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Imagen aérea de las defensas del campamento militar romano. / ATAJO

El Ayuntamiento de El Espinar anunció esta semana que no iba a apoyar la investigación que el programa Atajo está llevando a cabo en Canto-Los Hierros, y que cree haber revelado la existencia de dos campamentos romanos en la zona, por falta de pruebas científicas. Unas pruebas que los responsables de dicho programa ven claras.

“Si son varios los restos que identifican a un campamento de legionarios romanos se podría decir que todos o casi todos, y mediante una mera prospección visual y fotogrametría con dron, han sido documentados ya para el acantonamiento militar tardorrepublicano descubierto en El Espinar (moneda partida, punta de flecha bipiramidal, tachuelas de cáliga, parapetos de cantos y tierra, …) y todo ello dentro de un contexto elocuente, es decir, con otros campamentos en torno a un asentamiento indígena gigantesco documentados de modo diáfano mediante visualización LIDAR”, explica I. Aguilera.

Desde el programa Atajo apuntan que el día 11 de marzo enviaron el pertinente informe técnico subsanado para la apertura a uno de los campamentos del PEME, con código 2286084, y así dar de alta el sitio en el ‘Inventario de yacimientos arqueológicos’.

Pero mientras estas son las evidencias que argumentan de modo incuestionable la atribución de las estructuras descubiertas, unas ya custodiadas en el museo provincial y otras en campo aguardando su puesta en valor, desde la dirección técnica del proyecto, lejos de centrarse en la eficiencia de la labor efectuada, contemplan con lastima como se pierden oportunidades para el medio rural.

“Detrás de esta decisión de no hacer suya esta promoción arqueológica del municipio espinariego por parte del equipo de Gobierno, tanto para evitar la confrontación con ciertos latifundistas, como por el temor a la falta de competencia para asumir un reto con una repercusión sin precedente, lo que más alerta ahora a este investigador es que en el último comunicado del Ayuntamiento se halla perdido la cautela, cegados por intentar justificar el desmarque, y se hayan desvelado datos precisos de los restos por documentar, poniendo, ahora sí, en peligro su conservación”, continua el arqueólogo I. Aguilera.

Desde el programa Atajo creen que “la declaración como Bien de Interés Cultural que se respira en el ambiente, y que mas tarde o más temprano, como en casos semejantes, tendría que otorgarse a todo el conjunto en el cual se encuadra el campamento romano intervenido, se ha visto erróneamente como una amenaza a los intereses particulares de las distintas fincas donde se encuentran los bienes públicos hallados”.

“La puesta en marcha de este primer proyecto arqueológico en el término ha sobrepasado para bien lo esperado, por las hipótesis históricas que legítimamente se barajan al albur de los materiales recuperados y el contexto mencionado, aunque por contra ha obligado al Ayuntamiento a mirar para otro lado, desconfiando de no estar a la altura de las circunstancias”, explican.

Mediación

Por ello, y “respetando la triste opción evasiva del Ayuntamiento” y la utilización del informe preliminar del servicio territorial, desde Atajo esperan que las administraciones competentes medien para llevar a cabo la documentación, de mínimo un levantamiento topográfico, de todas las estructuras detectadas y se dote a los investigadores de los permiso de acceso solicitados a finca municipal para continuar con su estudio.

“En la mencionada búsqueda de una excusa para salir del paso, desde el Ayuntamiento se ha recurrido al documento oficial instado al Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Segovia cuya emisión tiene fecha de 18 de mayo y por ello, a pesar de su carácter provisional, en ningún momento alude a haber acudido aún al asesoramiento de técnicos especialistas en castrametación romana y formados en nuevas tecnologías de teledetección como para contradecir los resultados expuestos o, incluso, a haber podido consultar el referido informe técnico subsanado presentado el 8 de marzo, donde sí se comprende todo lo requerido desde la Dirección General de Patrimonio cultural”, concluye Aguilera.