Jesús A. Marcos Carcedo – El sentido democrático de un Tribunal Supremo

La reciente actuación del Tribunal Supremo en la cuestión de los impuestos de los préstamos hipotecarios, con su inopinado vaivén, y la difícil posición en la que le ha colocado la tortuosa dinámica del proceso o procès emprendido por los secesionistas catalanes han mermado la estima en la que le tenían los ciudadanos. No sólo es que el más alto tribunal del Estado se mostrara dividido, tenso y débil a la hora de dilucidar a quién correspondía pagar un impuesto, sino que, además, sus magistrados, a los que suponíamos los mejor preparados de España, procedieron como el más imprudente de los mortales, anulando hoy lo que dijeran en público ayer. El caso de la repercusión del secesionismo catalán es diferente. El ciudadano de a pie y respetuoso con la Constitución, que, en un principio, se sintió orgulloso de un Supremo que era capaz de parar los pies a quienes, a pesar de su poder y de su no desdeñable capacidad de movilización, habían infringido la ley, se ha sentido decepcionado, luego, por su escasa eficacia cuando ha querido conseguir la entrega internacional de los dirigentes acusados de rebelión. Mostraba, así, el alto tribunal una falta real de fuerza y esa debilidad alimentaba el conflicto larvado con el ejecutivo socialista, cuyos intereses políticos daba la impresión de que no coincidían con los de la aplicación rigurosa de la justicia. Hasta en lo personal, los propios miembros del Tribunal parecían carecer de solvencia para protegerse a sí mismos, a la vista de que el propio juez Llarena iba a ser encausado por la justicia belga sin que el Gobierno de la nación se inmutase. Para colmo, la coincidencia de todo ello con la renovación de los 20 vocales del CGPJ ha inducido a pensar que los magistrados del Tribunal Supremo español, a diferencia de los de otros países, son meras marionetas manejadas desde el poder político.

Tales hechos y, sobre todo, su repercusión e interpretación, justificada o no, por el gran público exigen una revisión del sentido de lo ocurrido. Los magistrados deben corregir y replantearse procedimientos y actitudes como los que les han llevado al bochorno en el asunto de las hipotecas. Lo mismo debe decirse de un ejecutivo de débil asentamiento en las Cámaras y muy escasa experiencia gubernativa y que, sin embargo, se ha aventurado a servirse de gestos inéditos, sin calibrar el alcance de lo que hacía. Pero los ciudadanos de a pie debemos reconducir también esa tendencia que nos arrastra y que es tan fácil de manejar por los populistas según la cual nuestro sistema democrático es particularmente defectuoso. Aplicándola a la justicia, la credibilidad de la del nuestro sería sustancialmente menor que la de los países de nuestro entorno.

Pero lo cierto es que no hay nada en la constitución del poder judicial y de su funcionamiento que permita situar a nuestro país ni en la cola ni, mucho menos, fuera del orden democrático.

Por muy vulgar que pueda parecer el comportamiento de algunos políticos, lo cierto es que el artículo 122 de nuestra Constitución y la ley orgánica que lo desarrolla encomiendan a las Cortes la elección de los vocales del CGPJ y eso no es, en principio, mejor ni peor que lo que hacen las Constituciones de otros Estados democráticos. ¿Acaso es mejor que, como en Estados Unidos o en Francia, el Presidente sea el encargado de nombrar a los más altos magistrados? Y en la Suiza de la democracia casi directa tampoco el poder judicial es autónomo en su origen, pues procede de la Asamblea Federal. En el contexto de la diversidad de vehículos legales de los distintos países democráticos hay que entender también las dificultades para la extradición de Puigdemont o de otros políticos huidos: no se trata de que la justicia o los tribunales extranjeros sean mejores que los nuestros, sino de que juzgan de acuerdo con sus leyes, su jurisprudencia y su sentido nacional de ver las cosas. Es fácil de entender que, si en el seno de un mismo país se producen diferencias en las interpretaciones judiciales de las leyes, las dificultades para coincidir con las de otros países tienden a agravarse.

En cuanto a la llamada judicialización del problema catalán, aducida también para disminuir el valor de nuestra democracia, apunta hacia una falacia demagógica. Los tribunales deben actuar contra los que infringen las leyes, independientemente de lo que haya sido capaz de hacer el ejecutivo. Es posible que con mejor habilidad política no hubiera necesitado llegar el conflicto a los tribunales. Pero, por un lado, la incapacidad política debemos presumirla en ambas partes, no sólo en el Gobierno central, y, por otro, no fue el impasse político lo que llevó a la intervención del Supremo, sino la consideración de que se estaba transgrediendo la ley. Cuando los populistas pretenden denunciar la judicialización de la política, lo hacen ocultando que, al revés, ellos buscan la politización de la justicia mediante la evitación de que los tribunales enfrenten hechos presuntamente contrarios a las leyes. Que, a su vez, la actuación judicial tenga una repercusión sobre la actividad política es perfectamente legítima, ya que no busca el beneficio partidario sino el restablecimiento del orden legal sin el que no sería posible la vida democrática.

La democracia no es una religión y mucho menos una religión de fanáticos. En ella la justicia consiste en la aplicación imparcial de leyes que han sido generadas por los representantes del pueblo y eso significa, aunque luego lo olvidemos, que tanto éstos como los jueces encargados de hacerlas cumplir son simplemente seres humanos. Que haya leyes o sentencias que nos parezcan injustas a una parte de la sociedad no significa que el sistema democrático sea malo, sino sólo que, como todo lo humano, es limitado. En compensación, se nos ofrece la posibilidad de perfeccionarlo. Y también por ese sentido de la limitación humana existe un Supremo, que es sólo la cúspide o el tope de una escalera o de una cadena de tribunales que, por principio, reconocen la dificultad de las personas, individual o colegiadamente, para llegar al asentamiento definitivo de la justicia. Puede equivocarse, por lo tanto, el más alto de los tribunales, pero su existencia equivale a ese momento en el que, por sentido práctico, hay que detener la secuencia de las revisiones judiciales para no mantener indefinidamente la inseguridad jurídica. Y, por otro lado, la división de poderes reconduce el problema de la injusticia hacia la revisión y modificación de las leyes a través del poder legislativo, del que dependen teóricamente los demás poderes del Estado.

El poder judicial español está diseñado en lo fundamental como corresponde a un Estado democrático. Como también es propio de los países democráticos, debe admitir la crítica racional y, de acuerdo con ella, debe ser mejorado tanto en su funcionamiento como en las formas de elección y permanencia de jueces y magistrados. Y, por eso, es responsabilidad de todos nosotros contribuir al ajuste fino de nuestras leyes y de nuestro sistema judicial, sin echarlo todo por la borda cuando las decepciones chocan con nuestros deseos de un mundo de engranajes perfectos. No existen esas sociedades utópicas, tan del gusto de los populismos, en las que la justicia es inmanente. La realidad es que, como enseñaba John Rawls, el gran maestro de la filosofía política del siglo XX, “las instituciones justas no vienen solas… sino que dependen en cierto grado de que los ciudadanos tengan un sentido de la justicia aprendido en el contexto de esas mismas instituciones”.