Juan Antonio Folgado – Los nubarrones de la economía española bajo la dirección errática del Gobierno

Corrijo la definición que se adjudicó en sus inicios el Gobierno PSOE+Podemos como “progresista”, definiéndole mejor como “auto-progresista”, porque en ese período parece evidente que tan solo han progresado sus más de setecientos altos cargos gubernamentales y sus compinches, mientras que el país se encuentra sumido en una pandemia, nefastamente gestionada por ellos y con unas consecuencias económicas y sociales tremendas para la inmensa mayoría de los españoles. No solo somos el país que peor ha gestionado la epidemia en su momento álgido dentro de la UE, sino que en las secuelas económicas y de empleo también hemos llevado la peor parte. Y, por si quedaba alguna duda, después de aquellas consignas del bronceado Presidente (“Hemos vencido al coronavirus”, “Saldremos más fuertes” y “España Puede”), tenemos el dudoso honor de ser también los que peor lo hemos hecho en la segunda oleada de este verano, a juzgar por los rebrotes, número de contagiados e incluso de fallecidos (6.300 entre julio y agosto).

España durante el pasado 2º trimestre, según el informe de Eurostar, que corrobora otro de OCDE, registró la mayor caída del PIB (-22% respecto al mismo trimestre del año anterior) de todos los países de la Unión Europea, cuyo promedio de bajada era aproximadamente la mitad, y presenta la mayor tasa de destrucción de empleo para dicho periodo, situándose al frente del desempleo de la UE con 4.000.000 de parados. La gestión a destiempo y desmesurada, cerrando los sectores económicos de forma más contundente y prolongada que el resto de países, explican los funestos resultados de España. El Gobierno no sólo no ha salvado vidas, sino que tampoco ha evitado la hecatombe económica y la sangría de empleo.

El esperanzador verano tampoco ha sido bien gestionado, ya que el Gobierno tardó en abrir las fronteras y ni siquiera diseñó un protocolo con medidas eficaces en los aeropuertos, el Presidente y su cohorte se fueron de largas y plácidas vacaciones, dejando el “muerto” a las Comunidades Autónomas y no se preocuparon de administrar la aparente buena situación en que quedó el país tras la “desescalada”. El resultado ha sido un rotundo fracaso en el sector turístico, especialmente perjudicado por la recomendación de varios gobiernos a sus ciudadanos de no viajar a España, con bajadas bastante peores de las que se esperaban, estimando Exceltur una caída del PIB turístico del 65% respecto al año anterior, con el consecuente impacto en el empleo y la balanza de pagos española y el presagio de secuelas para el año siguiente. Los efectos sobre el comercio no han tardado en hacerse notar con un considerable declive de sus ventas y la desaparición de muchos pequeños comercios. La industria y el sector de la construcción también han acusado un considerable bajón. Cerca de 90.000 empresas cerraron en cinco meses de pandemia. La compra de viviendas hasta agosto ha descendido en un 26%. Parece que solo la agricultura se ha salvado de la quema, compensando la ligera caída de la ganadería.

Según datos de Hacienda, hasta finales de julio el déficit del Estado alcanzó 60.413 millones de euros, superior al acumulado en los tres últimos ejercicios completos, debido al incremento del gasto (+21,4%), destacando Sanidad y mayores transferencias a Seguridad Social y CCAA; así como a una menor recaudación (-18,4%), descendiendo los impuestos corrientes sobre renta y patrimonio (-25,8%), IVA (-16,4%), Sociedades (-14%) e impuestos especiales (-12,9%). El déficit conjunto de las AAPP alcanzaba a mediados de año 68.524 millones de euros (6,12% sobre PIB), que supone un aumento del 166% sobre el mismo periodo del año anterior, premonitorio de unas necesidades financieras muy superiores a las estimadas por el Gobierno. Y lo peor es que, de los aplaudidos 140.000 millones procedentes de la Unión Europea, condicionados al plan de reformas y a finalidades y proyectos concretos que tendrá que aprobar la Comisión Europea, es fácil que no veamos un solo euro hasta el año que viene y el siguiente, razón por la cual el Gobierno ya ha solicitado 20.000 millones del programa comunitario SURE para financiar los ERTEs, cuya cifra definitiva dependerá del reparto que haga el Consejo de los 100.000 millones asignados entre los países solicitantes. La otra vía es emitir deuda pública, si bien el BCE ya ha apoyado a España por encima de la cuota asignada.

Aunque no es cierto que el dinero que venga de Europa dependa de los presupuestos para 2021, es indudable que su elaboración es una necesidad perentoria para la economía española, siempre que vayan en la buena dirección y asignen las partidas de gastos a los aspectos prioritarios de afrontar la pandemia, superar la crisis económica y ayudar a los más desfavorecidos, pero aplicando la racionalidad en todas las AAPP y evitando despilfarros en “partidas ideológicas”; mientras por el lado de los ingresos procedería imitar los incentivos aplicados en los países de nuestro entorno para que la carga fiscal no se convierta en una losa que impida la recuperación económica. Por ello, mala pinta tiene la orientación que el Gobierno “auto-progresista” quiere darles a los presupuestos, apoyándose en la extrema izquierda, separatistas e incluso bilduetarras. En esas condiciones y sin dar a conocer siquiera su contenido, resulta ilusorio pedir a los demás partidos que apoyen gratuitamente un documento que tiene visos de aplicar políticas radicales y que pueden resultar incluso contraproducentes.