Solidaridad con la agricultura y ganadería segovianas

Desde finales de la década de los 50 del pasado siglo XX, la agricultura española ha estado sometida a un proceso de una fuerte transformación estructural. La política centrada en el apoyo a la producción triguera a través de la fijación de precios y otras medidas proteccionistas con el objetivo de garantizar unos mínimos de renta para las pequeñas explotaciones terminó en un sonoro fracaso. El crecimiento industrial de los años sesenta del pasado siglo y la intensificación de la emigración rural hacia las urbes socavaron la producción agraria tradicional, se desplazó además a la agricultura de los objetivos macroeconómicos, trastocando el sector agrario en su estructura productiva y sus relaciones con los otros sectores económicos nacionales. Al mismo tiempo, el resultado ha sido que las ganancias de productividad en la agricultura y la ganadería españolas no se han reflejado en las rentas percibidas por nuestros agricultores y ganaderos, sino que se han transferido al resto del sistema económico español.

En el año 1964, la agricultura española concentraba más del 36% de la población activa, más del 16% del PIB agregado y más del 50% de las exportaciones, mientras que hoy representa el 4% del PIB y el 6% de la población activa. Sin embargo, lo más relevante es constatar que, desde los años 40 del siglo XX, la agricultura se vio obligada, como exportador neto de mercancías y capitales hacia el resto del sistema productivo español, a facilitar los recursos necesarios para la financiación del desarrollo de la economía española. Es decir, en las décadas de los 50 y 60 aquel sector agrario aportó los recursos y la mano de obra necesarios para el desarrollo de los sectores manufactureros, generando el éxodo rural y el fin de la agricultura tradicional. El sector primario no solo perdió una importante participación en la renta y el empleo, sino que también vio disminuir la renta per cápita de los habitantes del medio rural, acentuándose las diferencias absolutas y relativas entre los ingresos del sector agrario respecto al resto de actividades. Se ha producido, además, el tránsito desde una agricultura de carácter tradicional a una agricultura avanzada, donde se emplean abundantes medios de producción de fuera del sector (fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria), lo que genera una necesidad enorme de recursos financieros. En segundo término, los productos generados han de ser objeto de posteriores procedimientos e intermediaciones hasta llegar al consumidor final, dado el creciente grado de transformación al que se someten los productos agrarios, de hecho los productos agrarios sin transformación se han reducido en un 70% en los últimos 30 años.

El resultado es que se ha marginado al campo, si de cada 100 euros una familia gastaba entre el 40-45% en la adquisición de productos agrarios hace 40 años, esa proporción se ha reducido al 10-12% en la actualidad, mientras que los agricultores tiene que invertir en la producción 65 de cada 100 euros obtenidos por la venta de sus productos. Se ha marginado al sector agrario a un papel secundario, reducido a servir de sostenimiento de la demanda de otros sectores y actividades industriales y de aprovisionamiento de una potente industria alimentaria, que constituye un sector clave de la estructura productiva de la economía española y que representa el 3,5% del Pib, con cerca de 35.000 empresas.

En definitiva, el sector de la distribución se queda con la mayor parte del Valor Añadido de la producción agrícola o ganadera, mientras que los precios de los cereales siguen en descenso (206 euros tonelada para la cebada y 219 euros para el trigo en la Lonja de Segovia), al propio tiempo que sube el precio del gasoil, de los fitosanitarios y fertilizantes, por lo que el cultivo del cereal y su rentabilidad están en entredicho.

Según el censo agrario en España en 2020, había 914.871 explotaciones agrarias con una caída del –7,6% respecto del año 2009, mientras que las explotaciones ganaderas bajaron en dicho período en –30,1% hasta 169.576, por lo que dichos datos demuestran que se está poniendo en peligro la seguridad alimentaria en nuestro país. A ello se suma la competencia desleal de las producciones de otros países, las importaciones baratas y unidos a los citados costes de producción, hacen ruinoso el cultivo de cereal y de determinadas producciones.

La nueva Política Agraria Común (2023-2027) ha desorientado al mismo tiempo a los agricultores, con cambios de cultivos, rotaciones, superficies mínimas de barbecho y la generación de nuevos controles administrativos, sin aumentar las ayudas a los agricultores y ganaderos ni el establecer un sistema que asegure las cosechas dentro del régimen de seguros agrarios.

Es necesario, en definitiva, un cambio en las políticas de la Unión Europea y la modificación de las medidas nacionales referentes al sector agrícola, un sector que se enfrenta ahora a grandes retos, garantizar su rentabilidad y su competitividad ante los desafíos del cambio climático y las nuevas necesidades alimentarias de la población. La demanda de alimentos crece a un ritmo continuado entre el 2% y el 3% anual a nivel mundial, cuando los recursos naturales que sustentan el sector agrícola, como las tierras de cultivo y el agua, son escasos, por lo que es necesario un cambio de modelo que asegure la producción de alimentos de calidad.

Las exigencias socioeconómicas y medioambientales en nuestro país obligan al cambio del modelo de producción agrícola tradicional, heredero de la era industrial, por un modelo sostenible y que asegure el pan hoy y mañana. Un nuevo modelo basado en la investigación y el conocimiento que permita una gestión más eficiente del campo, que debe conducir al aumento de la rentabilidad de nuestro sector agrícola, al mismo tiempo que aproveche el conocimiento subyacente de la experiencia de nuestros agricultores para la toma de decisiones que aseguren la rentabilidad de las explotaciones. Una colaboración de las Administraciones Públicas con los agricultores y ganaderos que permita identificar los campos y cultivos más rentables, los costes reales de producción, y la búsqueda de soluciones de la forma más rápida posible.

La inversión en tecnología, digitalización o formación supone una apuesta a largo plazo, una inversión real en un futuro del sector agrícola rentable, en definitiva, todo ello supone asegurar la alimentación de la población española. Una rentabilidad de las explotaciones que ha de venir además por la participación de los agricultores y ganaderos en el valor añadido de sus producciones y que ahora se transfiere a las empresas comercializadoras de esos productos.

Las concentraciones de tractores actuales suponen una revuelta del campo ante la marginación a la que le somete nuestra sociedad, una reivindicación de unas mejores condiciones de vida en el medio rural, de una igualdad de trato respecto de otros sectores económicos, así como una lucha por mantener su medio de vida y la de sus familias, ahora amenazado. Mi solidaridad con los habitantes del medio rural segoviano que dan vida a nuestros pueblos al mismo tiempo que nos aseguran los alimentos cada día, incluso ante las mayores adversidades económicas o climatológicas.