Un impuesto de las eléctricas y el precio de la luz (I)

Todos los ciudadanos conocen el increíble incremento de los precios de la electricidad. La respuesta en el Reino Unido e Italia ha sido la creación de gravámenes específicos sobre los beneficios caídos del cielo (windfall profit) de las empresas energéticas, los derivados de los excepcionales precios del gas, el petróleo y la electricidad. Un camino que han seguido Grecia y Hungría en orden a someter a tributación esos beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas y las petroleras. Italia por ejemplo ha creado un gravamen específico sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con un tipo impositivo del 25%, unos ingresos con los que financiar los 14.000 millones de euros otorgados a empresas y consumidores para combatir el incremento del precio de la luz y de los carburantes.

En España se ha decidido la introducción en nuestro sistema impositivo de “un impuesto” que grave los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y con efectos desde el 1 de enero de 2023, ante el fracaso de la llamada excepción ibérica (el tope al precio del gas con el que limitar el incremento del precio de la electricidad).

A mi juicio, la nueva medida fiscal resultaría tardía y podría ser acusada de generar una doble imposición por su duplicidad con el Impuesto sobre Sociedades, cuando lo más fácil hubiera sido el incremento del tipo impositivo de este impuesto del 25% al 30% y desde el 1 de julio pasado. No obstante, también se ha de indicar que la producción y comercialización de la energía eléctrica está gravada hoy por siete impuestos. Cinco impuestos a la producción y dos referidos a la comercialización de la electricidad, por lo que también una medida adecuada sería la bajada de la tributación de la electricidad y de los combustibles.

Sin embargo, cualquier solución a corto plazo es inviable claramente con el objetivo de reducir el precio de la electricidad y de los combustibles, por lo que debemos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. En materia de producción de la energía eléctrica, debemos señalar que su origen está vinculado a la generación hidroeléctrica. El día 19 de julio de 1901 se creó la empresa Hidroeléctrica Ibérica de la mano del Banco de Vizcaya y que recibió las concesiones hidroeléctricas en los ríos del Cantábrico, Alto Ebro, Tajo y el Cabriel, para suministrar la electricidad a Bilbao. Una entidad que iba a crear la filial Hidroeléctrica Española a la que cedió sus concesiones en el Tajo, el Júcar y el Cabriel para el suministro de luz a Madrid.

Ahora cabe preguntarnos dónde estábamos nosotros en esta historia. Se lo pueden imaginar. El 23 de agosto de 1926 la Dictadura de Primo de Rivera concedió todas las concesiones hidroeléctricas de la cuenca del Duero a una sola empresa, Saltos del Duero, controlada por el Banco Bilbao y con apoyo de un banco americano. El resultado ha sido la creación de una muralla infranqueable formada por las presas y que impide la navegación del Duero, la salida de Castilla y de León al mar, una salida que nos habría dado una nueva mentalidad en palabras de Julio Senador en su obra “la canción del Duero”, también de lectura obligatoria en las Escuelas al igual que su libro “Castilla en escombros”. Unas concesiones que al mismo tiempo condenaban a nuestra tierra al ostracismo permanente, al prohibirse la detracción del agua para el riego dado que toda el agua se dedicaría a la producción de electricidad por mandato también de la Dictadura de Franco, en beneficio de una empresa ajena al desarrollo económico de nuestra Comunidad.

En el año 1944, Saltos del Duero absorbió a Hidroeléctrica Ibérica y nació la sociedad Iberduero, una empresa que completó la explotación hidroeléctrica de toda la cuenda del Duero. Por último, en el año 1991 se unieron Iberduero e Hidroeléctrica Española para el nacimiento de Iberdrola, la cual controla la mayoría de las cuencas españolas, las cuencas de los ríos Sil, Duero, Tajo y Júcar.

Ahora el mercado eléctrico español está controlado por tres empresas: Iberduero, Naturgy (Unión FENOSA-Gas Natural) y Endesa, el oligopolio eléctrico que controla la producción de electricidad y la fijación real de los precios, ante la ausencia de competencia. Hoy la electricidad es un producto esencial para familias y empresas, por lo que en el año 1991 se debería haber fusionado las entidades Iberduero y Endesa, para la constitución de una gran empresa, bajo dirección pública y participación de capital privado, que controlara la producción de electricidad en España para su venta a las comercializadoras, las cuales entrarían en una real competencia. Sin embargo, los grandes intereses iban a impedir que los ciudadanos de a pie pudieran participar de tal pingüe negocio.