Los restos de los cuerpos aparecieron unos sobre otros. José Redondo.
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Los primeros rayos de sol del décimo día de duros trabajos en la fosa común del cementerio de El Espinar hicieron brillar la esperanza en forma de alianza. De entre los varios objetos personales que venían encontrando, este llamó la atención desde el primer momento. Tras una breve comprobación, la emoción inundó al equipo de trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). La fecha grabada coincidía con el día de la boda de Eugenio Insúa e Irene Serrano. Este dato confirmaba casi al cien por cien que el miliciano buscado se encontraba en esta fosa.

Según los datos históricos facilitados por los historiadores Jesús Vázquez y Santiago Vega, el 19 de julio de 1936 llegaron a El Espinar dos camiones de milicianos voluntarios. Entre ellos se encontraban trabajadores de la Casa de la Moneda y del Ministerio de Fomento que venían del otro lado de la sierra, de la Comunidad de Madrid, y se unieron a los locales para devolver la legalidad republicana en el municipio.

El 25 de julio arribaron efectivos militares y falangistas y les rodearon en la plaza del Ayuntamiento, terminando en unas horas con la vida de gran parte de ellos y con la esperanza de recuperar la democracia. Diecisiete milicianos, entre los que figuraba Eugenio Insúa Alós, fueron tiroteados y sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común situada en el cementerio municipal.

“El día 25 todo pasó en un segundo. Estaba todo tranquilo cuando de repente empezó el tiroteo. Todo comenzó por un chivatazo de que bajaba un grupo de civiles republicanos por el monte para apoyar a los que habían tomado el Ayuntamiento de El Espinar”, cuenta Maruja, que con tan solo 11 años se encontraba presente en el pueblo. “Trataron de esconderme, pero la niña ya lo había visto todo. Vi los cuerpos de los tiroteados”.

“Nunca supimos quiénes eran los que habían muerto, no los conocíamos y durante muchos años nadie los reclamó. Se llevaron a los cuerpos en carretillas hasta el cementerio donde había otros dos o tres muertos. Todo el pueblo sabía que les enterraban allí, en el cementerio civil que estaba a mano derecha. Fue una masacre y yo pasé mucho miedo”, recuerda Maruja.

Hoy, 84 años después, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, está cumpliendo el sueño de los familiares de Eugenio Insúa y de todos aquellos que quieren hacer justicia. Han realizado en la localidad espinariega un proyecto de intervención para la búsqueda, localización y recuperación de los restos de los milicianos que fueron asesinados allí. El trabajo ha sido coordinado por Marco Antonio González Carrera, también vicepresidente de la Asociación; el técnico arqueólogo Serxio Castro Lois; Luisa Marinho como antropóloga forense, y un equipo multidisciplinar de quince personas.

La ARMH surgió a raíz de la exhumación en el año 2000 de una fosa común en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo. Fue entonces cuando algunas personas acudieron al lugar de la excavación para pedir ayuda en la búsqueda de desaparecidos y un grupo de personas decidieron crear la asociación para prestarles ayuda. “Esto es algo que hasta ahora no había hecho por ellos la democracia, aunque se lo prometieron. Tras la muerte de Franco se construyó una transición fundamentada en el olvido”, afirman desde la Asociación.

Desde el año 2003 han llevado a cabo decenas de exhumaciones de fosas comunes pero también han conseguido llevar las cuestiones sobre la memoria histórica a la agenda política. Las fechas de las desapariciones abarcan desde el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta 1959.

