Justificada rebelión de los del campo

No les falta razón a los del campo para montar el guirigay montado y lanzar a los cuatro vientos (1—Ministerio de Agricultura; 2— Mayoristas: 3—Distribuidores y 4—grandes superficies) las reivindicaciones que exigen para conseguir una producción aceptablemente compensada con unos precios que les permitan vender sus productos a precios razonables lejos de la deriva acusada hacia la venta a menos del coste de producción. Lo cual es razonable. Y en ese sentido se están manifestando tanto los productores de la agricultura como de la ganadería, que están contemplado irritados como los precios en el campo se disparan en supermercados y tiendas de abastecimiento que paga el consumidor. A eso añaden la subida desproporcionada que últimamente están padeciendo en los elementos básicos de producción como piensos, abonos, fertilizantes, agua, luz, renovación de maquinaria, etc. Ante esa situación (que viene siendo ya anacrónica), parece justificada su rebelión que les ha llevado a anunciar una posible paralización de la producción y consecuentemente el desabastecimiento para la población, lo que evidentemente supondría un caos. Por eso si no se llega a un acuerdo con los eslabones de la cadena alimentaria (mayoristas, distribuidores y grandes superficies) que frene la progresiva devaluación de su producción y el descarado abuso aplicado en los precios de compra es muy posible que la rebelión vaya a más.

Mas no todo es abuso. Por su parte el Ministerio de Agricultura (por cierto sin competencia para la fijación de precios mínimos en el sector ni frenar la entrada de productos desde el mercado libre) sí hay que decir que recientemente —como medida de protección a la producción del medio rural— ha elaborado la “Ley de la Cadena Alimentaria” que entrará en vigor una vez aprobada definitivamente en diciembre próximo, que articula no pocas medidas de protección como por ejemplo la suscripción de contratos de compra firmados, recortar el plazo para los pagos a agricultores y ganaderos en tiempos razonables sin los abusos de hasta ahora, la regulación de no vender bajo costes de producción, etc. Pero además el MAPA anuncia la inmediatez de aplicación de los fondos de la PAC, aprobada el otro día por el Pleno del Parlamento Europeo que prevé a partir de enero que España cuente con 37.000 millones de euros para pagar a productores agrícolas y ganaderos y otros 8.000 millones para desarrollo rural. Además de los fondos del Next Generation EU (poco conocido por el medio) que se complementarán para impulsar la innovación del sector agroalimentario dotado con 1.000 millones; además del Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, próximo también a ser aprobado. De ahí la importancia de una gestión eficaz de las organizaciones agrarias y los sindicatos para viabilizar las ayudas.

El medio rural exige un mayor acercamiento al precio real y una minoración de las comisiones de los intermediarios

Otra cosa son los mayoristas, que dentro del proceso agropecuario tienen —con razón— una controvertida imagen de recelo en el sector ante el procedimiento de compra y su prepotente proceder respecto a la fijación de precios en origen, imponiendo su demanda por debajo de los precios de producción. Mientras la cadena alimentaria pueda venir a un aplicar cierto control, (que en cierto modo ya viene aplicando la AICA-Agencia de Información y Control Alimentario protegiendo al sector agropecuario y la cadena de valor con especial vigilancia de las obligaciones contractuales y prácticas comerciales desde su creación en agosto del 2013), el sector padece en muchos casos aún aquella conducta de “o lo acepta o se lo dejo en el campo”. Mientras, el medio rural exige un mayor acercamiento al precio real y una minoración de las comisiones de los intermediarios que son las que, en buena parte, arruinan al productor y elevan el coste de la cesta de la compra del consumidor.

Otro tanto ocurre con la “Distribución” que, amparándose en los costes de sostenimiento del producto en condiciones adecuadas y en la logística como uno de los vectores que más lo complican y encarecen por falta de conductores del transporte, “pellizcan” de forma notable el producto que así se sigue encareciendo desorbitadamente, por tanto, ahí también habrá que meter mano para moderar ganancias.

Grandes superficies. No es menor su influencia en el músculo de la cadena alimentaria, pues además de gravar a mayores el producto con porcentajes abusivos hasta el pequeño establecimiento vienen aplicando otras “mañas” que pueden llevar a la ruina económica a determinadas empresas a las que ofertan en exclusiva canales de consumo exigiéndoles a cambio de que tales empresas colaboradoras inviertan —a veces con elevadísimo esfuerzo y créditos— en nuevas tecnologías para ellas. Lo triste es que a veces, avanzada esa importante inversión, esa gran superficie cambia de criterio o estrategia y renuncia a lo acordado por haber encontrado otras fuentes de suministro más ventajosas, dejando a las primeras empantanadas y arruinadas.

En consecuencia parece justificada esa rebeldía de los del campo (agricultores y ganaderos) ante la semejante situación de crisis que les está llevando a la ruina como son los abusos en lo que les pagan y el aumento de los costos de producción. Por eso no es extraño que amenacen con el desabastecimiento.

Así que aquí tienen “tajo” los ministros, las ministras y les ministres sociocomunistas para entrar en una situación de empobrecimiento y ruina del proceso productivo rural a la que dedicar su tiempo en vez de emplearlo en ciertas majaderías que intentan trascender como si fueran vitales.