Juzgan al alcalde de Fuentesoto por presunta prevaricación

La Fiscalía rehusa presentar acusación y pide el sobreseimiento de la causa, mientras que la Acusación particular reclama para el regidor y el exsecretario municipal una pena de cinco años de prisión

El alcalde de Fuentesoto, Mariano Parra y el que fuera secretario de la corporación municipal se enfrentan a una pena de cinco años de prisión y nueve de inhabilitación por la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, tras el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial, que quedó visto para sentencia.

La vista oral dirime la denuncia presentada por el empresario y exalcalde de Fuentesoto, Silvino Rojo, que acusa al actual regidor de la revocación irregular de una licencia de captación de agua para la limpieza de un huerto solar de su propiedad y de dificultar la puesta en marcha de una máquina seleccionadora de grano en una de sus naves a través de distintos procedimientos administrativos; así como de duplicar el acta de un pleno para hacer figurar la aprobación de una ordenanza de tasas administrativas que no fue debatida ni aprobada en la sesión.

Durante la vista oral, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones, y la acusación particular mantuvo la petición de condena antes citada, mientras que tanto la fiscalía como los letrados que representan al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario y a los dos acusados interesaron el sobreseimiento del caso y la libre absolución de los demandados.

En su declaración ante el magistrado presidente Ignacio Pando, Mariano Parra reiteró ante las preguntas del letrado de la acusación particular su inocencia, y precisó que todas las actuaciones origen de la demanda se realizaron conforme a los criterios técnicos y legales establecidos a tal fin. En este sentido, señaló que desde el Ayuntamiento se requirió el asesoramiento de los servicios jurídicos de la Diputación, y señaló que las especificaciones técnicas requeridas para denegar la captación de agua solicitada por Rojo y para la demora de la instalación de la seleccionadora de grano fueron realizadas desde la Administración Autonómica conforme a la legislación.

Asimismo, rechazó la acusación de falsedad en el acta del pleno que en julio de 2013 aprobó una ordenanza de tasas administrativas que posteriormente fueron aplicadas al demandante, y señaló que las actas se firman por todos los concejales tras los plenos y en ningún caso hubo reclamación ninguna por parte de los ediles.

En el mismo sentido se manifestó el exsecretario municipal que lo fue de la corporación entre 2009 y 2018, que en relación con el asunto de la acometida de aguas, reconoció que el juzgado de lo contencioso condenó en costas al Ayuntamiento, pero en la sentencia “no se juzgaba la legalidad de la acción, sino el tiempo transcurrido en su aplicación”.

Por su parte, Silvino Rojo aseguró que el actual alcalde “no ha parado de perjudicar” los intereses económicos de sus empresas con estas decisiones y reiteró su intención de reclamar una indemnización de 30.000 euros al Ayuntamiento de Fuentesoto por los daños “económicos y morales” causados por estas decisiones.

En la parte testifical, intervinieron varios concejales del Ayuntamiento de Fuentesoto en la época en la que tuvieron lugar los hechos, quienes reiteraron ante el tribunal la legalidad de los procedimientos y rechazaron cualquier causa de tipo personal en ellos.

También intervino la esposa de Silvino Rojo, que asistió al pleno en el que se aprobó la ordenanza de tasas administrativas, para señalar de forma taxativa que en aquella sesión no se llevó al orden del día este punto, así como destacar el carácter intencional contra su esposo de todas las medidas aplicadas.

La acusación particular elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, al quedar acreditado en su opinión la comisión de los delitos de prevaricación y falsedad documental, mientras que la Fiscalía y las defensas coincidieron en señalar que la vista oral dejó probada la inexistencia de los delitos atribuidos a los acusados. La abogada de los dos acusados expuso ante el tribunal el grave quebranto moral que ha supuesto para ellos esta causa, cuya tramitación se prolonga desde hace siete años, y señaló que en el caso del exsecretario municipal, ha derivado en una depresión que le mantiene de baja laboral.