Independencia judicial

La Constitución Española deja muy claro en su artículo 122.3 que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por 20 miembros, de los cuales 12 serán elegidos entre Jueces y Magistrados, 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado. Posteriormente, la Ley Orgánica de 1980 que desarrollaba este artículo estableció claramente que los vocales del Consejo General de procedencia judicial serían elegidos por todos los jueces y magistrados que se encontrasen en servicio activo, mediante voto personal, igual, directo y secreto. Como se puede ver, tanto la Constitución Española como la Ley dejaban bien claro que 12 vocales serían elegidos por los jueces.

Pero en 1985, el PSOE con su mayoría absoluta de 202 diputados, decide matar a Montesquieu y modifica la ley haciendo que los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por el Congreso y el Senado (10 cada uno). Ahí empezó el primer golpe a la división de poderes y por ende a la propia democracia.

El PP intentó cambiarlo pero no consiguió llegar a acuerdos con el PSOE por lo que desistió de su empeño. Se pensaba que si no había acuerdo de los dos grandes partidos, el poder judicial estaría sometido a grandes tensiones cada vez que cambiaran los gobiernos. Esa fue la razón aunque para muchos no les exime de su parte de responsabilidad. Desde luego no tanta responsabilidad como aquellos que cambiaron las reglas del juego, que son los verdaderos culpables.

No obstante, es interesante recordar que Ruiz Gallardón siendo ministro de Justicia lo intentó, y en una magnífica intervención en el Congreso dijo con toda rotundidad que quería volver al espíritu de la Constitución donde 12 de los miembros del CGPJ eran elegidos por jueces y magistrados y que uno de sus objetivos era que los 8 miembros elegidos por el Congreso y por el Senado no fueran parte de un sistema partidista de reparto de cuotas. En aquel momento fue muy elogiado por su valentía y su claridad en la exposición.

Pero la frontal oposición del PSOE, entonces liderado por Rubalcaba, hacía imposible llegar a acuerdos, lo que propició que las cosas siguieran como estaban. Y Gallardón dimitió. Pocos días después de su dimisión coincidimos en un acto público al término del cual tuvimos un interesante intercambio de opiniones sobre este enrevesado asunto, que me clarificó muchas cosas.

Por tanto, la situación actual es contraria al espíritu de la Constitución y por eso la oposición tiene que hacer honor a su nombre y cumplir con su obligación de oponerse a todo lo que vaya contra el interés general. Como diría Desmond Tutu, “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. Y como la renovación del poder judicial que pretende el sanchismo y adláteres es rematar a Montesquieu, hacen bien en resistirse con todas sus fuerzas. No se puede dejar algo tan importante como la división de poderes en manos de las camarillas de los partidos, porque como ya nos avisó el prestigioso catedrático Juan Iglesias (¡nada menos que en 1992!): “solo se logra la salvación de la democracia si a los votos no sigue el imperio de la partitocracia”. Por tanto, para reforzar la necesaria independencia judicial es preciso mantener firme el compromiso que los jueces sean elegidos por los jueces. Hay que dejar meridianamente claro que quien bloquea la renovación del Poder Judicial, es aquel que ignora al Consejo de Europa, aquel que desprecia lo que solicitan las asociaciones judiciales y las instituciones europeas y sobre todo, lo que dicta la Constitución aprobada por todos los españoles.

En estos momentos donde algunos hacen grandes esfuerzos para deslegitimar la transición, (incluso algún malvado ha luchado por impedir el deseo de reconciliación entre españoles que se plasmó en la Constitución de 1978), parece pertinente resaltar el gran esfuerzo de consenso que se hizo entonces y cómo llegaron a grandes acuerdos personas inteligentes y formadas que antepusieron el bien de España a sus efímeros intereses partidistas. Ahora que da la impresión que se han divorciado la ética y la política, y que algunos de nuestros dirigentes carecen de la necesaria altura de miras para anteponer el bien de España a cualquier otra consideración, parece de obligado cumplimiento respetar el espíritu de la Constitución Española y la división de poderes porque nos jugamos mucho en este envite.