Una mujer pasea junto a una oficina bancaria. / JAIME GUERRERO
Una mujer pasea junto a una oficina bancaria. / JAIME GUERRERO

Izquierda Unida Castilla y León critica que un 19’9% de la población de Segovia no dispone de un punto tradicional de acceso a efectivo bancario. En concreto, es la tercera provincia de España con menores ratios de población con un cajero o una oficina bancaria a menos de cinco kilómetros, solo por detrás de Zamora, con un 27’8% de habitantes sin acceso; y Ávila, con un 21%.

Para realizar este análisis, IUCyL se ha servido del informe ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’ realizado por el Banco de España. Así, asegura que el proceso de fusiones de la banca “ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable”, en referencia sobre todo a las zonas rurales.

Así, el estudio recoge que, desde la crisis económica de 2008, ha desaparecido la mitad de sucursales bancarias. Y, en consecuencia, también cajeros y puestos de trabajo. Según el Banco de España, cerca de 1,2 millones de personas no contaban a finales de 2020 con un punto de efectivo y señala una accesibilidad promedio en de unos cinco kilómetros. Un hecho que el organismo bancario explica por la densidad de población y otros factores condicionantes.

No obstante, el partido político considera que el punto de vista económico no puede ser el único desde el que se estructuren los servicios en la Comunidad, pues “en ese caso las zonas rurales siempre saldrán perdiendo”, según indican en un comunicado.
En suma a esto, denuncia que el proceso precipitado y acelerado del cierre de cajas de ahorro sea consecuencia de los casos de corrupción y las sucesivas fusiones bancarias cuyo objetivo es concentrar la propiedad y maximizar beneficios privados “a costa de deteriorar el servicio esencial”, enuncian. A lo que se añade los numerosos despidos de personal producto de cierre de oficinas y de informatización del proceso de negocio de la banca.

De ahí que, desde IUCyL y en un intento de solución de esta problemática, se proponga la creación de una banca pública cuyo principal propósito sea “apostar por la economía real, sostenible y humana creadora de empleo e impulsora de un nuevo modelo productivo para Castilla y León”, determinan.