Inseguridad jurídica y desorden

Imaginen ustedes que, en mitad de un partido de fútbol, cambian las normas sobre lo que es y lo que no es una mano en el área. Ya sé que algunos árbitros ya lo hacen y que ningún entrenador o jugador sabe a qué atenerse. Eso confunde y enfada a los equipos, a los espectadores y a todo el mundo. O que cuando sancionan a un jugador tarden tres meses en ponerle una sanción para que empiece a cumplirla y, mientras tanto, no pueda jugar. Cuando no hay normas claras, hay errores, polémica y debate. Y muchos salen perjudicados.

Cuando eso sucede en la política o en la economía, también en la justicia, y lo hace el Gobierno de turno, con escaso o nulo consenso, sin debate y, en muchas ocasiones, sin razones objetivas, solo de conveniencia política, lo que se produce es inseguridad jurídica. Y ésta tiene serias consecuencias, entre ellas pérdida de confianza de los inversores, aplazamiento de operaciones económicas y búsqueda de otros mercados fiables. Y perjuicios para todos los ciudadanos.

En estos momentos, se están convocando juicios ¡para 2025 y 2026! Y hay jueces que van a dictaminar, cinco años después de un despido, si el contrato del trabajador era o no temporal. La demanda de un consumidor, presentada en 2017, se va a ver en febrero de 2022. Un juicio por una custodia compartida va a tardar dos años en celebrarse. Son hechos reales. En los tribunales españoles hay más de 3,11 millones de casos pendientes de resolver, un 8,9 por ciento más que hace un año. La pandemia se llevó por delante la mitad de los juicios y ha agravado esta situación de forma considerable.

Sólo la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene 7.200 asuntos de carácter laboral pendientes y tras la Covid, la crisis y los ERTE, esa cifra se va a multiplicar. Esa Sala contaba con trece magistrados, pero tres han causado baja por distintos motivos y, como el Gobierno decidió bloquear la facultad del Consejo del Poder Judicial para hacer nombramientos, esas vacantes no se pueden cubrir y el colapso crece. Hay 18.000 millones de euros en pleitos fiscales pendientes de resolver en los tribunales económico-administrativos que, si estuvieran en el mercado, que es su sitio y no en los juzgados, serían una inyección para salir de la crisis. En fin, para qué seguir.

El gobernador del Banco de España ha reiterado que “los retrasos en los juzgados son un lastre para la inversión, están estrechamente con la facturación y rentabilidad de las empresas, la carga financiera y el endeudamiento, entre otros problemas, por lo que es necesario atajar esta situación para favorecer el crecimiento”. Una justicia lenta no es justicia. Y en esas estamos.

En esas y en otras, porque el Gobierno -acuciado por la presión de su socio interno y cambiando las reglas en mitad del partido- modifica la tributación de las empresas, interviene el mercado eléctrico ante un problema que es incapaz de resolver, se pliega a modificar la política de alquiler y vivienda en la dirección que exigía Podemos, esconde a los jueces las razones para introducir en España a un ciudadano argelino saltándose la legalidad, trata de poner en marcha reformas legales en la Universidad que atentan a la seguridad jurídica, cede ante el PNV y Bildu acercando a los presos etarras al País Vasco y hace oídos sordos a las reiteradas peticiones de Europa de que cambie la forma de elección de los vocales del Poder Judicial. Y hay muchas más. No es que Pedro Sánchez, haya cambiado su ideología.

Es que no tiene más remedio que ceder ante sus socios de compromiso si quiere seguir en el poder. Le tienen agarrado. Y la seguridad jurídica le importa menos aún que el desorden que se crea.