La excavación comenzó el 1 de septiembre y finalizó el pasado sábado día 12, aunque se encontraron con algunos impedimentos como el hecho de la singular colocación de los cuerpos (unos sobre otros), lo que dificulta la labor de los arqueólogos, los trabajos han llegado a buen fin y poco a poco han aparecido todos los milicianos que esperaban encontrar, diecisiete en total que han sido trasladados hasta Ponferrada, donde se les cogerán muestras de ADN. Si siguen sin ser reclamados, en unos meses volverán a la fosa excavada donde se les dará digna sepultura, excepto Eugenio Insúa que será trasladado a la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, donde reposan los restos de su esposa.
“Estos cuerpos no eran de militares, sino de trabajadores que iban a cuerpo y fueron asesinados por defender sus ideales libertarios”, apunta Marco González, vicepresidente de la Asociación.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hacen un llamamiento a que las labores de excavación y exhumación tendrían que realizarlas el Estado como ha ocurrido en muchas naciones democráticas. Al final, ellos son una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que consigue el dinero para realizar los trabajos gracias a los socios y a organismos que lo sufragan. Además, hacen hincapié en que no quieren que los familiares sean responsables del coste económico. La actual Ley de Memoria Histórica tan solo obliga a los propietarios del suelo en cuestión (en este caso, el Ayuntamiento de El Espinar), a dar los permisos pertinentes para realizar la exhumación.
En cuanto a la financiación, entre los años 2007 y 2011 la Asociación recibió una subvención anual entre 45.000 y 60.000 euros por parte del Ministerio de la Presidencia para Actividades relacionadas con las Víctimas de la Guerra Civil. Esta cuantía sufragaba el 20% de lo que costaban las exhumaciones, mientras que el 80% restante lo recibían de socios y voluntarios. Desde el año 2012 en que esta partida fue suprimida, el Estado sigue desamparando a las víctimas y a sus familiares.

Eugenio Insúa Alós

Eugenio Insúa Alós tenía 29 años y dos hijos cuando fue asesinado, era trabajador en la Casa de la Moneda. Con el golpe de Estado hubo un llamamiento para alistarse y defender a la República. “En la Casa de la Moneda también se reclutaba a gente y mi abuelo accedió, aunque solo tenía los conocimientos que había adquirido en la mili. Se alistó para defender sus creencias y las causas justas”, apunta Alejandro, nieto de Eugenio. “Gracias a Mariano Maricalva, a Jesús Vázquez (historiador local) y con la ayuda de Eugenio López, ex concejal de Izquierda Unida de El Espinar, supimos casi con seguridad que mi abuelo se encontraba allí”.

“Así, poco a poco nos empezamos a mover con algunas asociaciones. Por aquel entonces existía en Madrid un Movimiento para la Memoria Histórica donde había miembros de la Universidad Complutense de Madrid que luchaban para sacar a la luz las represalias franquistas. Nos ofrecieron un proyecto en el que no estaba incluido el análisis de ADN y lo teníamos que sufragar nosotros, así que lo rechazamos”, cuenta Alejandro. Después de las primeras averiguaciones, la fosa común que hasta entonces había permanecido desierta fue dignificada con la colocación de una placa identificativa por parte de la Agrupación Local de Izquierda Unida.

Más tarde se pusieron en contacto con ARMH, los cuales les ofrecieron realizar la exhumación, además del análisis de ADN e incluso poner una lápida en el lugar para que el resto de los cuerpos tuvieran un lugar digno y no tirados como han estado estos 84 años.
“A los que se encuentran en la misma situación que nosotros les animo a que investiguen, que luchen y se pongan en contacto con asociaciones como ARMH, además de con oficinas de la memoria histórica para reclamar a sus familiares. Que no se rindan”, anima el nieto de Eugenio.

“Los que nos critican y acusan de profanar tumbas es porque no se han visto en esta situación, porque no son sus familiares. No se trata de abrir heridas, sino de todo lo contrario, hay que cerrarlas y darles un entierro digno. Sobre todo recordar lo que hicieron y que esto no caiga en el olvido. Porque mi abuelo, al igual que muchos otros, lucharon persiguiendo unos ideales de justicia en los que seguimos creyendo, y esta es la mayor riqueza que nos pueden dejar, es imprescindible y necesario. Esto es salud democrática”, concluye Alejandro.