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Un agente de la Guardia Civil opera contra delitos de ciberestafa.

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos personas residentes en El Espinar como presuntas autoras de los delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental en la compra de robots de cocina a través de Internet. La investigación del Equipo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Segovia (EDITE) y el Equipo @ ha esclarecido siete delitos de estafa por valor cercano a los 10.000 euros, con afectados en Segovia, Madrid, Asturias y Valencia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Segovia, la investigación comenzó tras la interposición de una denuncia en Segovia en la que la persona perjudicada relató que había recibido una carta de una entidad de crédito, relacionada con el impago de unos recibos por la compra de un robot de cocina de una marca de electrodomésticos muy conocida, la cual nunca había realizado.

Los presuntos estafadores usaban técnicas de ingeniería social para infundir confianza a las víctimas y convencerlas para que financiaran la compra de este robot de cocina, aprovechando que para realizar la financiación, las víctimas tienen que aportar datos personales tales como: facturas, nóminas, documento nacional de identidad, copia de la cuenta bancaria, etc.

Una vez que los estafadores, mediante engaño, se hacían con estos datos de las víctimas, ellos mismos realizaban las compras de estos robots de cocina, que posteriormente vendían en portales web o tiendas de segunda mano, obteniendo un importante beneficio económico.

Así, las víctimas no recibían el robot de cocina pero sí los pagos de las mensualidades para liquidar la financiación de la compra de este artículo, momento en el que se percataban de la estafa.

La Guardia Civil pudo localizar a los presuntos responsables de estos hechos delictivos, dos personas residentes en la localidad de El Espinar, procediéndose a su detención como presuntos autores de los supuestos delitos de estafa, usurpación del estado civil y falsedad documental, siendo puestos a disposición de la Autoridad judicial.

En total, las empresas afectadas ascienden a dos y las personas perjudicadas a siete: tres en Madrid, una en Segovia, dos en Asturias y una en Valencia.