Otro golpe del Gobierno a SegoviaRecuerdo un memorable día en una estación del esquí del Pirineo aragonés. La sociedad mercantil que la gestionaba quería cambiar uno de los telesillas que llegaba a la parte más alta. Se hacía el reconocimiento de la zona, en el que participaban quienes alegaban el proyecto —una organización ecologista— y la administración autonómica, competente a la hora de otorgar la concesión administrativa. El representante ecologista defendió su alegación: “Es zona de especial protección para el paso de las aves (ZEPA)”, dijo, “no debería haber un telesilla”. El jefe de explotación de la estación, una persona con varias generaciones de antepasados nacidos en el Pirineo, contestó: “Pues el telesilla viejo lleva veinticinco años ahí, y a lo que se ve las aves que quieres proteger no han dejado de pasar”.

Con las estaciones de esquí se ha hecho mucha demagogia en España. Solo hay que ir al resto de Europa —por ejemplo a los Alpes, o a Los Dolomitas, o al Macizo Central Francés, o a los Apeninos— y observar las actuaciones que se han realizado y se siguen realizando sin que nadie se eche las manos a la cabeza. Decir por parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente de la Vicepresidencia Cuarta y Ministerio para la Transición Ecológica, que el “modelo de uso público debe adecuarse a la preservación de los valores del entorno del parque nacional”, es, además de una boutade, hacer ecologismo de salón y caer en la más profunda de la ignorancia. Y nos explicamos.

Si se da el cerrojazo a la zona de Segovia se da la puntilla a la estación

Precisamente la mayor parte de la hostelería se encuentra en la zona madrileña de la estación; es esa la que puede arrostrar mayor incidencia, ¿qué sentido tiene poner el acento en la zona segoviana? Pues uno, que bien claro es. Si se da el cerrojazo a la zona de Segovia se da la puntilla a la estación, porque es aquí donde está instalado el sistema de innivación, que es quien, por ejemplo en estos momentos, mantiene la estación operativa. Si se clausura, poca estación quedará. Durante todos estos años, las pistas Escaparate, El Bosque y Telégrafo han sostenido la mayor parte de la afluencia entre semana, dada la concesión que posee Puerto de Navacerrada del programa Madrid Blanca financiado por el Gobierno de Madrid, que alimenta y mucho las cuentas de la sociedad gestora.

Y seguimos. La ley que creó el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Ley 7/2013 de 25 de junio) hace compatible, como ocurre en el resto de parques, el alto valor medioambiental de estos lugares con otra serie de actividades económicas, entre ellas las vinculadas al sector servicios (“usos y actividades tradicionales”, especifica su artículo 3, 2, a): y qué uso más tradicional que el montañismo y el esquí, que se desarrollan en la sierra desde que en 1908 se fundó el Club Alpino Español, que junto con la Real Sociedad Peñalara ha protagonizado en sus albergues parte de la historia del Guadarrama; incluso la Gimnástica Segoviana creó en su día una sección para los deportes invernales). Ese uso se reconoce, además, en el Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado en mayo hará dos años. ¿A qué viene ahora este cambio cuando la ley y los distintos planes ya contaban con esa actividad invernal y estival? Me pregunto si el Gobierno del Estado aplicará en su momento el mismo criterio con Sierra Nevada, en donde, por cierto, confluyen, para más inri, un Parque Nacional y un Parque Natural.

El ecologismo de ciudad desconoce la incidencia que tiene una estación de esquí en la economía de la zona

El ecologismo de ciudad desconoce la incidencia que tiene una estación de esquí en la economía de la zona. Un estudio incluido en el Plan Estratégico de la Nieve de Aragón, de 1997 —que tuve el honor de dirigir en su parte técnica— recogía que por cada unidad monetaria que se gasta en una estación de esquí se produce un efecto multiplicador de nueve en el entorno. También se ha realizado un análisis semejante con respecto a Sierra Nevada, con parámetros igual de significativos pero más modestos. Todo ello supondrá algo más que incluir en el saco de agravios de los hosteleros y comerciantes de la zona, porque no hay que olvidar que la principal especie a proteger en nuestras montañas es el ser humano.

Pero la medida tiene también un componente histórico: no se puede entender el desarrollo del esquí en España sin el trípode La Molina, Candanchú y Navacerrada. Después nació con fuerza en el Sistema Central La Pinilla, que en 1975 se convirtió en la estación puntera de España y la segunda en donde se celebraba una prueba de la Copa de Europa en nuestro país. Pero en Navacerrada se ha forjado parte de la historia de este deporte, vinculada de por vida a los apellidos Arias y Fernández Ochoa.

La decisión de Parques Nacionales —o sea, del Gobierno y de la vicepresidenta Ribera— ha pecado además en las formas. No se puede enterar la Comunidad Autónoma de Castilla y León —que es quien tenía que renovar la concesión, que ahora no podrá hacer por no contar con el visto bueno del titular del monte Pinar de Valsaín, que es el Parque Nacional— por una nota de prensa; ni los alcaldes de la zona ni los procuradores regionales. Ni expresarlo de forma tan tajante que incluso da un plazo, que finaliza el 30 de octubre, para “desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua”. Muy tajante me parece para dar cabida a una rectificación, que espero y que estimo que será posible si la insensatez no llega a sus máximos extremos. Hace falta ahora que se pronuncien todos los responsables políticos y que fuercen a que la medida se quede en una desafortunada intención. Dos golpes en tan poco tiempo —el otro fue la Base Mixta, ¿se acuerdan?— es mucho para Segovia.

Y siempre que hablo de la Sierra de Guadarrama me gusta recodarlo: estas tierras han pertenecido a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia durante cientos de años. Sigo la tradición de este periódico, que décadas atrás, en una sección titulada Segovia retrospectiva, solía incidir cada dos por tres en que la Comunidad de Ciudad y Tierra se vio obligada a vender sus valiosas posesiones en el Monte de Valsaín a Carlos III, por las reales disposiciones de 13 y 29 de junio de 1761. Al contrario de otros bienes de patrimonio real nunca retornaron a sus dueños originales. Y así hasta ahora.

El Gobierno da la puntilla a la estación de Navacerrada