El 28 de noviembre este periódico anunciaba: “Las elecciones anticipadas podrían ya tener fecha”. Aludía, asimismo, a que el presidente de la Junta de Castilla y León y su equipo más cercano barajaba principios de marzo como el calendario más previsible. Una fecha muy pronta. Hasta entonces, todas las miradas que apostaban por el anticipo se concentraban en una convocatoria, no su celebración, en el mes de marzo para citar a las urnas dos meses después, ya bien entrada la primavera. Precisamente en el mes de marzo se cumplían un año desde la moción de censura del grupo socialista en las Cortes de Castilla y León en pleno, y no se podía arriesgar el presidente a que la jugada volviera a repetirse. Salvo este diario, nadie apostaba entonces porque la convocatoria fuese tan temprana, y más aún con los presupuestos sin aprobar y con la sexta ola en pleno auge. Pero, a decir verdad, tampoco después de publicado el suelto periodístico. Se seguía negando la intención de convocar elecciones y sí de agotar la legislatura, en ocasiones con respaldo mediático. Ahora, las previsiones se han adelantado en dos semanas, solo dos semanas, lo que demuestra que el asunto estaba sobre la mesa, a no ser que se defienda la tesis de la improvisación o el impulso del momento. Algo descabellado.

Hoy el presidente Mañueco ha anunciado que se celebrarán dos semanas antes de lo decidido inicialmente: serán el 13 de febrero, y ha aludido precisamente a la negociación de los Presupuestos. Ha mencionado expresamente a la presunta deslealtad de Cs al intentar negociar las cuentas de Castilla y León para 2022 con PSOE y con Por Avila, alterando la relación de los socios de gobierno e incluso la solidaridad entre provincias de la región. Mientras tanto, el hasta ahora vicepresidente, el cesado Francisco Igea, se ha despachado a gusto: incluso ha tachado el acto de inmoral. Poca broma. O no. Las palabras de los políticos tiene el recorrido que los oyentes –entre ellos los periodistas- le queramos dar. Los miembros del Ejecutivo regional que dependían de Ciudadanos han ido desde el primer momento por libre. Muchas voces internas del equipo de gobierno se quejaban de las salidas de tono del equipo sanitario. Echaban de menos un poder equilibrador ante las medidas que en ocasiones adolecían de coherencia y que parecían obedecer a impulsos momentáneos. El punto de inflexión –lo contábamos en el artículo del 28 de noviembre- fue cuando la Consejería de Sanidad pretendió implantar un modelo de sanidad rural por libre. Las manifestaciones rurales molestaron al PP, y también la insistencia de ser autónomo en este tema, incluso con intento de acercamiento a los socialistas. Hace unas semanas, un alto dirigente del PP lo confesaba con claridad: “Alfonso tiene una paciencia a prueba de bomba, pero hace tiempo que le es muy difícil aguantar”.

Entonces, hablo de principios de septiembre, fue la primera vez que se puso sobre la mesa las elecciones anticipadas. Se barajó la fecha del 28 de noviembre. Se decidió no adelantar acontecimientos, aunque se diera lo que Javier Maroto calificara, con contundencia y la expresividad a la que nos tiene acostumbrado, “un golpe encima de la mesa”. Era difícil imaginar un talante como el de Fernández Mañueco dando un golpe sobre la mesa, pero las palabras del senador evidenciaban que el PP no estaba dispuesto a aguantar la situación que se había estado viviendo durante los dos años precedentes en la Junta, con dos equipos de gobierno casi actuando en paralelo. A muchos políticos populares no les gustaba el comportamiento en materia sanitaria, pero tampoco las actuaciones de la Consejería de Cultura, y en concreto con el Festival Internacional de Literatura en Español, dirigido por el cántabro Jesús Ruiz Mantilla, que actuaba en paralelo con el Hay Festival, cuyos fondos oficialmente se vieron reducidos.

Acusaciones de deslealtad

Los populares acusan personalmente a Francisco Igea de deslealtad en la negociación de las enmiendas al proyecto de Presupuesto e incluso de pergeñar una moción de censura

Pero los acontecimientos se han desbocado en los últimos días, como se adelantaba. Lo ha aludido el presidente Mañueco en su rueda de prensa. Los populares acusan personalmente a Francisco Igea de deslealtad en la negociación de las enmiendas al proyecto de Presupuesto e incluso de pergeñar una moción de censura. Según estas fuentes, tres días después de aprobado el proyecto de presupuesto en las Cortes, Francisco Igea estaba negociando con Por Ávila (XAV) -con un procurador en las Cortes– las enmiendas presupuestarias. El PP es especialmente susceptible con este tema, dado que presentar a Por Ávila como el conseguidor en la provincia supone cargarse la representación de los populares, por ineficaz. No olvidan que el grupo avileño es una escisión de los populares, después de una no medida intervención de Pablo Casado con las listas electorales de la provincia. “Igea negoció por su cuenta enmiendas que multiplicaban por diez los créditos asignados en el reparto provincial, lo que podría suponer un agravio comparativo para el resto de provincias, y darle una importancia a este representante que a nosotros nos perjudicaba”.

