La implantación de casa de apuestas ha proliferado. / NEREA LLORENTE
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Izquierda Unida San Ildefonso se ha manifestado “totalmente contra” de la apertura de casas de apuestas por considerar que son locales que fomentan la ludopatía y que pueden crear riesgo social en el municipio con graves consecuencias económicas, laborales, sociales, familiares, legales y académicas”. IU muestra su postura a raíz de que se haya solicitado la apertura de una casa de apuestas en el municipio y tras la aprobación de una ordenanza reguladora para la apertura de este tipo de locales, que se elevó al pleno el pasado viernes 18 de octubre.

En un comunicado IU de San Ildefonso asegura que las modificaciones legales aplicadas en Castilla y León favorecen la implantación de las empresas de juego mediante la reducción de cargas administrativas y han abierto una veda que “ahora desde los ayuntamientos nos vemos obligados a restringir”. Hace referencia a la entrada en vigor de la Ley 6/2007, de 20 de Octubre, de Medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial’ que ha modificado entre otras la Ley Reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León. “A partir de este momento, —señala la formación de izquierdas— en la Comunidad empiezan a proliferar las casas de apuestas y salas de juego, creando gran alarma social por las denominadas adicciones sin sustancia.

Ante esta situación, Izquierda Unida defiende que desde las competencias municipales se puede y debe regular la instalación de estos establecimientos, en materia urbanística, delimitando las distancias hasta la zona de influencia de centros de enseñanza, se pueden realizar modificaciones puntuales del PGOU, se puede prohibir o delimitar la publicidad en espacios públicos y fomentar la formación, prevención y educación en esta materia.

Enmiendas

“La ordenanza aprobada provisionalmente en el municipio la propuso el equipo de gobierno, cosa que agradecemos”, señala en un comunicado Izquierda Unida, que fue la única formación política que presentó enmiendas a la misma

Respecto a la polémica sobre la legalidad de esta ordenanza, “hemos confiado en los servicios técnicos de este Ayuntamiento”. “Pese a que el informe de secretaría no es definitorio, creemos que son los técnicos quienes deben redactarla conforme a la legislación”, añade el escrito.
Desde su publicación, habrá un periodo de exposición pública de 30 días, en la que se pueden presentar alegaciones.