Las derivaciones del ‘caso Aguiar’

No anduvieron muy finas anteayer las huestes comunicativas del Ayuntamiento de Segovia cuando saludaron una parte de la sentencia del juzgado de lo contencioso de Segovia, concretamente aquella en la que no se apreciaba vicio por incompatibilidad a la hora de otorgar un contrato al hermano de la entonces concejala de Cultura, Gina Aguiar.

Si se quiere hablar de distribución de competencias, hay que atender a la sentencia en su totalidad, y no realizar interpretaciones parciales. Leída la resolución judicial, a lo que se refería la nota del equipo de gobierno era a la toma en consideración, que en este caso fue el rechazo, de la pretensión del recurrente, el PP, en una de las solicitudes de nulidad. Pero el juez atendió a otras dos y declaró nulo el contrato por ser “la actuación municipal claramente ilegal” y por tener “una clara finalidad (de) evitar controles que la legislación ha establecido”. Estábamos ante un juicio contencioso-administrativo, no se atendían por lo tanto responsabilidades civiles, criminales o, mucho menos, políticas. Esas pertenecen a otras instancias. Aunque algunos de los considerandos de la resolución sean altamente significativos, como los que acabamos de reflejar.

El juez, decíamos, ha determinado que no existía conflicto de intereses entre la concejal de Cultura, Gina Aguiar, y el beneficiario de la contratación de los servicios para el Centro de Creación la Cárcel de Segovia, su hermano Luis. Y lo hace porque el órgano de contratación no es la concejala, sino la alcaldía por medio de un decreto. No afecta, por lo tanto, a su entender, al contenido del artículo 71. 1. de la Ley de Contratos del Sector Público. Es el criterio del juez. Y criterio definitivo puesto que la sentencia no es recurrible por razón de la cuantía. El recogido en la Directiva 2014/24/UE, artículo 24, es más amplio y comprende toda la cadena del “poder adjudicador”, y no solamente al titular del órgano contratador, en este supuesto la alcaldía a través del decreto mencionado.

Pero ya no es el caso, porque es cosa juzgada. La cuestión es que, sin quererlo, el juez centra el foco en el decreto de alcaldía. Por lo que, o mucho me equivoco, o ahora la oposición elevará el tiro. Pasará de caza menor a caza mayor. El portavoz del PP, Pablo Pérez, ya lo ha hecho, aunque con palabras gruesas, parecidas a las que ha tenido que sufrir en carne propia. En todo caso, no debe ser este el tono que impere por esconder poca reflexión y sí mucho agravio personal. Lo que no se le puede negar a Clara Luquero es su lealtad a Gina Aguiar. La ha demostrado públicamente y en privado. En Segovia y en Valladolid. Incluso admitiendo sin rechistar el, digamos, inadecuado y torpe uso de un vídeo de la concejala Aguiar para manifestar que no dimitía por respeto “a la ciudad de Segovia”, cuando ese día la mayoría de sus representantes la había censurado.

La pregunta que surge ahora es si podrá seguir manteniendo la concejala ese respaldo. Es posible, solo posible -en política nada es taxativo-, que una salida del consistorio de Gina Aguiar hubiese rebajado la tensión en una cuestión cuyo recorrido va a seguir en los próximos meses. Y por lo tanto hubiese favorecido a la alcaldesa, ahora con un decreto firmado por ella y anulado por ilegal. Todavía está a tiempo. Porque la función no ha acabado. El juez de lo contencioso ha evidenciado “de manera inequívoca” que la prestación de los servicios de Luis Aguiar poseía carácter estructural, permanente, no se realizaba de manera esporádica, por lo que se lo pone en bandeja a su colega de lo Social para que tipifique la naturaleza de ese contrato como laboral, no mercantil. Sería otro baldón a la manera de tramitar los procedimientos administrativos una institución pública. Si mal no recuerdo, la demanda presentada por Luis Aguiar tiene fecha de señalamiento para el mes de enero, aunque es probable que se intente antes la conciliación. También sospechamos que los populares están dando vueltas a otras iniciativas jurídicas. Entre ellas una improbable, por su resultado, querella criminal.

La alcaldesa, y por ende la corporación, tiene dos años complicados por delante. El CIDE es el cuento de nunca acabar, y su horizonte no es muy halagüeño. Por otra parte, las arcas municipales están afectadas por las alegrías de antaño. Menos mal que algún empresario ha echado una mano con un proyecto que está cogiendo forma pero del que todavía se desconoce públicamente su definitivo alcance.

Pero lo primero que debería hacer Clara Luquero es reconocer los errores cometidos y revisar si su firma ampara otros vicios procedimentales

No somos quienes para dar consejos. Pero lo primero que debería hacer Clara Luquero es reconocer los errores cometidos y revisar si su firma ampara otros vicios procedimentales. Y, después, despejar su futuro al frente de su grupo en esta y en la próxima legislatura. Hacer público si va a ser la candidata de su partido. La inestabilidad es una situación de hecho, pero también un estado anímico. Si se escudriñan las dos últimas décadas de un ayuntamiento tan emblemático como el de Segovia, se percibe una continua inestabilidad entre sus componentes. Y el futuro no se dibuja mejor. Tampoco el PP puede sacar mucho pecho si analiza todo lo que se refiere a la designación de sus candidatos. No es atractivo el panorama que se abre ante el futuro. Y más si los proyectos de ciudad y la atención a sus déficits estructurales, comerciales e industriales pasan a segundo plano. Que sean juzgados y tribunales los que marquen el paso es algo tan sintomático como poco saludable para la capital.