El Gobierno descarta la variante de San Rafael y los vecinos exigen una solución

La plataforma vecinal ‘Solución Travesía de San Rafael’ ha conocido a través del Defensor del Pueblo que el Ministerio de Transportes rechaza realizar la variante “por los costes de las obras y los plazos de ejecución”

Situación del tráfico habitual que discurre por la Travesía de San Rafael y que los vecinos de la localidad soportan diariamente.
Situación del tráfico habitual que discurre por la Travesía de San Rafael y que los vecinos de la localidad soportan diariamente.

La Plataforma ‘Solución Travesía de San Rafael', que lucha desde hace décadas por encontrar una alternativa al intenso tráfico que atraviesa la localidad diariamente, presentó el pasado año una serie de denuncias ante la Unión Europea y el Defensor del Pueblo de España poniendo de manifiesto la grave situación vial que sufre San Rafael y el perjuicio económico que suponen para Segovia y Ávila la existencia de los peajes de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61.

El pasado 21 de diciembre, la Plataforma obtuvo una respuesta formal por parte de D. Ángel Gabilondo Pujol, quien remitió un escrito con la contestación dada por el Ministerio de Transportes. “En la situación actual, los plazos necesarios para reiniciar la tramitación de los estudios y proyectos de la variante, el coste de las obras y las compensaciones a la sociedad concesionaria por la utilización de la AP-6 como variante de San Rafael, se considera que no justifican la ejecución de las obras”.

De esta manera, el Ministerio declara así su decisión de abandonar el proyecto de la variante de San Rafael, tan prometida durante décadas y de la que sí goza la vecina localidad de Guadarrama desde el año 1997. Además, no ofrece ninguna solución alternativa al problema de seguridad vial en San Rafael, algo que ha indignado a los representante de la Plataforma y todos los vecinos.

“Desde la Plataforma ya intuíamos que la variante nunca se iba a construir, pero ahora tenemos la certeza y por ello pensamos que la solución más fácil y que se podría realizar en un corto espacio de tiempo sería la liberación de la AP-6 como ocurre desde hace más de 20 años en la vertiente madrileña, en la localidad de Guadarrama”, explica Juan Manuel Gea Fernández, portavoz de la Plataforma.

En la contestación, el Ministerio aporta información sobre distintas mejoras que se han realizado en el equipamiento vial de las carreteras N-6 y N-603 que atraviesan el núcleo de San Rafael como posibles soluciones al problema de seguridad vial denunciado, entre las que figura la instalación de tres radares foto-rojo que se han hecho recientemente famosos por su ineficacia y afán recaudador. Sin embargo, parece obvio que mejorar el firme de la carretera o llenar de multas a los vecinos con los radares foto-rojo en nada soluciona un problema cuyo origen no es otro que la ingente cantidad de vehículos que utilizan las carreteras N-6 y N-603 a su paso por San Rafael como alternativas gratuitas a las paralelas autopistas AP-6 y AP-61.

Manifestación en el año 2018 que agrupó a todas las fuerzas políticas de la localidad por una solución.
Manifestación en el año 2018 que agrupó a todas las fuerzas políticas de la localidad por una solución.

“Todo esto supone que en la práctica el Ministerio de Transportes va a continuar con la intolerable dejación de funciones que ya se remonta décadas atrás. Además, esta confirmación del Ministerio, que ya adelantó el 21 de noviembre de 2022 la entonces subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín García, supone en la práctica que toda aquella fuerza política que continúe hablando del proyecto de la variante de San Rafael como solución futura a este problema lo que está haciendo realmente es mentir a la ciudadanía, toda vez que ya tenemos la confirmación oficial por parte del Ministerio de que la variante no se va a realizar”, aseguran desde la Plataforma.

Un ejemplo de esta mentira continuada en el tiempo se encuentra en los propios Presupuestos Generales del Estado, los cuales destinan año tras año una partida al proyecto de la variante de San Rafael que nunca se ejecuta y en los que para el año 2023 figura una partida que asciende a 500.000 euros. “Una contradicción en toda regla cuyo objetivo no es otro que parezca que se hace algo, cuando en realidad no se hace nada”, enfatizan.
Subida del precio del peaje.

