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Después de las declaraciones en el pleno sobre el abandono del local que el PP está usando en el Palacio de Pedro I, los populares han interpuesto un recurso de reposición revisado contra el Decreto de Alcaldía 2020-0070 en el cual se ordena el desalojo del despacho. El grupo de Nuria Fernández lo considera “contrario al derecho”, y desmienten que sea cierto que se les haya requerido formalmente desocupar el local. Defienden que es falso (a pesar de la sutil redacción del decreto”, que el grupo municipal del PP disfrute de ese despacho sin autorización expresa del Ayuntamiento, “puesto que fue concedida por el anterior alcalde, Jesús García Pastor”. Los populares hablan de una “evidente confusión” al no distinguir entre “autorización expresa y tácita” y entre “autorización verbal y escrita” por otro lado. Defienden de nuevo su autorización “expresa, aunque fuera verbal”. 

En cualquier caso, aluden a que si es necesario que conste una solicitud por escrito para su ocupación, con respuesta también escrita, “quizá haya que plantearse de quién es la responsabilidad de que no se haya hecho, no solo en este caso, sino en otros supuestos similares”. Reiteran en este recurso que la ley defiende un local para los grupos políticos que la corporación debe poner a su disposición para reunirse y recibir visitas de ciudadanos, algo que también defendieron en el último pleno ordinario. Fue en esta sesión en la que hablaron de que los fundamentos han cambiado,  “quizá porque han comprobado que teníamos razón y su socio en el Gobierno Municipal, IU, ocupa un local municipal, exactamente en las mismas condiciones que el PP”. El grupo de Nuria Fernández recrimina al Gobierno local que ahora “el fundamento último no sea promover ese tratamiento igualitario, sino mantener las finalidades de interés general para las que se crearon estos despachos, en el seno del vivero de empresas”. Explican que hay despachos que quedan libres, con lo que “no se causa ningún trastorno real a la finalidad que tiene como vivero de empresas”.

Con este planteamiento, los populares solicitan que se anule o declare improcedente el requerimiento anterior que obliga a desalojar el local. Que en aras del tratamiento igualitario, se permita  permanecer en él con servicios mínimos. Igualmente, piden que se cite al anterior alcalde a fin que declare  si otorgó autorización expresa al grupo para ocupar el local en los mismos términos en los que lo hizo anteriormente con IU. Solicitan un informe sobre la situación jurídica en la que se encuentran los usuarios de los locales de los grupos IU y PP, y que se persista en el tratamiento igualitario. Por último y si fuera necesario por asentamiento de alguna nueva empresa, requieren se les proporcione otro local “para poder trasladarnos y dejar libre el actual que venimos ocupando”.