Menos derechos y más obligaciones

Decía la semana pasada, que con este Gobierno, no sólo tenemos un gravísimo problema económico, sino también de ausencia de Calidad Democrática. Así por ejemplo el Gobierno de Sánchez y el grupo socialista del Congreso, no sólo legislan a base de reales decretos— figura que está reservado para casos excepcionales—, sino que en cada uno de ellos, aprovechan de forma torcicera y en contra de los usos parlamentarios, para incluir en los mismos asuntos que nada tienen que ver con la materia objeto para el que se presentan, o en Comisiones distintas al objeto del contenido de los mismos e incluso, llevando los plazos hasta tal límite, que impide la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas que mucho tienen que decir al respecto.

El pasado día 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada en primera lectura, que sustituirá a una ley franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Un total de 36 páginas y 48 artículos que deberían ser estudiados por los organismos consultivos y afectados y presentar las oportunas alegaciones, antes de que el Gobierno lo analice por segunda vez y lo remita a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

De la primera lectura se pueden extraer ya varias conclusiones, que demuestran una vez más, la manipulación y control absoluto que pretende llevar a cabo este Gobierno y su intento de censura, pretendiendo limitar derechos constitucionales, tanto al acceso a la información clasificada por parte de los representantes del pueblo español, cómo a comunicar o recibir información veraz por parte de los medios de comunicación y de las escasas posibilidades de acceso de los ciudadanos a los archivos administrativos.

No se puede por menos de dejar de señalar, la gravedad del intento totalitario, autoritario y arbitrario al que nos tiene acostumbrado este Gobierno, pues habiendo tenido que esperar más de cuatro décadas para modificar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, en lugar de presentarse en el período hábil legislativo, se haya recurrido a la tramitación por vía de urgencia, en periodo estival y sin apenas tiempo para la participación ciudadana, pues se ha dado un brevísimo plazo del día 3 al 13 de agosto para presentar alegaciones.

No se motiva la tramitación de urgencia del anteproyecto de ley ni se justifican las razones para prescindir de la consulta previa, incumpliéndose así los artículos 26.2, 26.6 y 27.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

Resulta sorprendente que no se aclaren conceptos excesivamente subjetivos como ‘Seguridad Nacional’, “intereses de España” o “afectación directa”.

Más grave es, al considerarse un retroceso, incrementar el número y la condición de las autoridades de clasificación, reclasificación y desclasificación de la información, hasta el punto de volver a la situación anterior a la promulgación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que precisamente se creó, entre otras cosas, para limitarlas legalmente, reduciéndolas aún más en su reforma de 1978.

Destaca la ausencia de un organismo de supervisión independiente, funciones que bien podría realizar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Es más que dudoso que este anteproyecto de la nueva Ley de Información Clasificada se ajuste a las normas internacionales de Derechos Humanos, al no garantizar que la información relacionada con violaciones de los Derechos Humanos o del derecho humanitario, en ningún caso, podrá ser clasificada invocando razones de seguridad nacional.

Una vez más se actúa con alevosía y nocturnidad por parte de Sánchez y su Gobierno, y siempre en contra de los intereses de los españoles. Estas son razones más que suficientes para que España esté cada año y en particular en estos últimos cuatro años, más retrasada en el Análisis Anual sobre Calidad Democrática en el Mundo. España con Sánchez ha bajado y ha dejado de ser una ‘democracia plena’ pasando a ser una ‘democracia defectuosa’. Por eso, cada día que pasa, estamos con menos derechos y más obligaciones y desde luego, con mucha menos Calidad Democrática.
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(*) Diputado Nacional del PP por Segovia.

Jesús Postigo Quintana
Jesús Postigo Quintana
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Licenciado en Derecho. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Segovia. En 2011 fue candidato del Partido Popular en las elecciones municipales y pese a obtener más votos que Pedro Arahuetes (PSOE) ejerció como portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de Segovia.​ En junio de 2016 fue número dos en la lista del PP por Segovia al Congreso, siendo elegido diputado. De nuevo, en las elecciones de noviembre 2019 salió elegido.