Hasta 8 euros cuesta ya el viaje desde Segovia hasta Madrid. Con la llegada del nuevo año se ha producido la subida anual de los peajes en todas las autopistas y la AP-6 lo ha hecho un 5,07%. Esta subida provoca cada año que sean más los conductores que eligen la alternativa de cruzar el Puerto de Los Leones por la N-6, que desemboca en la Travesía de San Rafael, aumentando el volumen de tráfico. Según datos del año 2019 del propio Ministerio, la Intensidad Media Diaria de vehículos que sufre la Travesía de San
Rafael es de 12.400 vehículos, de los cuales más de 1.400 son vehículos pesados.
En este sentido, una de las reclamaciones de los vecinos es la desigualdad que sufre San Rafael respecto a otras localidades y regiones y que sí han obtenido una solución a similar problema por parte del Ministerio, como es la variante de la que goza Guadarrama desde hace más de veinticinco años, o la multimillonaria bonificación del peaje de la autopista AP-9 que se realiza en Galicia como consecuencia del pacto de investidura entre BNG-PSOE de 2020 para el que el Gobierno ha reservado 2.300 millones de euros. Esto pone de manifiesto que no hace falta más que voluntad política para solucionar el problema de la travesía de San Rafael, algo que no ha sucedido nunca.

Final de las concesiones
El año 2024 podría haber supuesto un antes y un después para la Travesía de San Rafael pues se cumplen los 50 años de concesión que antiguamente se otorgaban a las empresas que se encargaban de realizar las autopistas. Sin embargo, el 12 de abril de 2020 el Consejo de Ministros acordó que el peaje de la AP-6, AP-61 y AP-51 se extendería hasta el 18 de noviembre de 2029 y no hasta 2024, una opción legal que existía. En este sentido, desde la Plataforma aseguran que “el Ministerio realiza una ocultación de información sobre la fecha final de las concesiones de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, un hecho que hemos vuelto a denunciar al Defensor del Pueblo en nuestra contestación”.

El Ministerio aporta como fecha final de los peajes el 19 de noviembre de 2029. Sin embargo, omite que el artículo 3 del RD 525/2012 establece que se deberá de licitar otros siete años más la concesión de las tres autopistas, lo que llevaría el final definitivo de los peajes al año 2036 y no hasta el año 2029 que afirma el Ministerio. “San Rafael no puede aguantar otra década más con la situación que sufre diariamente sin que el Ministerio no haga absolutamente nada por solucionarlo”, recalcan desde la Plataforma vecinal.

Una vez que el Ministerio ha confirmado que la variante de San Rafael no se va a realizar, los representantes de la Plataforma no tiran la toalla y han solicitado al Defensor del Pueblo que exija al Ministerio una solución definitiva al problema de la travesía de San Rafael, ya sea mediante bonificaciones al peaje como ya se hace en la AP-9 gallega o, lo más efectivo, a través de la liberalización del peaje de la AP-6. “Hemos informado al Defensor del Pueblo de las posibilidades legales que otorga el artículo 264 h) de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que establece: “la supresión de la explotación por razones de interés público”, lo que permitiría el levantamiento del peaje de la AP-6 como solución definitiva al problema de la travesía de San Rafael”.

Un estudio contradictorio
La última actualización del tema ha sido la reciente solicitud de Óscar Puente, responsable del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sobre el escenario que se abrirá el 19 de noviembre de 2029, cuando “previsiblemente” se pondrá fin al peaje de las autopistas AP-6, que comunica Castilla y León y Madrid, así como de los ramales AP-51 de Ávila o la AP-61 hacia Segovia. El departamento de Óscar Puente ha comenzado a planificar la liberación para lo que ha encargado un “diagnóstico” del impacto que tendrá sobre el tráfico y las infraestructuras existentes.

Para ello, Transportes ha lanzado un contrato 1,13 millones de euros para elaborar un estudio informativo, con un plazo de ejecución de 30 meses. No obstante, prevé recibir un primer documento en los primeros ocho meses, en torno a febrero de 2025. De momento, el Ministerio espera recibir las ofertas de las empresas interesadas hasta el mes de abril de este año, para después adjudicar y formalizar el contrato, algo que podría quedar resuelto a principios del próximo verano.

El Ministerio reconoce en la documentación que acompaña a este concurso que el “previsible” fin del peaje en 2029 suponga que la AP-6, AP-51 y AP-61 capten tráficos de otras carreteras aledañas, en particular de la N-VI, N-110 y N-603, además del que se pueda inducir por la reducción del coste generalizado del . Esto, señala, podría encontrase en 2029 con la “insuficiencia” de la capacidad de algunos enlaces, pero también de las áreas de servicio existentes o del firme ya que tendrá que soportar un mayor volumen de tráfico pesado.

En contraposición a esta información desde la Plataforma señalan la omisión del artículo 3 del RD 525/2012 que establece que se deberá de licitar otros siete años más la concesión de las tres autopistas, lo que llevaría el final definitivo de los peajes al año 2036, una cuestión puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo que, de nuevo, volverá a consultar al Ministerio de Transportes en próximas fechas.