrá negar a estas dos organizaciones su empeño, desde hace casi un par de décadas, en desmontar el pingüe negocio de Iberpistas. Y, ayer, en Segovia, presentaron su última iniciativa, consistente en una campaña de micromecenazgo o crowdfunding, a través de la plataforma Verkami, para grabar un documental, titulado ‘AP-6: la moral del vampiro’, donde pretenden explicar, con pelos y señales, la historia de este mayúsculo despropósito, todavía sin fecha de caducidad.

Carlos Bravo, representante de Centaurea, comenzó ayer su intervención —en librería Ícaro de Segovia— relatando que la construcción de la AP-6 arrancó en los años 60, con Franco en el poder, y al final de esa década, en concreto en 1968, se firmó una concesión, por un plazo 50 años, a Iberpistas. Más tarde, con Felipe González en La Moncloa, se planteó la construcción de dos autovías, desde Segovia y Ávila, para conectar ambas capitales con la AP-6. Sin embargo, la llegada al poder de Aznar varió los planes, sustituyéndose los proyectos de autovías por otros de autopistas. Y aunque la declaración de impacto ambiental de ambas infraestructuras resultó negativa, con Isabel Tocino al frente del Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Ministros hizo caso omiso. “No se respetaron las declaraciones de impacto ambiental”, denunció ayer Bravo. Lo cierto es que se adjudicó la construcción de ese ‘paquete de infraestructuras’ —en referencia a la AP-61, de Segovia a San Rafael; y la AP-51, de Ávila a la AP-6— a Iberpistas, empresa que desde el principio reconoció como único interés en llevar a cabo esos proyectos el hecho de que llevaban aparejada una prórroga en la AP-6. Para Bravo, eso fue “un chanchullo”, entendiendo dicha palabra tal y como es definida por el diccionario de la Real Academia, esto es, “manejo ilícito para conseguir un fin, y especialmente para lucrarse”. Así las cosas, el portavoz de Centaurea indicó que se prorrogó, “de forma fraudulenta” la concesión de la AP-6, por un plazo de entre 32 y 37 años. Y, para enmascarar la operación, se creó una nueva empresa, ‘Castellana de Autopistas’ —propiedad de Iberpistas— para que se beneficiara de la prórroga.

Comisiones Obreras de Ávila y Centaurea denunciaron todo aquello en 2000. Pero la sentencia tardó en llegar. Una década. En 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anunció su fallo, en un texto donde reconocía la ilegalidad de la concesión otorgada en 1999. Sin embargo, tal sentencia no ha variado de forma sustancial el escenario, principalmente por el desinterés de los sucesivos gobiernos de España en proceder a su cumplimiento.

Ricardo del Val, de Comisiones Obreras de Ávila, insistió ayer en que afirmar que “la única concesión legal es la de 1968”, cuya vigencia expiró a finales del pasado mes de enero. A su entender, la empresa “está ahora cobrando un peaje de forma ilegal”. Del Val pidió ayer ayuda para poder llevar a cabo el documental, que estará dirigido por José Ramón Rebolleda. Los promotores de esta campaña de crowdfunding necesitan cerca de 10.000 euros para su audiovisual, de 50 minutos de duración, que pretende convertirse en “una herramienta para dar a conocer todo lo que ha pasado en la AP-6”.

En relación al título del documental, ‘AP-6: la moral del vampiro’, Bravo rememoró un artículo aparecido ya hace algunos años en la prensa, en el que desde Comisiones Obreras de Ávila y Centaurea se denunciaba que la empresa concesionaria pretendía “prolongar su vida eternamente a base de seguir chupando la sangre a los ciudadanos”. Para concluir, Bravo defendió que, una vez acabado el plazo legal de la concesión, de 50 años, “la AP-6 debe volver a manos del Estado”, añadiendo que la adjudicataria “ha tenido tiempo más que suficiente para amortizar la inversión que realizó”.