Destacados líderes regionales del PP preferían que el proyecto de presupuesto no saliera adelante antes que darle esa importancia desmedida a los de Ávila. Cuando la negociación entró en las Cortes hace unos días, el grupo parlamentario popular no avaló lo hecho por el vicepresidente. Y volvieron otra vez las sombras. Jueves y viernes de la semana pasada. “Los números salen” era el soniquete que resonaba en los oídos de los populares, y que Igea pronunció hace unos meses alertando de una moción de censura. ¿Números? Con el PSOE descartado por tener que esperar un año desde la anterior moción, Cs cuenta con once procuradores, después de la salida de quien era su número doce, ahora en el grupo de no adscritos y que se abstuvo en la moción defendida por el socialista Luis Tudanca. Los leoneses de UPL cuentan con un procurador y están en la oposición, Por Ávila con otro y Podemos-Equo con dos. Y trece son los procuradores necesarios para la moción de censura. Números que salen. Salían. Un twit de la parlamentaria socialista Ana Sánchez el día de hoy acentúa la sospecha de los populares de que el PSOE de Castilla y León podía apoyar las enmiendas de Por Ávila, como si se contara con un caballo de Troya en el interior del Gobierno regional. Y que una moción de censura comandada por Cs podría, esta vez sí, tener éxito.

Es muy probable que todo ello haya precipitado los acontecimientos. Pero el paso del Rubicón estaba ya dado. Las elecciones anticipadas estaban ya decididas. Quienes, muchos de ellos periodistas de Madrid, decían poco después de publicar El Adelantado su artículo que Fernández Mañueco tenía intención de no anticipar elecciones porque, entre otras cosas, no tenía sentido que se adelantarán un año para después volver a convocar en el 2023 –que es cuando en realidad tocarían- equivocan, con ese centralismo en ocasiones ridículo, Castilla y León con la Comunidad Autónoma de Madrid. En Castilla y León las convocatorias, salvo decisión de adelanto, que queda a decisión del presidente, son cada cuatro años. Es decir, hasta el 2026 no se repetirían después de las de febrero del 2022. Precisamente, una encuesta del PP señala que los castellanos y leoneses apuestan por no coincidir en sus elecciones con el resto de comunidades que accedieron a la autonomía por el 143.

Buenas encuestas y casos judiciales

Pero por supuesto, hay otras cuestiones que subyacen en el fondo de la convocatoria. Entre ellas, las buenas perspectivas electorales del PP según las últimas encuestas. Y también, la presión de los casos subiudice que afectan a los populares y que se verán en sede judicial en los próximos meses.

Concretemos fechas. La denominada ‘trama eólica’ ya tiene su hueco en el calendario. El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha dictado apertura de juicio oral a 17 investigados entre los que se encuentran cinco antiguos altos cargos de la Junta de Castilla y León junto a 11 empresarios, a quienes solicita fianzas que suman más de 800 millones de euros. El asunto se le ha complicado al Ejecutivo regional porque el citado juez incluye a la administración autonómica como responsable civil subsidiario.

Han encendido las luces de alerta en PP lo que ellos estiman el esfuerzo de la fiscalía por azuzar o, en su caso, mantener vivos casos judiciales que afectan a los populares regionales, y algunos de los cuales ya pasaron sin recorrido posterior por los Juzgados. Hay tres casos que preocupan: el ya citado de la ‘trama eólica’, el caso de la ‘Perla Negra’ –edificio alquilado por el entonces consejero y vicepresidente, ya fallecido, Tomás Villanueva– y el de las elecciones primarias para candidato a la Junta desarrolladas en la provincia de Salamanca, circunscripción de la procede el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

El pasado jueves, 22 de noviembre, los periódicos publicaban la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca de imputar al presidente del PP provincial, a la gerente y al propio partido –como persona jurídica- por un caso de financiación ilegal mediando la celebración de las primarias. La cantidad de la que se habla puede parecer en sí ridícula por su montante: 14.340 euros, no así la repercusión mediática que pueda tener el caso.

Castilla y León tendrá por primera vez en su historia unas elecciones anticipadas

La suerte está echada. Castilla y León tendrá por primera vez en su historia unas elecciones anticipadas. Le vendrá bien a Mañueco que justo antes de que comience la campaña electoral, se celebren el congreso regional los días 15 y 16 de enero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. No hay duda de su liderazgo en la región. Ahora no hay duda de su liderazgo. Cómo cambian las cosas en un año. El PP ha hecho de la necesidad, virtud. El verle las orejas al lobo en Madrid, Murcia y Castilla y León ha conllevado cerrar filas, olvidar antiguas rencillas y unir a los compañeros de viaje. Nunca le podrá agradecer Fernández Mañueco a Tudanca el favor que supuso para su futuro político la moción de censura presentada el 10 de marzo del 2021. Hoy el reparto de poder entre los populares en Castilla y León no deja lugar a la duda. Ni el liderazgo de Fernández Mañueco, tampoco.